La semana pasada se cumplieron 21 años del atentado a la AMIA, y ya pasaron seis meses de la muerte de Nisman. Bajó la espuma de los discursos y las promesas y no se avanzó ni un solo paso en la investigación. Ni un servicio preso, ni un archivo al descubierto, todos los responsables gozando de impunidad. Para avanzar en el camino de la justicia real hay que poner en pie ya mismo una comisión investigadora independiente.

Justicia, servicios y poder político, triángulo de impunidad

La muerte del fiscal Nisman a principios de año sacudió el avispero político del país, la influencia de los servicios de inteligencia, las maniobras del poder político y los oscuros manejos de la justicia. Pasaron gobiernos peronistas y radicales, jueces y fiscales, y la causa AMIA se fue metiendo en una maraña cada vez más compleja, donde los servicios de inteligencia direccionaron en base a los intereses de sus “jefes” de turno, las carpetas y los informes. En definitiva, más de dos décadas, decenas de muertos y ni un responsable preso.
Incluso la falsa disolución de la SIDE y su remplazo por la SI por parte del kirchnerismo no ha significado más que un cambio de nombre para la vieja y podrida estructura de inteligencia, construida en base a represores y buchones de la dictadura. Si no se rompe este verdadero triángulo de impunidad, no será posible conseguir justicia para las víctimas y castigo para los responsables.

Responsables, cómplices y encubrimiento

Creer que después de tanto tiempo y tantos intereses en juego van a ser los miembros del poder político y judicial los que logren justicia dista bastante de la ingenuidad y roza peligrosamente la pavada. Los encubridores no lo hacen por deporte o negligencia, la única explicación de que no se haya avanzado nada es la conexión directa entre el atentado y las estructuras de poder que sobreviven al amparo del Estado.
Por eso, los socialistas insistimos en nuestro planteo: es necesaria una comisión investigadora independiente, conformada por familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y sociales que tenga total acceso a los archivos judiciales y de inteligencia y actúe de manera pública.
Con este mecanismo, similar al de la CONADEP que investigó los crímenes de la dictadura, se podría avanzar, no solo más rápido, sino más en profundidad.
No serán los representantes de las corporaciones y las fuerzas represivas los que impulsen esta salida, tampoco vendrá de los escritorios judiciales.
Hay que fortalecer al único sector político que ha planteado de manera consecuente y desde el primer momento, las medidas para avanzar. El sector de la política que no tiene compromisos con el poder y por lo tanto está dispuesto a ir a fondo. Desde el MST-Nueva Izquierda seguiremos dando batalla por esa perspectiva, acompañanos a multiplicarla.

Martín Carcione