El 30 de marzo de 1982, llamada por la CGT, una fuerte huelga general activa sacudió al país. Se reclamó «Paz, pan y trabajo» y «Abajo la dictadura militar». Las marchas fueron masivas y terminaron en duros choques con la policía. Acorralado por la creciente resistencia obrera y popular, en la que el movimiento de derechos humanos jugó un rol destacado, tres días después la Junta Militar dio un manotazo de ahogado y el 2 de abril ocupó las Malvinas.
Con esa maniobra buscó desviar el ascenso de las luchas, pero contradictoriamente desató un legítimo fervor contra el imperialismo británico. Entonces, ante su inconsecuencia y su traición en la guerra, la marea antidictatorial volvió con fuerza multiplicada y una verdadera revolución democrática tiró abajo al «Proceso» militar.
A diferencia de países como Chile, en donde la vuelta al orden democrático fue gradual y controlada por el propio general Pinochet, o como España, cuya «transición» también fue pactada con el régimen franquista, acá la caída fue abrupta, se llevó puesto a todo el régimen dictatorial de un saque y dejó maltrecho como nunca antes a un pilar básico del Estado burgués: sus Fuerzas Armadas.
La construcción de impunidad
A medida que en democracia fueron saliendo a luz los aberrantes crímenes de la dictadura, el reclamo de verdad y justicia se potenció. A la burda mentira de que los militares habían cometido «errores» y «excesos», se respondió con claridad: «Son todos asesinos los milicos del Proceso».
Pero la burguesía, que precisa a las Fuerzas Armadas como reaseguro represivo del régimen para sostener la explotación a los trabajadores y el pueblo, gobierno tras gobierno intentó variantes de impunidad para preservarlas lo más posible.
· El primer ensayo fue que las FF.AA. se juzgaran a sí mismas, vía los tribunales militares. Pero éstas se dictaron una ley de autoamnistía.
· Alfonsín intentó restringir el juicio a las juntas militares (sólo a dos de ellas, apenas seis generales, porque la tercera Junta fue exculpada). Y se creó la CONADEP sólo con carácter informativo. El prólogo de su informe final Nunca Más acepta la nefasta «teoría de los dos demonios».
· Como la lucha siguió exigiendo justicia y algunos fiscales imputaron a otros jefes militares, Alfonsín los instruyó para dar cierre a esos juicios. La presión popular lo impidió.
· En Semana Santa de 1987 el alzamiento carapintada reclamó impunidad para los militares. Hubo grandes movilizaciones de rechazo, que Alfonsín traicionó haciendo aprobar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
· Como el reclamo de justicia no cesó, luego el gobierno de la Alianza intentó una derogación trucha: sólo habría juicio y condena para los delitos de lesa humanidad que se cometieran a futuro.
· En 1989 Menem quiso completar la impunidad de la dictadura con sus decretos de indulto a genocidas y a jefes guerrilleros, otra vez con los dos demonios. Una vez más, las marchas en repudio fueron masivas.
· En 2003, el PJ hizo otro intento de derogación trucha: la «no oponibilidad». Pero en base al proyecto de ley de Izquierda Unida, la lucha democrática impuso la nulidad definitiva de las leyes de PF y OD.
Este gran triunfo permitió reabrir los juicios a los represores e incluso a unos pocos de sus muchos cómplices civiles (algunos empresarios y curas, no así burócratas sindicales como Gerardo Martínez, ex servicio del siniestro Batallón 601).
Dicha nulidad tuvo como marco el primer gobierno kirchnerista, que supo interpretar que después del Argentinazo de 2001 el país ya no se podía gobernar como antes. Sin embargo hizo una utilización política de la bandera de los derechos humanos -que jamás antes habían levantado- y cooptó a las referentes de Madres y Abuelas. Pese a su discurso, bajo el gobierno del FPV hubo represión a luchas sociales, Proyecto X de la Gendarmería, ley «antiterrorista» represiva, disfraz de la vieja SIDE en la nueva AFI, continuidad del procesamiento a 5.000 luchadores populares y el colmo: designar a un ex represor como César Milani al frente del Ejército.
En resumen, todos los partidos del sistema trataron de resguardar la impunidad de las fuerzas represivas. Saben que las necesitan para que el capitalismo pueda funcionar. En dictadura y en democracia, sólo la izquierda fue y es consecuente en la pelea por Memoria, Verdad y Justicia.
La lucha continúa
Macri también busca olvido y reconciliación, o sea impunidad. A su modo reflota el verso de los dos demonios, que perversamente iguala el terrorismo de Estado a las equivocadas acciones guerrilleras. Y en vez de avanzar como se debería, quiere poner fin a los juicios.
Desde el MST, y junto a otros sectores que sostienen esta pelea democrática, seguimos exigiendo cárcel común a todos los genocidas y sus cómplices, restitución de la identidad a los jóvenes apropiados, anulación de la ley «antiterrorista», aparición con vida de Julio López, apertura de todos los archivos secretos y disolución de la AFI, desmantelamiento del aparato represivo, y rechazamos la criminalización y represión de la protesta social así como el protocolo «cinco minutos».

Martín Carcione y Pablo Vasco