Ante las luchas y reclamos de trabajadores estatales y privados a raíz de los despidos, bloques de oposición -que antes aprobaron leyes de ajuste que propuso el macrismo- votaron en el Senado una ley anti-despidos, similar a la votada en 2001 que comenzó a regir en 2002. Sin embargo, como nos enseña la historia, estas leyes no sirven realmente para parar los despidos y generar empleo. Lo único efectivo es la unidad de los trabajadores movilizados, mediante un paro general y un plan de lucha.

La ley aprobada en el Senado pasa a su tratamiento en Diputados este jueves 12. No obstante, en estos días continúan varias negociaciones entre el FVP, el PJ y el Frente Renovador. En una reunión gestionada por Gioja entre los bloques mencionados, el kirchnerismo advirtió que no aceptará modificaciones en la iniciativa.

El cambio que propone el Frente Renovador es agregar un capítulo de beneficios fiscales a las pymes. Nuevamente el FR actúa en forma funcional al macrismo, ya que al modificar la ley ésta debe volver al Senado y así le permite al gobierno ganar tiempo mientras siguen los despidos.

Mientras tanto el presidente del Bloque Justicialista, Oscar Romero, avisó que si no se consigue consenso su bancada votará a favor del texto del Senado. Esto dejaría todo en manos del massismo, porque no se lograría reunir quórum sin el respaldo de al menos cinco diputados del FR. Y Massa acaba de anunciar que su bloque no asistirá a la sesión si no se aceptan sus condiciones.

Desde la alianza oficialista Cambiemos -PRO, UCR y Coalición Cívica- hablan de una ley que beneficie a las pymes, rechazan la prohibición de despidos y proponen como contracara un “plan de empleo joven”.

En el acto del Día del Trabajador, con cinismo, Mauricio Macri dijo: “Si fuera cuestión de leyes, alcanzaría con sacar una ley que diga que somos todos felices”. Su “régimen de primer empleo” incluye un subsidio estatal a las cargas patronales de empresas que empleen a jóvenes. Pero ya desde 1995 se demostró que la reducción de dichos aportes no sirvió para reactivar la economía ni contribuyó a la generación de empleo, sino que provocó un desfinanciamiento del Estado.

Macri va por más despidos

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y la Copal, negó que exista una ola de despidos: “Pongamos el foco donde el mundo lo pone, en la creación de empresas y en la formalización del empleo”. Una hipocresía total del titular de uno de los mayores estudios empresariales del país, que se encuentra en el top five de precarización laboral con sus propios empleados.

El lunes 9, en la Casa Rosada, Macri formuló un supuesto “compromiso” con un grupo de altos empresarios para evitar la pérdida de puestos de trabajo durante 90 días. ¿Los mismos que dicen que la ola de despidos es “una falacia oportunista” se comprometen a “no reducir planteles”?

En realidad, es solo un camuflaje para encubrir la continuidad de los despidos. Primero, el “compromiso” de las patronales no tiene validez jurídica alguna. Si despiden, no hay ninguna penalidad. Y Macri no suscribió el “compromiso”, lo que confirma que su plan es dejar más trabajadores del Estado en la calle.

Mientras impone tarifazos e incrementa día a día el estado de necesidad social, el mismo Macri que prometía “Pobreza Cero” plantea proyectos carentes de todo sentido fiscal y previsional a la vez que amenaza con vetar la posible ley porque sólo pretende seguir despidiendo impunemente.

La excusa de las pymes

El día 10, en la Cámara de Diputados, representantes de pymes y de la industria rechazaron el proyecto de ley anti-despidos. Los empresarios siguen negando que exista una ola de despidos. El titular de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, reclamó que se los trate de manera diferente que a las grandes compañías: “No nos pueden poner al lado de esos monstruos para quienes el obrero es un número”.

Aunque Cornide intente parecer más “progre”, para todo capitalista el obrero o el empleado es un mero número y su puesto de trabajo se pone o se quita según le convenga a la ganancia patronal. Por otra parte, ninguna pyme va a cerrar si se aprueba esta ley. Va a perjudicarse o cerrar, en todo caso, si no puede pagar los costos de luz, gas o transporte por los tarifazos del gobierno macrista.

Entonces no hay que dejarse confundir. Lo importante son los derechos de los trabajadores y su protección frente a los despidos. Ese eje del debate no puede ser tergiversado con la excusa de la “protección” de las pymes. ¿O acaso éstas quieren las manos libres para poder despedir sin ningún obstáculo?

 Paro general y plan de lucha

Al no ser retroactiva al inicio de este gobierno, la ley “anti-despidos” no sirve para reincorporar a los 150.000 trabajadores estatales y privados ya despedidos. Y terminaría causando un mayor perjuicio al trabajador, que si quiere su reinstalación debe acceder -así sea por vía sumarísima- a una justicia laboral colapsada: hoy se tarda un mes y medio para el sorteo de causas y por falta de personal la mayoría de los judiciales debe realizar el trabajo de dos personas.

Ante esta situación, los trabajadores terminarán eligiendo la otra vía de escape de la ley: esa especie de “retiro voluntario” llamada doble indemnización. Como están las cosas la cobrarían dentro de cinco años al final de un proceso judicial, si es que el macrismo no dicta antes algún decreto para cambiar las condiciones de la ley en favor del sector empresarial. Ni la ley ni la modificación sostenida por las patronales le sirve al trabajador.

Tenemos que parar con este intento de precarización laboral y salir juntos a la calle para luchar por todos los compañeros despedidos y evitar futuros casos. Hay que mantener los puestos de trabajo, no la ganancia capitalista. Las empresas deben demostrar su real estado económico con transparencia pública de sus cuentas. Y si amenazan cerrar, nacionalizarlas con control de los trabajadores.

Pese a las insuficiencias de la ley y las maniobras del Congreso, Macri mantiene su ofensiva antiobrera. Por eso la dirigencia sindical debe hacer lo que no hizo en el acto del 29 de abril: llamar a un inmediato paro general y plan de lucha, única garantía para frenar los despidos.

Vanesa López