Mientras en los diarios siguen apareciendo informes que hablan de la caída de metros cuadrados de espacios verdes en la Ciudad, el gobierno macrista vuelve a la carga con un paquetazo de leyes para fin de año que apunta a seguir cementando Buenos Aires en beneficio de sus grandes constructoras amigas, como IRSA, Caputo y otras. Así, lejos de los 15 m2 de verde por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), la propia Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad informa que durante estos años de gestión de Mauricio Macri pasamos de tener 6 m2 por habitante a 5,9. Y si confiesan esa caída, imaginen lo que ocultan.
Por más de una veintena de asambleas vecinales, ONGs, organizaciones sociales, ambientales y políticas, realizamos el pasado miércoles 16 una nueva jornada en la Legislatura porteña para denunciar esta realidad y plantear nuestra total oposición a la nueva entrega de tierras que se planea desde el gobierno del PRO. Entre otros participó el diputado Alejandro Bodart, que viene enfrentando esta privatización de predios públicos para negocio inmobiliario.
¿Por qué se quiere vender la mitad del predio público El Dorrego, en Colegiales, en vez de sumar verde? ¿Quizás algún empresario televisivo amigo estará esperando esa ley?
¿Por qué se dejó caer el Autódromo Municipal y ahora con el pretexto del deterioro se promueve un negocio a la medida de grandes empresarios del deporte y el automovilismo? ¿Por qué entregar en concesión por 30 años 60 de sus 180 hectáreas para permitir la construcción de hoteles, restaurantes y concesionarias de autos en vez de reacondicionar ese gran espacio verde?
¿Por qué vender valiosísimas tierras públicas sobre Avenida del Libertador, que hoy ocupa el Tiro Federal, donde aparte de instalar universidades privadas y “servicios para emprendedorismo” rezonificarían otra parcela para permitir lujosas megatorres, en lugar de sumar verde?
¿Por qué vender el Buenos Aires Design, que también es de propiedad pública y por el cual la Ciudad hoy solo recibe de IRSA un canon mensual de $ 49.000, en vez de recuperarlo para por ejemplo sumar superficie al Centro Cultural Recoleta?
Todos estos proyectos, sumados a modificaciones del Código de Planeamiento Urbano, solo están pensados en favor de las grandes corporaciones del cemento. Pero hay que estar atentos porque para aprobarlos el PRO necesita 40 votos y solo tiene 28 propios. ¿Quiénes serán los 12 legisladores de la “oposición” que ayudarán al macrismo? Como en todo fin de año con recambio de diputados, reaparece el canje de leyes por cargos y ya en primavera florece un nuevo pacto PRO-K-ECO. Así ya ocurrió hace dos semanas con el escandaloso regalo de 18 predios públicos al Arzobispado porteño, que sólo votaron en contra Bodart y otros tres diputados.
Solo los vecinos organizados y movilizados, vamos a poder frenar esta nueva entrega. Así resisten la instalación de un bar privado en el Parque Chacabuco o una torre junto a la casona Roccatagliata. Vamos a seguir luchando para que las únicas leyes que se aprueben sean las que sumen verde. Por ejemplo, crear el Parque Caballito, convertir la Manzana 66 de Balvanera en una plaza pública y terminar con los permisos especiales para las grandes torres. Queremos más verde y menos cemento.
Adrián Hernández