La denuncia del periodista Lanata contra Aníbal Fernández, el flamante candidato a gobernador de Scioli y el FPV, después de las últimas PASO, fue lo que desató el debate sobre el avance del narcotráfico en la Argentina.
No podemos afirmar que don Aníbal sea “la morsa”, el autor intelectual del triple crimen, como denuncian el traficante preso Lanatta, Carrió y dejan entrever Macri y cia. Lo que sí podemos decir, es que el actual Jefe de Gabinete de Cristina, ex Ministro del Interior, ex de Justicia, responsable de la Policía Federal, etc. en estos 12 años de gobierno del clan Kirchner, no tiene nada de “inocente”.
Su responsabilidad en que el negocio del narcotráfico haya avanzado cualitativamente en el país es completa. Frente a los miles de jóvenes cautivos de las redes del delito, el desarrollo del paco que liquida los cuerpos y los cerebros de los más humildes, a la infiltración del narco negocio en el sistema político e institucional del país, el aporte del traficante Sebastián Forza, uno de los asesinados del triple crimen, a la campaña de Cristina, es solo un detalle.
Aníbal es todo un símbolo del doble discurso K. Acusado de ser capo mafia del narcotráfico, es uno de los que blande el discurso más ¨progre¨ de los K, ya que habla de que hay que despenalizar el consumo de drogas. En línea con Cristina han salido a defender a este versero sin límites, gran parte de la plana mayor kirchnerista.
Massa habla de darle cadena perpetua a los narcos, para sacarle algunos votos por derecha a Macri, pero no dice qué hizo cuando fue Jefe de Gabinete de Cristina, no hace muchos años, cuando ya era muy grave el problema. Macri que propone una “ley de derribo” de aviones, ha hecho muy poco para resolver el incremento exponencial de las cocinas y el tráfico en la Capital, como se vio reflejado en la reciente masacre del bajo Flores. Si hasta su socia Carrió le denunció en la interna que su ministro de seguridad Montenegro tiene lazos de connivencia con don Aníbal.
Que el drama de Rosario se extienda sin pausa por todo el país se debe a dos razones. Por un lado tiene que ver con la pobreza y la desigualdad. Con la existencia de un millón y medio de jóvenes ni, ni (que no trabajan ni estudian), que en los barrios populares son presas y víctimas de las redes, que suelen ofrecerle un trabajo fácil por mucha plata, para jóvenes que no tienen ningún futuro. De esta población surgen los conocidos “soldaditos” y la mano de obra barata para distintos delitos.
Lo otro es la absoluta complicidad institucional. No hay barrio donde no se conozca donde se vende droga o donde existe un desarmadero. Existen porque la policía, los punteros, intendentes y funcionarios miran para otro lado, en el mejor de los casos, ya que son responsables políticos y muchos se financian con la plata del narcotráfico. Existen porque jueces y fiscales son parte de la mordida y el amparo. Porque las comisarías se venden, como cualquier negocio. Por eso Aníbal no es un funcionario corrupto suelto, es parte del sistema al que abonan Cristina y Scioli, Massa o Macri. Qué Carrió “denuncia” para luego llamar a votar a una de sus variantes.
No hay salida para el narcotráfico sin desmotar esta red de complicidades. Necesitamos democratizar las fuerzas de seguridad, sin elementos corruptos ni con pasado represivo, que tengan estrictamente prohibido reprimir a las luchas sociales y que tengan derechos sindicales para la tropa para impedir que la “obediencia debida” al comisario y los corruptos les impidan denunciar la connivencia con el delito. Hay que elegir al comisario de cada barrio, elegir a los jueces y fiscales por un mandato limitado, y que el pueblo pueda controlar su accionar y destituirlos si es necesario.
En la otra punta necesitamos un shock de inclusión para un millón de jóvenes ni, ni. Para que puedan estudiar, para que puedan trabajar, vivir en una vivienda digna y tener un futuro.
Finalmente hay que despenalizar el consumo particular de las drogas. Es el primer paso para desmantelar a las mafias, que se desarrollan a su gusto en una sociedad que mete presos a los que consumen y nunca a los responsables del narcotráfico. A la despenalización debe completársela con un plan integral de asistencia para los droga dependientes que hoy no existe. Ya que el gobierno no invierte un solo peso en los centros de atención necesarios, tampoco lo plantean los presidenciables con chances de ganar. Por el contrario desmantelan los que ya existen, en línea con una salud pública cada vez más abandonada.