El 3 de diciembre se realiza en Buenos Aires esta movilización anual que reclama por la legalización de la tenencia y el autocultivo de marihuana.

El debate por la legalización de la marihuana se extiende por el mundo. En EEUU, en los últimos años, se ha legalizado en cuatro estados, despenalizado su tenencia en 15 más y habilitado para uso medicinal en otros 20. Uruguay legalizó la producción, comercialización y consumo de la planta, bajo regulación estatal, en 2013.
En Argentina, con el fallo Arriola de 2009, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que penaliza la tenencia de marihuana. La Suprema Corte de Justicia mexicana tomó una decisión semejante este año. El avance de la legalización del cannabis es impulsado por un multitudinario movimiento mundial. La Marcha Mundial de la Marihuana en mayo fue masiva en todo el mundo y reunió a 150.000 personas en Buenos Aires. La convocatoria nacional del 3 de diciembre se plantea repetir la hazaña.
El avance de este reclamo se debe entender como parte del ascenso general de las luchas por los derechos democráticos que surgió a partir de la actual crisis capitalista. Este ascenso ha tenido expresiones diversas, desde las revoluciones de la Primavera Árabe y el movimiento de los «indignados», hasta la conquista de derechos como el matrimonio igualitario y la ley de identidad en nuestro país y otros, o la reciente irrupción del #NiUnaMenos que movilizó a más de un millón de personas en Argentina.

Es un derecho democrático

La criminalización del consumo de marihuana se apoya en su asociación con el crimen, la violencia y la inseguridad. Sin embargo, ningún estudio muestra que aumente la probabilidad de que alguien delinca o actúe violentamente por haber consumido cannabis. El alcohol, por otro lado, que es más dañino a la salud que la marihuana, y que está demostrado ser agravante de situaciones de violencia y causa de trágicos accidentes, es legal y está regulado. Por otro lado, la inseguridad tiene mucho que ver con el negocio del narcotráfico (ver artículo abajo), y nada que ver con el consumo de marihuana.
Pero la ilegalidad de la marihuana cumple otra función: criminaliza a la juventud pobre para facilitar su opresión social. La mitad de los jóvenes de 18 a 25 años no estudia ni trabaja en Argentina. De los que trabajan, la mayoría lo hace de manera precarizada. Solo el 15% tiene empleo registrado. Es el sector de la sociedad más afectado por la crisis económica y también el más rebelde. Por eso el sistema tiene mecanismos de opresión para intentar mantenerlo sumiso.
A pesar del fallo Arriola, la Ley 23.737 de Estupefacientes, que sanciona la tenencia de marihuana con una pena de un mes a dos años de prisión, no se ha modificado. A seis años del fallo, la mayoría de las causas por drogas son por tenencia, no por tráfico. Y de los procesados por tenencia de estupefacientes, la mayoría lo están por tener marihuana. Esto significa que decenas de miles de jóvenes tienen su libertad condicionada por fumar un porro.
La decisión de consumir marihuana, al igual que el alcohol u otras drogas, se ubica en el ámbito privado de cómo cada persona elige vivir su vida. Es una libertad individual y no un delito. Por eso exigimos la legalización del autocultivo, tenencia y consumo. También estamos a favor de la regulación estatal de su producción y comercialización a través de clubes sociales de cannabis, como reclama la convocatoria del 3 de diciembre.

Federico Moreno