En 2013 el PRO, por boca de su diputada Laura Alonso, decía sobre este acuerdo: “caen las caretas de la hipocresía K” y “el acuerdo con Chevron empieza mal: no es público”. Ahora, como titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Macri, la misma Alonso avala el secretismo en la entrega de Vaca Muerta a la corporación norteamericana. La doble moral capitalista, al palo.
Recordemos un poco el acuerdo YPF-Chevron. Primero, se produjo la estatización de YPF para convertirla en S.A. Esta figura legal le permitió a la empresa hacer contratos con privados con las prerrogativas burguesas del secreto comercial. Lo denunciamos en su momento, incluso con un recurso judicial presentado por el diputado (MC), Alejandro Bodart. El anterior gobierno avanzó con el ingreso de Chevron al negocio del fracking en Argentina en condiciones de un neocolonialismo indefendible: entrega leonina de áreas enteras a esa firma yanqui por 35 años, con beneficios fiscales, regalías vitalicias y zona liberada para actuar con impunidad económica y socioambiental. Hubo impugnaciones y un fuerte movimiento social que resistió el acuerdo incluso físicamente. Para aprobar semejante entrega la legislatura neuquina sesionó con vallas y una multitudinaria guardia pretoriana que reprimió con ferocidad durante diez horas una enorme movilización popular que rechazaba el acuerdo. Pero esto ya es historia. Volvamos al 2016.
Bancando a Chevron, más parecidos que distintos
Lo decíamos en el copete de este artículo. El PRO cuestionó la “forma” del acuerdo en 2013. Nunca su contenido, ni la orientación económica y social que representaba. Esto es: profundizar la matriz dependiente, primaria e hidrocarburífera contaminante del país. Ahora ya no cuestiona nada y se puso a full la camiseta de Chevron. Un fallo judicial exige la publicidad del contenido total del contrato de YPF y sin embargo la funcionaria Alonso avala la “confidencialidad” del convenio. Pero eso no es todo. Ahora se supo que además, la firma yanqui utilizó empresas truchas asentadas en paraísos fiscales para el negocio con YPF y que ésta también inventó cuentas truchas para recibir el pago por el contrato.
Es todo turbio, pero no es ninguna distorsión accidental: en este capitalismo extractivo la corrupción es estructural y el “secreto comercial” una necesidad burguesa de garantizarse impunidad con el ocultamiento a la población de los desfalcos que provocan usando el estado y el patrimonio de todos.
Que renuncie Alonso, anular el acuerdo con Chevron y prohibir el fracking
Así es. Todo eso planteamos. Laura Alonso no tiene ninguna autoridad para custodiar el interés público de la corrupción capitalista. Es parte de la misma, socia, cómplice. Que se vaya. Por otro lado, todo el negociado YPF-Chevron está viciado de nulidad, tiene ribetes de evidente criminalidad y hasta violenta por la no consulta previa, la constitución nacional. Por eso, apelando al más elemental derecho burgués tiene que ser anulado ese contrato sin indemnización, por supuesto. Y finalmente, no podemos dejar de plantear nuestro punto de vista ecosocialista en este tema. Según la OMS el 25 % de las muertes son provocadas por causas ambientales. El calentamiento global, que es un fenómeno de crisis civilizatoria es provocado por el uso de petróleo, entonces el fracking tiene que ser prohibido, es una medida de racionalidad mínima. Hay salidas productivas. Una es reemplazar la matriz energética basada en hidrocarburos por otra que utilice energías renovables y limpias como la eólica, solar o mareomotriz. Es una decisión política de orientación productiva antagónica a la actual.
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