El caso del juez federal de Salta acusado de cobrar coimas a narcotraficantes y el escándalo de la efedrina que estalló en plena campaña electoral son los hechos más recientes que resaltan un problema que viene creciendo en nuestro país.
Hasta hace unos años Argentina era un país esencialmente de destino en el mapamundi del narcotráfico. Es decir, la droga que entraba al país se vendía y consumía acá. Hoy se ha transformado en un importante país de tránsito, una estación desde donde se exportan grandes cantidades de narcóticos traídas de otras partes del continente, hacia otros destinos. Además ha aumentado la producción de drogas en el país. Esto se evidencia, entre otras cosas, por la extensión del uso de paco, que es un derivado de la producción de cocaína.
Los efectos son brutales. No solo aumenta el consumo y la drogadicción. Junto con el accionar de las bandas narco, aumenta la violencia, la corrupción y la inseguridad. Los más afectados son los sectores populares, cuyos jóvenes usan de mano de obra barata y carne de cañón en sus negocios y disputas.
El problema de fondo es que se trata de un gigantesco negocio capitalista. Según la ONU, el narcotráfico recauda unos 320.000 millones de dólares al año. Representa el 1% del PBI mundial.
Pero es un negocio que no podría funcionar sin la complicidad y activa participación de las instituciones políticas, policiales y judiciales. Todos los vecinos saben donde se vende droga y donde están las «cocinas» en sus barrios. Sin embargo, aunque miles de jóvenes caen presos por tenencia simple, nunca caen los verdaderos narcos. Esto es porque los que los tendrían que perseguir, detener y juzgarlos son socios del negocio.
Un informe escrito por el ex asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación Jorge Rodríguez detalla cómo funciona la «estructura de la recaudación policial». Describe cómo «durante décadas buena parte de la recaudación se originaba en el juego clandestino, prostitución, traficantes de sustancias, coimas a vendedores ambulantes, actividades comerciales irregulares y otros delitos menores, pero en los últimos años comenzó a desarrollarse en mayor medida una gran recaudación resultante de la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína».
El informe describe cómo operan las «cajas recaudatorias de las comisarías» y el sistema de «transferencia» hacia las «cajas políticas» de las direcciones y superintendencias policiales, las intendencias, tribunales y ministerios.
Así cada uno hace su parte para garantizar el negocio y la impunidad de los involucrados.
Por eso la única forma de frenar el narcotráfico es atacando y desarticulando ese círculo de impunidad. Hace falta una comisión independiente que investigue y una profunda reforma de las instituciones, para democratizarlas e imponerles control social.
Los comisarios, jueces y fiscales deben ser electos por el voto popular y tener que rendir cuentas ante la gente. A su vez todos los cargos públicos deben ser revocables. Y las bases de las fuerzas de seguridad tienen que tener libertad de organización y sindicalización para poder denunciar la corrupción de sus superiores sin miedo a represalias.
También hay que despenalizar la tenencia de drogas e invertir en una política integral de tratamiento y reinserción social de los adictos, que hoy son tratados como criminales.
Sólo con medidas de ésta naturaleza, junto a una política de «shock» de inclusión social para la juventud que hoy no estudia ni trabaja, se podrá avanzar contra el flagelo del narcotráfico.

Federico Moreno