Como viene pasando cada año, al llegar el calor llegan los cortes de luz y los vecinos indignados salen a cortar las calles. Saben que sino, no llega ninguna solución. El gobierno respondió con mucho ruido y pocas nueces.
El nuevo ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren declaró la emergencia energética por un año, hasta diciembre de 2017. Evitó responder sobre un posible tarifazo, pero anunció cortes «preventivos» y cambios para el mayor consumo. En cambio, nada dijo de ahorrar en la iluminación pública.
La causa de la crisis energética es que el sistema eléctrico está en manos de empresas privadas, interesadas en sus ganancias y no en brindar un servicio público. Entonces no invierten, decae la infraestructura y cada vez que se consume un poco más de luz el sistema no da abasto. El deterioro es tal que hace años el Estado importa energía a alto costo para evitar el colapso.
El nuevo gobierno, cínicamente, hace declaraciones vacías y planea aumentar las tarifas que estas empresas nos cobran por un servicio en decadencia. La solución requiere intervenir las empresas para garantizar que vuelva la luz de inmediato, cueste lo que cueste, e indemnizar a los afectados por las pérdidas causadas por los cortes. Y la única solución de fondo es estatizar bajo control social el sistema eléctrico para garantizar un servicio de calidad y con tarifa social para todo usuario que la necesite.