Al cierre de esta edición, se iniciaba el debate en Diputados sobre los proyectos de ley «antidespidos». Más allá de sus resultados, se necesitan otras medidas y un paro nacional para frenar los despidos y defender las fuentes de trabajo.

Desde que el Senado bendijo con media sanción al proyecto de ley trucha antidespidos urdida por la «oposición» y apoyada por la dirigencia de las centrales sindicales, se sucedieron operatorias cruzadas tendientes a que salga la ley más inocua posible para las patronales y el Estado ajustador.
Varios son los escenarios posibles. El proyecto original del Senado, que prohíbe despidos por seis meses y fomenta la doble indemnización, pese a su inefectividad, en caso de ser aprobado sería vetado por el macrismo que reclama manos libres totales para gobierno y patronales para seguir despidiendo. Justamente el oficialismo promovió su propio proyecto para «estimular el empleo» subsidiando (más aún) a las patronales que contraten «jóvenes» e incluyendo exenciones impositivas. Y el massismo, abierto a negociar con el mejor postor, promueve su propia versión con beneficios fiscales a las pymes y aumento en el monto de los «repro». Es decir, premio a las patronales y una limosna para los trabajadores.
El engendro que resulte, no tiene retroactividad, ni promueve la reincorporación de los ya despedidos tanto en el Estado como en los privados, no dice una palabra de las suspensiones con rebaja salarial y de yapa viene con la trampa de la doble indemnización» estimulando una suerte de retiro voluntario o despido encubierto.

La oposición se lava la cara y la burocracia llama a confiar en la ley trucha

No es casual que, cuando la bronca crece y las luchas por salarios, contra los tarifazos, los despidos y otras medidas de ajuste ganan las calles, los legisladores «opositores» del FPV, PJ Massa y otros, pretenden lavarse la cara. Posan con cara de preocupación por los trabajadores publicitando estos proyectos truchos. Y lo hacen después de haber dejado correr los ahora 165.000 despidos y más de 40.000 suspensiones, avalado el pago a los buitres y demás medidas de ajuste.
Capítulo aparte merecen los dirigentes sindicales que en vez de llamar a un paro general y un plan de lucha, llaman a confiar en esa cueva de bandidos parlamentaria que ha venido siendo una verdadera escribanía del ajuste. Ni siquiera, como lo hicieron en otras épocas (por ejemplo cuando levantaron los «26 puntos» en la década del 80) ninguna de las CGT promueven alguna medida que no sea funcional a las patronales y el gobierno. La marcha del 29/4 que evidenció la disposición a la lucha de miles de trabajadores y la necesidad de unir los conflictos para frenar los despidos y derrotar el ajuste, se llamó solamente para apoyar el proyecto de ley trucha y sin convocarse al paro nacional. Rápidamente se olvidaron de la calle para reemplazarla por el lobby parlamentario.

Las medidas que proponemos

El programa de emergencia para defender las fuentes de trabajo que se necesita tiene que comenzar con una clara medida: reincorporar inmediatamente a todos los trabajadores despedidos tanto estatales como en el sector privado. Seguida por la absoluta prohibición de despidos y suspensiones. Asimismo, hay que establecer la apertura de los libros contables de toda empresa que aduzca crisis, para que los trabajadores controlen su verdadero estado financiero. Y nacionalizar bajo control obrero a toda empresa que no cumpla, cierre o despida. Asimismo hay que fomentar el empleo genuino por un lado repartiendo las horas de trabajo sin reducir el salario y por el otro invirtiendo desde el Estado en promover un amplio plan de obras públicas que multiplique la economía a favor de los trabajadores.
Estas medidas, integradas en un plan económico obrero y popular, deben ser la bandera de lucha para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Los despidos y el ajuste se van a frenar con un paro general y un plan de lucha que le dé continuidad. Eso es lo que hay que reclamar y preparar desde abajo, junto con debatir estas y otras medidas de emergencia como las que estamos proponiendo.

Perlas negras de la dirigencia sindical

Caló: «Los empresarios tienen que ayudar económicamente, así zanjamos este mal momento. No quiero que haya despidos, sean las pymes o las grandes empresas. No pedimos ninguna locura».
Barrionuevo: «No hay ninguna posibilidad de realizar un paro general a un Gobierno que recién empieza».
Moyano: «Con buen criterio, a mi entender, el Gobierno ayuda rápidamente a los empresarios… no pretendo un co-gobierno, pero tienen que entender que hay que consultar al movimiento obrero antes de implementar ciertas medidas».
Pereyra, dirigente petrolero y segundo de Moyano en la CGT: «Todos los que estamos acá lo queremos acompañar y todo el movimiento obrero quiere que le vaya bien en su gestión».

Triaca, astilla del mismo palo

El 9 de mayo, en una reunión en el Congreso, ante críticas a su padre el ministro de Trabajo lagrimeó… Al respecto, nuestro dirigente Alejandro Bodart afirmó: «Igual que su jefe, el capitalista Mauricio Macri, Jorge Triaca es astilla del mismo palo de su padre. Como burócratas sindicales privilegiados y ministros de gobiernos de derecha, ambos son doblemente traidores a la clase trabajadora. En el prontuario de Triaca padre quedó la fastuosa fiesta de 15 de su hija, que costó lo que un obrero ganaría en diez años.»

¡Flor de indemnización, Galuccio!

Días atrás, el gobierno macrista autorizó pagarle nada menos que 72 millones de pesos al titular de YPF por dejar su cargo. Miguel Galuccio fue designado en ese puesto por Cristina Kirchner y firmó el pacto entreguista con Chevron, incluido el fracking contaminante y las famosas cláusulas todavía secretas. Pero Galuccio es un funcionario público, cuyo sueldo pagamos todos. El costo de su «despido» equivale a 12 mil salarios mínimos. Si la ley anti-despidos incluyera indemnizaciones como la suya, daría gusto ser despedido…

Guillermo Pacagnini