El triste episodio en el que un joven fue golpeado brutalmente por un matón de la municipalidad de San Martin en medio de una discusión con una “trapito” le sirvió de excusa al gobierno para desatar una ofensiva contra todos los trabajadores que se ganan la vida en la vía pública. En Capital el PRO volvió al ataque con su proyecto para prohibir la actividad de los cuidacoches y comenzó una represión indiscriminada contra los “manteros” que venden en distintos puntos de la ciudad.
Son todas mafias, violentos, hay que recuperar el espacio público, fueron los argumentos más escuchados en boca de funcionarios y conductores de TV. Estamos ante una artera campaña de estigmatización contra los sectores más pobres de la población cuyo objetivo es aislarlos del resto de la sociedad para poder reprimirlos y marginarlos aun más. Nuestro partido, en la voz de Alejandro Bodart -autor como diputado de sendos proyectos para regularizar estas actividades-nuevamente salió en defensa de los honestos trabajadores que todos los días buscan en la calle garantizar el sustento de su familia.

La prohibición alimenta a las mafias

La enorme cantidad de personas que desarrollan actividades en la vía pública es consecuencia directa del salto enorme en la desocupación que comenzó en la década del 90, tuvo su pico en el 2001 y todavía se mantiene en niveles alarmantes. La no regulación de estas actividades ha posibilitado por un lado la indefeccion y precariedad laboral de miles de familias y por el otro que se enquisten mafias, en complicidad o directamente comandadas por sectores de las fuerzas policiales que superexplotan a gran cantidad de personas. Pero estos grupos mafiosos no son la mayoría ni mucho menos y con un poco de voluntad política son fácilmente detectables y erradicables. Quienes gobiernan no lo hacen porque a los que quieren realmente sacarse de encima son a los miles de pobres que al adueñarse de la calle le compiten económicamente a poderosos grupos empresarios.

Una salida para la mayoría y no para un grupo de vivos

Si se regulara la actividad de los “trapitos” y estos fueran los encargados de ayudar a la seguridad y el ordenamiento del estacionamiento en la vía pública en Capital podríamos prescindir de los parquímetros privados y acompañar esta medida con la estatización del servicio de grúas. Esto daría trabajo genuino a cientos de personas necesitadas y redundaría en una mayor recaudación por parte del Estado. También arruinaría un negocio millonario que involucra no solo a un par de empresas sino a funcionarios corruptos desde la época de Ibarra pasando por las dos gestiones de Mauricio Macri. Pero el PRO tiene otros planes. Tiene en mente ampliar la red de parquímetros en manos privadas a prácticamente toda la ciudad.
Si se regularizara la actividad de los “manteros” se le daría un golpe muy importante a los empresarios inescrupulosos que lucran con los talleres clandestinos, el trabajo esclavo y la evasión impositiva ya que permitiría blanquear el origen de la mercadería que se vende en la vía pública. Se terminaría una de las cajas negras de la federal y demás policías. Y además de darle un trabajo mucho más digno a los miles de personas que venden actualmente en las calles de la CABA permitiría discutir un ordenamiento armónico del espacio público y sumar el aporte de este segmento para destinarlo a mejorar la salud y la educación pública hoy en crisis.
En el año 2011 la legislatura porteña votó el proyecto de regulación de la actividad de los cuidacoches y Macri lo vetó. Bodart lo volvió a presentar y al igual que el proyecto de ley para regular la venta ambulante sigue teniendo estado parlamentario. Esperamos que los demás sectores de izquierda y aquellos espacios que se reclaman progresistas apoyen estos proyectos y enfrenten con fuerza la ofensiva reaccionaria que han desatado el PRO y sus aliados en Cambiemos. Esto incluye acompañar solidaria y unitariamente las acciones que se desarrollen para recuperar y defender los espacios de trabajo ganados con años de sacrificios y luchas.

A. B.