El Comité para la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia instituido por la presidente del Parlamento griego estableció en su informe preliminar, que se hizo público los días 17 y 18 de junio de 2015, que la deuda reclamada por los actuales acreedores debe ser considerada ilegítima, ilegal y odiosa. El Comité también demostró que su reembolso es insostenible. Sobre la base de estos argumentos fundamentados en el derecho internacional y en el derecho interno, el gobierno griego habría debido suspender de manera soberana el pago de la deuda hasta que se obtuvieran los resultados finales de la auditoría. Esa suspensión de pagos era y es totalmente posible. Desde febrero de 2015, Grecia pagó 7.000 millones de euros a los acreedores sin que estos hayan desembolsado los 7.200 millones de euros que debían pagar a Grecia según el programa que concluyó el 30 de junio de 2015. Pero hay otros montos de dinero que deberían haber sido abonados a Grecia y no lo fueron: los intereses percibidos por el BCE sobre los títulos griegos, el saldo previsto por la recapita-lización de los bancos, etc. Si Grecia hubiera suspendido el pago de la deuda con respecto a los acreedores internacionales, habría economizado cerca de 12.000 millones de euros, que se supone que debería pagar de aquí a fines de 2015. Al suspender el pago de la deuda, las autoridades griegas habrían podido inducir a los acreedores a hacer concesiones. Una reducción radical del monto de la deuda se habría podido conseguir ya sea por la vía de la negociación, ya sea mediante el repudio unilateral de la deuda en caso de fracaso de las negociaciones. Al aplicarse el acuerdo del 13 de julio, el gobierno se transformará en cómplice directo de la violación de los derechos humanos por devolver una deuda ilegítima, ilegal, odiosa e insostenible»…
…»Vista la aprobación del acuerdo del 13 de julio por el parlamento griego, la perspectiva de una salida voluntaria del euro es una opción que claramente deberíamos destacar. Cada vez más, ciudadanos de Grecia y de otros países europeos entienden que no hay una solución favorable a los pueblos dentro del euro. En el caso de una salida de la zona euro, las medidas indicadas pueden adaptarse, en particular la socialización de los bancos, tomando como ejemplo la nacionalización del sistema bancario que se hizo en Francia después de la Liberación. Se debería acompañar estas medidas con una importante reforma monetaria redistributiva que podría inspirarse en la reforma monetaria realizada después de la Segunda Guerra Mundial por el gobierno belga. Esta reforma tiene por fin tasar fuertemente los ingresos de los que se enriquecieron a costa de los demás. El principio es simple: se trata, durante el cambio de moneda, de no garantizar la paridad automática entre la antigua y la nueva moneda (un euro contra una dracma nueva por ejemplo) que hasta un determinado monto.
Por encima del mismo, la suma excedente debe ser depositada en una cuenta bloqueada y su origen debe ser autentificado y justificado. En principio, lo que excede el nivel de referencia se cambia a un tipo menos favorable (por ejemplo, dos euros contra una dracma nueva); en caso de que se compruebe un origen delictuoso, el dinero puede confiscarse. Una reforma monetaria de este tipo permite repartir una parte de la riqueza de manera socialmente más justa. Otro objetivo de la reforma es el de disminuir la masa monetaria en circulación para poder luchar contra las tendencias inflacionistas. Para que esta reforma sea eficaz, es necesario establecer un control estricto sobre el movimiento de capitales y sobre el mercado de cambios. De este modo, se desarrollaría una verdadera lógica alternativa. Y Grecia podría finalmente dejar de estar sometida a sus acreedores. Los pueblos de Europa reencontrarían la esperanza en un cambio a favor de la justicia. Para conseguirlo, debemos reforzar las movilizaciones populares tanto en Grecia como en el resto de Europa.»

(extractos de un artículo de Eric Toussaint publicado en cadtm.org el 14/7/2015)