La condena social a la Triple A debiera ser tan amplia como la que merece la última dictadura militar. Sin embargo, se ha intentado desagregar a esa banda fascista de los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del golpe y se ha tejido un manto de encubrimiento sobre su responsabilidad política. Quieren evitar que se abra la Caja de Pandora que inculpa a «intocables» como el general Perón. Es necesario que los jóvenes militantes de todos los espacios políticos, incluidos los que simpatizan con el kirchnerismo, conozcan la verdad sobre aquellos hechos y de ese modo se fortalezca la pelea por castigar a los responsables y recuperar la memoria completa.
Sin dudas la Triple A fue la antesala de la dictadura en tanto y cuanto hubo una planificación desde el Estado que incluyó «zonas liberadas» para exterminar a parte de lo mejor de los luchadores obreros, estudiantiles, populares y dirigentes de la izquierda de aquella época. Fueron más de 1.500 asesinatos, 600 desapariciones y centenares de atentados. El PST, nuestro partido antecesor, sufrió en carne propia este accionar al igual que cientos de compañeros de otras organizaciones.
Sin embargo ninguno de los gobiernos que se sucedieron desde 1983 quiso investigar. El kirchnerismo, que hizo de los derechos humanos una de las banderas que despertó simpatías en franjas juveniles y de luchadores populares y de izquierda, puso un límite preciso en la memoria y la justicia que excluyó a la Triple A. Incluso cuando entre 2007 y 2008 en vida de Kirchner se abrió un amplio y positivo debate a partir de varias causas judiciales -en las que nuestro partido se presentó como querellante- que involu-craron a Isabel Perón y pusieron a la AAA en el banquillo de los acusados, el gobierno K cerró filas con la burocracia sindical y el aparato pejotista y se apresuró a contraatacar con una campaña para que las mismas no progresaran. Enojados, los gremialistas pegaron carteles que decían «No jodan con Perón». Es decir: mejor no investiguen, a ver si se descubre otra cosa…
Dos argumentos falaces
Hay frondosa literatura sobre la Triple A, incluso sobre su organigrama y las jefaturas de Rodolfo Almirón y Horacio Salvador Paino, entre otros siniestros personajes todos con prontuario en las FF.AA. o los servicios de inteligencia. Pero a la hora de considerar las responsabilidades políticas principales, surgen los argumentos falaces para cerrar la puerta a siquiera considerar que Perón fuera su mentor.
La primera falacia es que la Triple A comenzó a actuar después de la muerte del General. De ninguna manera. La cronología de atentados, secuestros y muertes recopilada por varias publicaciones lo desmiente de cuajo. La segunda falacia es que la responsabilidad política se agota en José López Rega o a lo sumo en Isabel Perón. Cuando «el Brujo» renunció forzado por una huelga general, se encontró un verdadero arsenal en su Ministerio de Bienestar Social. Sería infantil pensar que tamaña actividad delictiva no tuviera pleno conocimiento del presidente Perón, de quien López Rega fue su secretario privado durante décadas y luego su ministro estrella. La teoría del «cerco» sanitario tendido alrededor de Perón fue sostenida por sectores de la izquierda peronista hasta que el propio general los llamó «imberbes» y los echó de la Plaza de Mayo.
La única verdad es la realidad
Hay que abordar la formación de la Triple A como la versión más grotesca de un combo reaccionario que incluyó un progresivo recorte de las libertades democráticas operadas durante el gobierno peronista y que le allanó el camino a la dictadura genocida de Videla. La firma de los decretos de exterminio en 1975 que habilitaron la utilización del Ejército en la represión, las listas negras de artistas y luchadores obreros, populares y de izquierda, la intervención a varias universidades, las patotas sindicales, la Juventud Sindical Peronista, la CNU1, el CdeO2 y otras bandas conexas se demostraron componentes de un rompecabezas que tuvo en la Triple A su ejecutor principal y en el gobierno peronista su comando político.
Rodolfo Walsh, en aquella época militante montonero, denunció públicamente el organigrama jerárquico con las dos ramas fundamentales de la organización: la encabezada por Isabel y López Rega y las comandadas por los jefes policiales Villar y Margaride. Esta investigación fue confirmada años después por el fascista arrepentido Peregrino Fernández en su libro Crímenes en el Río de la Plata.
En los trabajos de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, Miguel Bonasso y posteriormente de Sergio Bufano y Lucrecia Teixido también constan antecedentes de la banda y sobradas evidencias de la responsabilidad de Perón. La propuesta del general Perón, antes de ser reelecto presidente por tercera vez, de crear un somatén -grupo paramilitar catalán que luego daría origen a las falanges franquistas- está bien descripta en El presidente que no fue, libro de Miguel Bonasso. Lo mismo la masacre de Ezeiza, cuyo responsable el teniente coronel Osinde fue designado por el propio Perón y confirmado de inmediato como responsable de las relaciones militares, trabajando en colaboración con López Rega.
La «Orden secreta» de Perón
Cinco días después del asesinato de José Ignacio Rucci, burócrata secretario general de la CGT, en octubre de 1973 el Consejo Superior Peronista bajo la batuta del ya presidente Perón emite su «Documento reservado», luego conocido como «Orden secreta». En una reunión con gobernadores, burócratas sindicales y funcionarios, habilita a las patotas a que actúen contra «los marxistas» y define que hay que «impedir por cualquier medio» la proliferación de las corrientes políticas y gremiales clasistas. La confluencia de elementos de las fuerzas poli-ciales y de seguridad, militantes de organizaciones peronistas de derecha como el CNU y el CdeO y de las patotas armadas de los sindicatos están en el origen de la Triple A. Van gestando un comando central, financiado, armado y dirigido desde el Ministerio de Bienestar Social por López Rega, con el visto bueno de las patronales que quería «limpiar» de activistas sus empresas.
Estas bandas empiezan a accionar en común y a subordinarse a las Fuerzas Armadas. Dos ejemplos de ello son el llamado Operativo Independencia en Tucumán y la operación conjunta contra la heroica huelga de 60 días en Villa Constitución. Así los sectores operativos de la Triple A terminan integrados totalmente a los «grupos de tareas» de la dictadura, compartiendo el objetivo común de liquidar a una generación de luchadores obreros y populares.
Los partidos tradicionales, pacto de silencio
El pacto de silencio que se mantuvo todos estos años para preservar la responsabilidad de Perón y de burócratas sindicales y dirigentes políticos aún hoy en funciones no sólo es patrimonio de las diversas expresiones de la diáspora del PJ. También de la UCR, cuyo líder Ricardo Balbín denunciaba al activismo combativo como «guerrilla industrial», en sus diversas vertientes.
Por ello, cuando se activaron las causas judiciales en las postrimerías del mandato de Néstor Kirchner, se transformaron en una amenaza cierta de hacer desfilar en el banquillo a muchos funcionarios actuales del gobierno y dirigentes de otros partidos del sistema. Entonces cerraron filas junto a sindicalistas de la CGT para cajonear y sacar de los medios de comunicación un tema tan espinoso.
Si bien algunas causas como la que se tramita en Mar del Plata contra la CNU siguen activas, desde el gobierno de Cristina y de los demás candidatos ungidos por el establishment no se volvió a hablar más del tema.
Si realmente existiera voluntad política de avanzar se podrían reactivar los procesos para sacar a la luz toda la verdad sobre la Triple A y castigar a todos los responsables. Esclareciendo de una vez las responsabilidades políticas de la creación de la AAA, las listas de implicados, quiénes dieron las órdenes y quiénes las ejecutaron. Asimismo se debería disponer la inmediata apertura de todos los archivos de la época, tanto de la ex SIDE como de los servicios de inteligencia policiales y militares así como de los ministerios y sindicatos. Eso debe incluir el hacer públicas todas las «órdenes secretas» dictadas entonces.
El camino de la movilización
Es tarea de los luchadores impulsar la movilización unitaria lo más amplia posible para que la investigación sobre la Triple A y sus crímenes llegue hasta el final, para que el gobierno y el Estado pongan todos sus recursos a fin de que esto se logre y para llevar a la cárcel a todos los responsables y sus cómplices. Empezando por nuestros compañeros del PST asesinados por la AAA, nuestro compromiso es por todos los militantes que fueron víctimas de esa banda armada de ultraderecha.
Además, sostener la lucha por Memoria, Verdad y Justicia es otra forma de actuar contra la criminalización de la protesta social, contra el recorte de derechos y la mordaza que pretenderán imponernos, gane Macri o Scioli, para aplicar el ajuste que se viene.
Guillermo Pacagnini
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