El proyecto de reforma del Código del Trabajo de Myriam El Khomri acelera la crisis política, económica y social en Francia. Es la vuelta a la edad de piedra social y a los “patrones por derecho divino”. Traslada el estado de excepción a todos los lugares de trabajo y legaliza el chantaje de los despidos para imponer rebajas de salario y horarios ilimitados.
Se basa en invertir la jerarquía de las normas: el acuerdo de empresa podría primar sobre el convenio nacional aun si el primero es menos favorable. Esto afecta los temas clave: jornada laboral, salario, horas extras, organización del trabajo, despidos. ¡Es la liquidación del Código laboral y los convenios colectivos! De un plumazo, lo conquistado hace 80 años con la huelga general de 1936 sería relegado al museo. Nadie puede creer que se combate el desempleo1 bajando los salarios o trabajando hasta 60 horas por semana. Según los últimos sondeos, el 78% de la población rechaza este proyecto nocivo.
El viento se levanta
El 9 de marzo, 500 mil manifestantes salieron a las calles del país con una exigencia: “¡Ni corregible ni negociable, abajo la ley El Khomri!” Sobre todo, jóvenes y trabajadores del sector privado. Esa fecha hará época. Y más porque las marchas nacieron en las redes sociales, sin llamado de las cúpulas sindicales al paro.
La lucha de clases, comprimida por las direcciones sindicales para preservar la “paz social” a alto precio, irrumpe en la escena política por iniciativa de las propias masas. Por eso repercute en el seno de los sindicatos vía miles de delegados y activistas. Ese empuje fuerza a las conducciones nacionales de la CGT y FO a pronunciarse, a disgusto, por el retiro de esta ley abyecta. Con un carácter antigubernamental y anticapitalista, el movimiento es el inicio de un enfrentamiento de clase que lleva en sí el germen de una huelga general tipo junio de 1936. Sin prejuzgar sobre el futuro inmediato ni subestimar los obstáculos, podemos considerar que “está en el aire” y que “el fondo del aire es rojo”2.
La maniobra de pedir socorro a la burocracia sindical es conocida y se aplica. Primera va la CFDT, rama gremial del Medef (patronal), junto a la CFTC (demócrata-cristianos), CGC (jerárquicos), UNSA (autónomos) y la central estudiantil derechista FAGE. Pero los hechos ponen a la CFDT y sus amigos en situación delicada: como partícipe del informe base del proyecto de ley, la cúpula de la CFDT se ve forzada a anteponer cambios sobre los despidos, o sea “cambiar algo para que todo quede igual”.
Pero en las actuales condiciones un retroceso en ese punto, aun sin afectar al proyecto en general, sería percibido como un estímulo en la vía de la victoria. El rechazo popular es tan masivo que el primer ministro Manuel Valls tuvo que ofrecer 15 días más de concertación con esas centrales. Por eso el 24 de marzo se presentará ante el Consejo de Ministros una nueva versión del proyecto.
Paro general hasta el retiro de la ley
El 9 de marzo, medio millón de trabajadores y jóvenes mandataron a Martínez (CGT) y Mailly (FO) a rechazar toda negociación o pacto en el marco de los principios de este proyecto antiobrero. Los mandataron para convocar, en unidad CGT-FO-FSU-SUD-UNEF-FIDL-UNL, a la huelga general de públicos y privados, trabajadores y jóvenes, por el retiro total y definitivo de la ley El Khomri. El próximo round será el 31 de marzo.
Desde París, La Comuna
1. En febrero, 6.8 millones de desocupados.
2. Título de un documental sobre Mayo del ’68.
