Emilio Poliak

El video del hijo de Lázaro Báez y otros socios contando fajos de dólares en “La Rosadita” causaron indignación y reabrieron el debate sobre la corrupción, sus alcances y cómo combatirla.

Son tan contundentes las imágenes y tanta la bronca popular, que el kirchnerismo intenta despegarse como sea. Según Alicia Kirchner, su familia “nunca tuvo negocios con Báez”. Y por las dudas, enseguida le rescindió 24 contratos de obra pública de su gobierno en Santa Cruz…
Es un hecho que, en pocos años, un empleado bancario pasó a ser un empresario multimillonario gracias a los beneficios y la sobrefacturación de las obras públicas otorgadas por el gobierno. Y también son un hecho sus sociedades comerciales con la familia Kirchner.

Corrupción K y PRO

En Brasil, los escándalos de corrupción jaquean a la presidenta Dilma y al ex presidente Lula (ver pág. 15). Algo similar pasa con el gobierno de Maduro y el PSUV en Venezuela. Es cierto que la derecha aprovecha esos escándalos y los utiliza para erosionar a dichos gobiernos. Pero esa utilización política no elimina que la corrupción existe y que evidencia los profundos vínculos que hay entre los gobernantes autoconsiderados progresistas y las cúpulas empresariales.
El enriquecimiento patrimonial maratónico de los funcionarios mientras la inmensa mayoría pasa necesidades, o que fruto de negociados y coimas se produzcan “tragedias” mortales como las de Once y Cromañón, causa una indignación justificada. Eso no tiene nada de derecha. Minimizarla o negarla en pos de defender a supuestos proyectos populares, le abre la puerta a la misma derecha que se dice combatir.
A su vez otros pretenden circunscribir la corrupción al modelo K, ocultando a sabiendas las tramoyas que también envuelven al PRO. Pero el gobierno macrista también benefició con contratos y obras a sus amigos como Niembro, Caputo y Calcaterra. Es que la corrupción marca a gobiernos de distinto signo político. Basta recordar las coimas en el Senado durante la Alianza, los escándalos de la era menemista y tantos otros casos en las provincias.

La corrupción es inherente  al sistema

El capitalismo promueve la competencia mediante la lucha en el mercado en pos de obtener cada vez más ganancias. Esa disputa a veces va por carriles “normales”, pero las crisis aceleran todo. Como no tienen garantías a largo plazo, los capitalistas buscan obtener rápidas ganancias y por eso atropellan aún más sus propias normas y códigos.
La mayoría de las grandes empresas de nuestro país crecieron a la sombra de la corrupción estatal: la patria contratista, la estatización de las deudas externas privadas, las privatizaciones de servicios, los subsidios y las obras públicas. El Estado y los gobiernos son meros gerenciadores de esos capitalistas: favorecen sus intereses y por esa tarea obtienen como contraparte la coima. Junto a una cultura que promueve la ambición, el consumismo y el lujo, esa relación es la causa de fondo de la corrupción.
Todo el régimen político sustenta este entramado y por eso rara vez se condena a los culpables. La justicia, el parlamento y los partidos del sistema sostienen ese funcionamiento y se benefician de él. Así consolidan una casta política sustentada en las prebendas que obtienen por gerenciar los negocios de los capitalistas. Sólo cuando la bronca o la movilización popular los arrinconan hacen saltar algún fusible, como pasó con María Julia Alsogaray o probablemente suceda ahora con Báez.

Medidas concretas contra la corrupción

Como la corrupción es estructural, las salidas que se centran en la honestidad individual de tal o cual funcionario no son una alternativa para erradicarla. Se requiere de medidas efectivas que, además de castigar cada delito, ataquen las bases de sustentación que posibilitan la corrupción.

A nivel económico: embargo e incautación de los bienes de los funcionarios y empresarios corruptos hasta restituir lo adeudado. Control social sobre toda obra o concesión pública significativa, para terminar con los negociados privados. Presupuestos estatales con participación y control popular de su aplicación, para que la plata vaya adonde debe ir. Apertura de los libros contables de las empresas involucradas en corrupción.
A nivel político: terminar con los privilegios de todos los funcionarios. Que ganen lo mismo que una directora de escuela y sus mandatos sean revocables si no cumplen.
A nivel judicial: elección de los jueces y fiscales por voto popular, en elecciones separadas de los cargos políticos. Hasta esa democratización judicial, impulsar comisiones investigadoras independientes. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, o sea que no “venzan” en determinado plazo.
Estas medidas para combatir la corrupción están muy ligadas a la pelea por terminar con este sistema capitalista que la engendra y construir una nueva sociedad, que ponga todas las riquezas al servicio y bajo el control democrático de las mayorías populares: una sociedad socialista.