A una semana de haberse conocido públicamente el fichaje de inteligencia –que generara un escándalo político provincial- sobre distintos vecinos de la Ciudad de Esquel y Trevelin, referentes sociales, políticos (1), periodistas, todos con un denominador común, según el propio seguimiento de los servicios, miembros del movimiento “No a la Mina” y su asamblea de auto-convocados. Este espionaje denunciado por el propio Defensor Público de Tribunales de Esquel (el pasado 28/8) en el marco la audiencia pública donde los abogados de la “Compañía de Tierras del Sud Argentino S.A.” propiedad de los Benetton, se presentaron como querellantes en la causa penal por supuesta usurpación de tierras, a partir de una ocupación efectiva o recuperación de tierras por parte de una comunidad mapuche-tehuelche denominada “Lof en resistencia del Departamento Cushamen” desde principios de este año.
Estas fichas, con fotografías, datos personales, y descripción de actividades militantes y otros datos filiatorios y roles de intervención en conflictos sociales se encontraban en manos del Ministerio Público Fiscal desde el mes de Mayo del corriente. Este mismo Ministerio Público Fiscal (Rivarola-Révori-Bottini) reconoció que se entrevistó con el agente nacional de inteligencia que le brindara “información para la causa” fue el mismo que intentó ajusticiar a los supuestos usurpadores de tierras inaugurando en el país la aplicación efectiva de la “Ley Antiterrorista”, causa que en su momento no prosperó en los marcos de la propia justicia. No obstante, un mes antes este mismo Ministerio Público Fiscal ordenó el “desalojo” de la comunidad con el argumento eufemístico de detención para la identificación de personas. Acción para lo cual contaron con la movilización del destacamento de policía provincial GEOP (Grupo Especial de Operaciones) en una acción planificada en horario nocturno. Esta última acción fue detenida a último momento por la propia movilización de activistas de la región y la actuación de la Defensoría Pública.
Una semana intensa de manifestaciones callejeras, pronunciamientos públicos de repudio (2), y la solidaridad recibida de distintos sindicatos y asociaciones de la provincia y nación, se expresaron en una multitudinaria marcha en Esquel el pasado 4 de Septiembre (3). Esta enorme movilización popular, que los militantes del MST-Nueva Izquierda junto a los compañeros del Frente Vecinal Esquel hemos impulsado con todas nuestras fuerzas, ha puesto en crisis el propio frente burgués provincial, donde resuenan acusaciones entre gobierno y justicia y los propios partidos patronales que intentan despegarse de estos aberrantes hechos antidemocráticos; le están marcando la cancha a esta escalada represiva que sistemáticamente insiste en criminalizar las demandas sociales, y garantizar los privilegios de terratenientes y corporaciones. Deleznable el papel de la Fiscalía que persigue a los luchadores, y en esta ocasión no ha trepidado en el recurso de flagrante delito, tal la violación de la propia ley de inteligencia nacional que prohíbe el espionaje interno.
Desde el MST- Nueva Izquierda vamos a seguir impulsando el repudio y la denuncia de este espionaje ilegal, que persigue a los que salimos a luchar y vamos a continuar acompañando los reclamos justos en defensa de nuestros bienes comunes y el territorio de los pueblos originarios.
Maximiliano Masquijo Candidato a Intendente de Trevelin y uno de los 26 fichados
1. Entre los fichados está Osvaldo González Salinas actual Concejal de la Municipalidad de Esquel y Candidato por el Frente Vecinal Esquel a intendente, fuerza política de larga trayectoria e integrante del Frente Unidad Sur.
2. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina ha pedido públicamente la renuncia de los integrantes del Ministerio Público Fiscal.
3. La consigna central fue “En defensa del Territorio y los Bienes Comunes la lucha es una sola”.
Entrevista al Concejal González Salinas
Compartimos parte de la entrevista realizada a Osvaldo González Salinas, concejal de Frente Vecinal de Esquel, actual candidato a Intendente y uno de los “Espiados” en la causa que se conoció días atrás y que venimos denunciando.
-Osvaldo, ¿Cómo han evaluado desde el Frente Vecinal de Esquel la situación de la causa Benetton y la comunidad en resistencia Cushamen por territorio en la zona de Leleque, por la que se dan a conocer los fichajes de inteligencia en manos de Ministerio Público Fiscal de Esquel?
La muy publicitada “ampliación de derechos” que pregona este gobierno nacional consiste en apoyar las reivindicaciones de aquellos colectivos cuya actuación no interfiere con la estrategia política del kirchnerismo. Así, el gobierno junto con toda la cadena de medios oficiales y oficialistas se alinean en defensa de los derechos por la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, el ingreso de trabajadores de los países limítrofes, contra la discriminación y por el castigo de las violaciones a los derechos humanos del pasado, todo lo cual constituyen avances en la construcción democrática y merece ser saludado, teniendo muy en claro que cada una de esas conquistas no son dádivas del gobierno de turno por las que haya que agradecer, sino derechos que todos tenemos, en tanto personas, y que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Sin embargo, no ocurre igual con otros derechos, igualmente vigentes en la letra de la constitución. Son aquellos cuyo reclamo y ejercicio pone nerviosos al poder económico porque entra en contradicción con el modelo de economía capitalista extractivista, cuya estructura no fue tocada (peor aún: fue fortalecida) durante los últimos años.
Quienes pertenecen a los pueblos originarios, naciones preexistentes a la formación del Estado, reclaman el cumplimiento del nuevo inciso 17 del art. 75 de la Constitución Nacional que les reconoce su preexistencia étnica y cultural y garantiza el respeto a su identidad y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan y su derecho a obtener tierras aptas y suficientes para su desarrollo.
Como sostuvo el Juez Federal de Esquel en su fallo de julio de este año, al rechazar la aplicación de la “ley antiterrorista” a la comunidad mapuche que se instaló en una mínima porción de tierra perteneciente a la estancia de casi un millón de hectáreas del terrateniente Benetton en la zona de Leleque (en el noroeste de la provincia del Chubut), la norma constitucional es “operativa” y no meramente “declarativa” o “programática”. Lo que significa que el estado debe cumplirla.
En lugar de eso, la Fiscalía de Esquel hace lugar a una denuncia de Benetton por “usurpación” y los jueces Zachino y Criado procesan a los mapuches y ordenan la intervención del GEOP (grupo de operaciones especiales de la policía provincial) para “identificar” a los ocupantes, con facultades de “trasladar a quienes se resistiesen”, es decir: un desalojo violento encubierto.
El desbalance es escandaloso: de un lado la Fiscalía y los jueces provinciales, el GEOP armado hasta los dientes (que responde directamente al Jefe de la Policía de la Provincia y al Gobernador), el terrateniente Benetton y sus abogados, algunos medios de prensa claramente enrolados en el racismo, la xenofobia y el odio de clase y (debemos decirlo) algunos vecinos que de buena fe “compran” la versión interesada que se pretende imponer desde el poder. Su argumento: el art. 17 de la Constitución Nacional que establece que la propiedad es inviolable.
Del otro lado: amparados por el art. 75 de la Constitución Provincial (que es mucho más reciente que el arcaico art. 17 de la época del liberalismo más extremo), los afectados por la desidia estatal, cansados de esperar, los abogados de la Defensa Pública (que cuenta con mínimos recursos económicos, comparada con la Fiscalía) y muchos vecinos que entendemos que la lucha es desigual, muy desigual. Que comprendemos que su necesidad los lleva a cubrirse por temor a la violencia estatal, que no entendemos cómo para identificarlos la Policía y el Gobierno Provincial necesitan enviar al GEOP con armas largas y a aprovecharse del factor sorpresa.
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