Antes de estas elecciones, AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) preguntó a los candidatos a presidente sus propuestas sobre lo que ellas llaman “trabajo sexual”, o sea la prostitución en forma autónoma.
En su respuesta, Alejandro Bodart señaló su oposición a los abusos policiales y códigos contravencionales, a penalizar a los clientes y prohibir los avisos sexuales. También aclaró que no consideramos que la prostitución sea un trabajo, ya que significa ser objeto sexual ajeno por dinero. El Estado debe ofrecer salidas laborales para que puedan elegir otra perspectiva de vida. No obstante estas divergencias con AMMAR, Bodart reafirmó que defendemos a las prostitutas frente a toda persecución y acompañamos sus reclamos sociales.
Bodart también señaló que trata y prostitución, aunque a veces vinculados, son temas distintos. No toda prostitución es trata. Y corresponde diferenciarlo, porque a menudo en nombre de la lucha anti-trata se perjudica a las mujeres, travestis, transexuales u hombres que se prostituyen por cuenta propia. Así pasó con el Decreto 936/11 de CFK que prohibió los avisos sexuales, más dirigido a restarle ingresos a Clarín y su “rubro 59” que a combatir realmente la trata y el proxenetismo.

El FIT votó una ley K tramposa

En sintonía con el decreto de Cristina, en noviembre pasado en Diputados se dio media sanción a una ley del kirchnerista “Cuervo” Larroque que “prohíbe los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, a través de cualquier medio de comunicación”. (1)
Pero si bien el comercio sexual implica trata, la oferta sexual incluye cualquier aviso de una prostituta o un taxi boy en un diario, web o red social buscando clientes particulares. Si se criminaliza la oferta sexual en la vía pública y encima se prohíben todos los avisos, a las prostitutas sólo les queda estar en un prostíbulo clandestino o en la calle coimeando a la policía o a un proxeneta, para no terminar presas o muertas en una zanja. Además, lo de “referencia implícita” deja la prohibición a criterio del gobierno, lo cual es censura estatal. Esta ley K es antidemocrática y funcional a la coima policial y a las redes de trata que dice combatir.
Lamentablemente, los tres diputados nacionales del FIT (Del Caño, Pitrola y Pablo López) la votaron a favor, sin plantear ningún cambio. Días después de la sesión Del Caño reconoció que debió haberse abstenido. Pitrola no: pese a las críticas de militantes del PO, ratificó su equivocado voto a favor (2). Quizás por eso Altamira no contestó las preguntas de AMMAR.
Pero el mayor problema no es sobre esta ley, sino que el PTS y el PO -también el MAS- carecen de un verdadero programa de transición para luchar contra la trata y la explotación sexual. Sólo repiten consignas muy generales, como “desmantelar las redes de prostitución” o “desmantelar el aparato represivo”. Pero no dicen cómo hacerlo ni plantean ninguna medida concreta para avanzar hoy en ese camino. Este propagandismo abstracto lleva a paralizar la lucha hasta que algún supuesto día ellos sean gobierno. En cambio, nuestro programa incluye exigencias claras que permiten desarrollar la movilización:

Nuestras propuestas

1. Prevención. Incluir en los programas educativos de todos los niveles el tema de la trata y las medidas de prevención. Guías para facilitar la tarea docente. Campañas gubernamentales sistemáticas y masivas de difusión y concientización.
2. Control social. Operativos policiales a prostíbulos con participación de las organizaciones de lucha contra la trata, de mujeres y de derechos humanos, como parte de una reforma policial total. Registro público de las personas desaparecidas por trata.
3. Asistencia estatal. Atención jurídica, médica y psicológica gratuita y especializada a las víctimas de trata. Subsidios de reinserción laboral y habitacional para que no vuelvan a caer en las redes. Aumentar la cantidad de refugios (hay sólo 4 en el país).
4. Basta de amparo institucional. Elegir los jueces, fiscales y comisarios por voto popular, con mandatos de duración limitada y revocables en caso de inconducta. Juicios por jurados. Castigo a todos los tratantes, proxenetas y sus cómplices.

Pablo Vasco

(1). Sectores de la oposición tradicional presentaron un texto alternativo, que planteaba excluir de la prohibición “las publicaciones que promuevan el trabajo sexual autónomo”.
(2). Prensa Obrera Nº 1341, 20/11/14.