Después de los alegatos de las querellas y la fiscalía, en estos días sigue el juicio por la tragedia de Once con los alegatos de las defensas.
Entramos en la etapa final de un juicio en donde pasó de todo en busca de evitar que se sepan las conclusiones de lo que fue el 22 de febrero de 2012, que terminó con la muerte de 51 pasajeros, incluyendo a una mujer embarazada, y 789 heridos. Por eso los familiares vivieron el pedido de la fiscalía como un importante avance, porque señala como principales responsables a los funcionarios de la Secretaría de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, para quienes se pidió 11 años y 10 años y 10 meses de prisión respectivamente.
El fiscal Arrigo también pidió penas similares para los funcionarios de la CNRT Sícaro y Paunero, y para Sergio y Mario Cirigliano, entre distintas penas solicitadas para el resto de los 28 imputados.
De concretarse estas penas sería un reconocimiento concreto de la responsabilidad del Estado en complicidad con esos empresarios, de que la tragedia de Once fue provocada por negociados entre ellos. Luego de 300 testigos que pasaron por la causa, y por la bronca popular y la lucha de los familiares, usuarios y trabajadores, quedó al desnudo lo que tantas veces denunciamos. Antes de la tragedia decíamos que íbamos a tener un Cromañón ferroviario, porque el actual gobierno defiende esa estructura heredada del menemismo. Y con mucha corrupción para evitar invertir y controlar los compromisos de los empresarios en sus contratos. Por eso no sorprende que ahora Jaime reconozca «dádivas» recibidas, que en realidad son coimas para dejar correr los incumplimientos del contrato, de por sí ya muy generoso para los empresarios.
Si bien se ha dado un paso importante, creemos que no alcanza. No acordamos con el pedido de 3 años y 8 meses de prisión para el maquinista Marcos Córdoba: nos parece que también es víctima de este engranaje de corrupción, que lo obligaba a él y a todos los ferroviarios a trabajar en condiciones de alta peligrosidad por el mal estado de las formaciones, como el Chapa 16. Lo mismo con las vías y durmientes, que luego el gobierno tuvo que cambiar. Consideramos que los principales imputados que mencionamos deberían tener perpetua. Si se llegó a la masacre de Once es por una planificada cadena de corrupción entre altos funcionarios y empresarios, que se enriquecieron a costa de cientos de accidentes previos. Los trabajadores y usuarios lo denunciaron una y otra vez, pero fueron desoídos.
Y el funcionario que falta es el ministro De Vido, que es quien podía dar de baja la concesión con tantas irregularidades y seguramente era parte de la trama de corrupción. Es imposible que Schiavi y Jaime actuaran sin su venia.
En definitiva, como dicen los familiares de las víctimas de Once, se probó que esta tragedia no habría ocurrido si hubiera control del Estado, inversión, seguridad y escuchando las denuncias de los ferroviarios y los pasajeros.
Necesitamos un servicio ferroviario unificado, nacional, que recupere la conexión con todo el país y permita un transporte de pasajeros y productos a bajo costo, favoreciendo la integración y el desarrollo de todas las zonas de país. Ese servicio nacional seguro, eficiente, económico y de calidad sólo podrá ser realidad si es estatal y controlado por los trabajadores y los usuarios, los únicos realmente interesados en que los trenes funcionen.

                            Paul Quelle, Ferroviarios por  el Cambio (FC. Sarmiento)