Democratizar la Justicia

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Con mayoría K, el Congreso votó en junio pasado la Ley 27.145 que permitía al Consejo de la Magistratura elegir jueces subrogantes para un tribunal o casos determinados y nombrarlos con una mayoría inferior a la requerida para designar jueces titulares. Por encima de concursos y sorteos, facultaba al kirchnerismo a cubrir vacantes a dedo, por conveniencia política. Te imaginás a quiénes nombraron…

La ley y la trampa. Así, el Frente Para la Victoria se nutrió de jueces subrogantes para dictar fallos a su favor. En una gestión corrupta, no es poco. Los necesitan para que Boudou no vaya preso, los cubran en el caso AMIA y no se investiguen las coimas, el lavado de dinero, Hotesur y demás negociados de la familia en el poder. Es decir, los necesitan para hacer trampa.

Operativo retirada. Los K nombraron a dirigentes fieles en la Auditoría General de la Nación y el directorio del Banco Central. Crearon la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a cargo de La Cámpora y 13 organismos a la medida de sus necesidades. Scioli presentó en el Senado pliegos para cubrir 117 cargos judiciales bonaerenses, buscando aprobarlos antes del 10 de diciembre. En junio, Cristina oficializó la designación de 71 funcionarios judiciales afines. Los K se atrincheran en cargos clave para encarar lo que se viene.

Mismo perro, distinto collar. Los gobiernos siempre manipularon a la justicia. Y Macri, en la Ciudad, no es ajeno a esa regla burguesa. Si llegara a ser presidente va a ir por el mismo camino en el país. Tiene el aval de jueces y fiscales listos para un eventual desembarco judicial de la mano de su operador Daniel Angelici. Nada bueno puede esperarse de Macri ni de Cambiemos, sirvientes de los empresarios y el imperialismo.

La quintita de los privilegiados. Hace pocos días la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Subrogancia y puso un plazo de 90 días para que el Congreso dicte una nueva reglamentación. Lo hizo para mantener la quintita de privilegios de los jueces naturales “verdaderos”, una auténtica casta funcional a los intereses de la clase dominante.

Justicia independiente, sólo en los manuales. Según la Corte, actuó contra la subrogancia porque “afecta la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos.” Aníbal Fernández defendió los mecanismos K como “la única forma de tener jueces independientes”. Macri está en la misma sintonía. Lo cierto es que en la Argentina nunca hubo justicia independiente: siempre fue un apéndice del poder.

Jurados populares. Para cambiar en serio hace falta una verdadera democratización, que incluya jurados populares. ¡Hasta la propia y reaccionaria Constitución Nacional los habilita! La participación de vecinos electos por sorteo, sin vínculo con la causa ni presión política por un cargo, ayudaría enormemente a transparentar los juicios y al control social sobre la justicia. No es utopía: se aplica en varios países y rige parcialmente en Córdoba.

Jueces y fiscales por voto popular. Es necesario terminar con la casta de jueces como Norberto Oyarbide. Y se puede hacer utilizando un mecanismo democrático para elegirlos y removerlos. Si asumieran por voto popular, en elecciones separadas de los cargos políticos, no le deberían favores al gobierno de turno ni sumisión a pactos políticos espurios. Estarían sometidos al mandato popular y a la revocatoria si no cumplen su labor con transparencia y honestidad. Se aplica en Bolivia, Estados Unidos y otros países. ¿No te parece que serían buenas herramientas contra la injusticia, la corrupción y los negociados del
poder?

Otra justicia, otro modelo. A fin de 2001 el pueblo estalló ante décadas de descomposición de las instituciones burguesas. A 14 años, más o menos maquillada, sigue la misma decadencia. Sólo cuando irrumpe la movilización popular se aclara algo y se castiga parcialmente a algunos responsables. Es que la justicia encubre a los ladrones de guante blanco, oligarcas, patronales, megamineras y a los que ejercen la violencia machista. En contraste, castiga a los más pobres e indefensos y, en complicidad con los gobiernos, persigue a los luchadores sociales. Para lograr una justicia democrática y transparente, junto a las medidas transicionales arriba planteadas, es necesario un cambio de raíz en el modelo político, mediante un gobierno de los trabajadores y el pueblo que avance al socialismo.

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