Tuvimos la fuga de los narcos, de un penal sin guardia, con arma de juguete y auto empujado. Y luego lo más grave: cada novedad confirmó la connivencia del aparato estatal con el delito. Por eso, el común de la gente piensa que en este país está «todo podrido». Y es así.
El tema es cómo combatir la tremenda corrupción e impunidad que atraviesa todo el régimen institucional. Las redes de narcotráfico y los otros grandes delitos económicamente organizados no podrían funcionar si no fuera por tanto capo político, jefe policial o penitenciario, «servicio» de inteligencia, juez y fiscal que los ampare o sea cómplice directo.
Ante el escándalo, el gobierno nacional hizo purgas parciales y algunos sumarios. Pero junto a investigar y castigar a todo culpable o cómplice, ya que acá purgas y sumarios hay desde hace años y el problema en vez de disminuir, crece. Lo que hace falta es ir al hueso, con medidas de fondo para atacar la propia matriz que genera corrupción e impunidad en el Estado. Desde el MST-Nueva Izquierda hacemos las siguientes cinco propuestas:
1. Elegir los comisarios por voto popular, y también los jefes de las demás fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario, con revocabilidad si incumplen. En vez de la designación verticalista del gobierno, con este control democrático los comisarios y jefes dejarían de responderle al poder político como pasa hoy y tendrían que rendirle cuentas a los vecinos que los votan. Y las cárceles dejarían de ser universidades del delito. En la policía, como parte de una reforma de raíz, hay que separar a todo implicado en hechos ilícitos o de represión social y aceptar la sindicalización de los agentes, por sus derechos y para poder denunciar la corrupción interna sin temer represalias. En vez de ser utilizada para represión, la Gendarmería debe restringirse a la función de control fronterizo.
2. Elegir los jueces y fiscales por voto popular, en elecciones separadas de los cargos políticos. Y con mandatos limitados, no eternos. Ahora el nombramiento y la remoción de los funcionarios judiciales están atados al poder político vía los Consejos de la Magistratura. Como suben por pactos políticos -con o sin «servilletas»-, luego viene la devolución de favores y la sumisión al poder. Las pocas condenas a funcionarios y empresarios son fruto de la lucha de los familiares de las víctimas, como en el juicio de Once. A su vez hay que establecer los juicios por jurados populares para todos los delitos penales, un mecanismo democrático que está en la Constitución de 1853 -desde hace 163 años- pero salvo raras excepciones no se ha puesto en práctica.
3. Disolver la AFI (ex SIDE) y abrir todos los archivos secretos. La función de la Inteligencia oficial fue siempre el espionaje interno a luchadores y opositores. Encubren las complicidades de turno y preparan operaciones y carpetazos. Tras el escándalo por la muerte del fiscal Alberto Nisman, a inicios de 2015 la ex SIDE fue reemplazada por la Agencia Federal de Inteligencia. ¿A quién puso ahí Mauricio Macri? A Gustavo Arribas, un empresario involucrado en oscuros negocios en el fútbol. Antes hizo lo mismo en su Policía Metropolitana: puso al Fino» Palacios, hoy preso por armar una red de escuchas ilegales. No va más: hay que disolver todos los «servicios» y sacar a luz los archivos secretos, que permitirían conocer los encubridores y los partícipes institucionales de buena parte de la alta delincuencia.
4. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, por ley. Salvo los delitos de lesa humanidad, todos los demás hoy prescriben, «vencen». O sea que si la justicia no actúa en determinados plazos, los imputados quedan sobreseídos. Entre esta justicia adicta al poder y las chicanas judiciales, mucho político o funcionario estatal coimero queda impune. Por eso, el Congreso debería aprobar el proyecto de ley presentado a iniciativa de los padres de Once para establecer «la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio del cargo, que atenten contra el patrimonio público, los bienes de la Nación y causen grave daño económico». Y además, porque la corrupción mata.
5. Anular todos los privilegios políticos. Para la vieja política, los cargos públicos no están al servicio de lograr el bien común: son fuente de privilegios, negocios y enriquecimiento personal, a veces descarado. Hay que cortar esto de cuajo e imponer una verdadera ética de lo público. Así lo plantea el primer proyecto de ley que presentó oportunamente nuestro diputado Alejandro Bodart en la Legislatura porteña: que todo funcionario político gane como una directora de escuela de doble turno; que se revoque su cargo si incumple; que eduque a sus hijos en la escuela pública y se atienda él y su familia en el hospital público. Lo mismo desde la presidencia de la Nación hasta el último concejal. También proponemos la disolución del Senado, una institución elitista y no democrática por no ser proporcional a la población. Justamente por eso, si hay ñoquis en el Estado, la mayor «fábrica de pastas» es el Senado nacional y sus pares provinciales.
Con estas y otras medidas de fondo, estamos seguros que es posible combatir la corrupción institucional. Te invitamos a que nos ayudes a difundirlas y te sumes al MST para fortalecer la lucha para lograr que se hagan realidad.
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