El lunes 11, en Buenos Aires, un enorme operativo policial ocupó diez cuadras en la Avenida Avellaneda para impedir que se instalen los 2.000 manteros que allí trabajan.
Según el fiscal Luis Cevasco, fue “para evitar que se siga cometiendo una infracción a la ley: la venta ambulante. La idea es trabajar en la prevención y no ir a levantar puestos. La justicia no investiga a los manteros, sino a las organizaciones que los explotan”.
El compañero Omar Guaraz, dirigente de la agrupación Vendedores Libres, lo refutó: “Primero, la venta ambulante no es ilegal y ni siquiera es contravención. Segundo, la policía no hace ‘prevención’: viene a desalojar, espiar y amedrentar a los trabajadores. Y tercero, el gobierno usa la excusa de las mafias, que las hay, para perseguir a todos los manteros. La única mafia que ‘descubrió’ la justicia en estos años son dos policías coimeros. Es al revés: si la actividad de venta y reventa en la vía pública estuviera regulada, con registro y control, sería fácil separar la paja del trigo. En medio de la crisis y los despidos, esta persecución nos deja sin sustento a miles de familias”.