A un mes de gobierno las medidas tomadas conllevan una clara impronta: plata para los de arriba y los de afuera, ajuste y palos para los trabajadores y el pueblo.
La crisis capitalista, con recesión en Brasil, desaceleración en China y caída del precio de los comodities, demanda que alguien pague los platos rotos. Y el gobierno de Cambiemos ha resuelto que sean los trabajadores y sectores populares los destinatarios del duro ajuste.
A la tremenda devaluación y eliminación de las retenciones, le siguieron señales positivas hacia el imperio con un guiño a los buitres y la vuelta a Davos.
Ajuste a tres bandas
El primer elemento de profundización del ajuste que ya venía del gobierno K, ha sido la devaluación, con un salto en la carestía y el impuesto inflacionario. No hubo ninguna medida para mitigar siquiera, los padecimientos de los de abajo. La programación del aumento de tarifas, será el próximo paso si no le paramos la mano.
La contención de los salarios, jubilaciones y ayuda social, es la segunda pata del ajuste. El gobierno quiere apurar el pacto social pero le está costando costurarlo porque la burocracia cegetista no puede salir con las manos muy vacías ante la creciente presión que se siente en los lugares de trabajo. Por eso retrasan las paritarias. El ministro Prat Gay chantajea con el argumento noventista de resignar aumentos para «cuidar el puesto de trabajo». Sin cifras de referencia del INDEC (por lo menos durante 8 meses), pretenden colocarle un techo a las paritarias (¿20 al 25%?), acorde al déficit fiscal para los salarios del estado y para bajar los «costos laborales» de los empresarios en el sector privado.
La tercera banda del ajuste ya se está transformando en un signo distintivo de este gobierno: los despidos en el estado y el sector privado, preanuncian un agravamiento en la desocupación -va a superar los dos dígitos- con destrucción neta de puestos de trabajo.
Una oleada de despidos
Los datos emanados de la CTA y otros sectores son coincidentes: son cerca de 18 mil los estatales que perdieron el empleo y podrían llegar a 65.000. Pretendiendo estigmatizarlos con el remanido argumento de los «ñoquis» tratan de justificar una oleada de despidos de miles de compañeros que ya soportaron años de precarización.
En el sector privado, los despidos de la era Cambiemos suman 11.000, según datos de la CTA/A. Tendencias Económicas contabilizó 5.439 cesantías en las empresas en diciembre, cinco veces más que hace un año.
Bajo el engañoso nombre de «reprogramación productiva» se ha dado vía libre a los patrones para producir suspensiones, despidos y recortes salariales. Sobre todo en los sectores metalmecánico, automotriz, industria frigorífica, construcción y frutícola. Por más que disminuyeron las retenciones y se devaluó, se despidió igual.
Después de Cresta Roja -que ya venía arrastrando crisis desde el Gobierno anterior-, los 120 despidos de Cerámica San Lorenzo, los 500 de Tecpetrol, las 200 suspensiones de Havanna, y el cierre de Sol con 220 en la calle, son muestras de esta política regresiva que promete agravarse.
El Grupo 23 de Szpolski y Garfunkel y la firma Austral Construcciones, suman miles de despidos, esta vez de la mano de empresarios kirchneristas.
La feroz represión en Cresta Roja y La Plata muestran la otra cara moneda: la tendencia al conflicto social y la decisión de este gobierno de reprimir y criminalizar la protesta.
Por un plan de lucha nacional
Aunque todavía atomizada, hay una tendencia al conflicto en respuesta al ajuste. Estatales de diversas reparticiones como graficamos en estas páginas, trabajadores de la salud en varias provincias y municipios han salido a la movilización. También se viene luchando en empresas privadas. En Buenos Aires hubo algunas jornadas de protesta convocadas por la CTA/A. Los docentes amenazan con el no inicio. Se necesita desarrollar estas luchas, coordinarlas y avanzar en una medida de carácter nacional. Las centrales de trabajadores tienen una responsabilidad de primer orden. Hay un retraso, producto de los debates internos, en la CTA/A para ponerse al servicio de los conflictos y lanzar un fuerte llamado a la unidad de acción para enfrentar el ajuste. Los dirigentes de la CTA de Yasky, que con el cambio de gobierno, han salido a criticar el ajuste, tienen que abandonar la pasividad y coordinar una convocatoria conjunta. Hay que reclamar también a la CGT, cuyos dirigentes están más preocupados en arreglar sus negocios que en las necesidades de los trabajadores. Se necesita un plan de lucha nacional con vista a un paro general. Tenemos que empezar a prepararlo desde abajo, desde cada gremio, empresa y repartición. Convocando o reclamando asambleas, plenarios abiertos y reuniones de activistas. Para demandar paritarias sin techo, un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales actualizados y una ley que prohíba despidos y suspensiones, como primer paso hacia un plan de emergencia obrero y popular para que la crisis la paguen las corporaciones.
5 medidas de emergencia
- Eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar. Esto implicaría una rebaja automática del 21 o el 10.5% en esos precios, según el caso. Abrir los libros contables de las grandes empresas formadoras de precios, con participación de las organizaciones de consumidores, para controlar los costos reales. Aplicar las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento a los hipermercados o distribuidoras que remarquen, especulen o acaparen.
- Aumento general de salarios, jubilaciones, pensiones y planes sociales. Mínimo igual a la canasta familiar con actualización trimestral según la inflación real.
- Reforma tributaria anulando el impuesto al salario, gravando la renta financiera y con impuestos progresivos a las grandes fortunas.
- Prohibir por ley despidos y suspensiones, nacionalizando a la empresa que no cumpla. Reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial.
- Suspensión de los pagos de la deuda pública fraudulenta.
Guillermo Pacagnini
