En un intento de frenar y desviar la bronca popular por las tarifazos, Macri anunció el envío al Congreso de una ley ómnibus que contemplaría el pago de los juicios a jubilados y algunas mejoras más, asociada a un blanqueo de capitales no declarados en el país o el extranjero. Veamos qué hay detrás de esos anuncios.
Es evidente que el gobierno censó la caída de su popularidad, que se aproxima a 2-3% de caída mensual desde que asumió. El «mal humor social» como gustan de llamarlo los encuestadores sin embargo, pegó un salto en los últimos días cuando empezaron a llegar las boletas de gas con hasta el 1300% de aumento en provincias gélidas como las patagónicas. El salto en la bronca popular generalizado en todo el país, con gobernadores e intendentes reclamando que no se aplicara en sus provincias tal aumento, «frazadasos» en Mendoza, fueron una clara luz roja para el gobierno, que trató de retomar la ofensiva política a través del anuncio de esta ley.
¿Qué propone el gobierno?
Aunque todavía no está el proyecto blanco sobre negro en el Congreso, según lo anunciado por el propio Macri, el Estado se haría cargo de pagar los juicios que los jubilados han realizado por mala liquidación de sus haberes, ya sea que tengan sentencia firme o estuviesen en curso. También recompondrían de manera automática las jubilaciones aunque no hayan iniciado juicio. Eso sí, al parecer la tasa que se les reconocería a través de esta ley sería menor a la que les corresponde, también les harían firmar que nunca más pueden reclamar ante la justicia y lo adeudado se lo devolverían en cómodas cuotas hasta en 4 años (para gente que supera los 75-80 años eso es mucho tiempo) y ¡hasta puede que sea en bonos y no en efectivo!
Habría otras mejoras como una jubilación «universal» a todo aquel mayor de 65 años, aunque no tenga los 30 años de aportes, que sería del 80% de la jubilación que le correspondería si tuviese los 30 años aportados.
Nada dice el proyecto de mejoras efectivas en el monto de las jubilaciones, que en su inmensa mayoría son la mínima. Tampoco recompone la situación de los monotributistas que también cobran la mínima, así hayan aportado durante 30 años la máxima alícuota que les exige la AFIP.
Un blanqueo disfrazado
Fiel a su línea de beneficiar a los grandes capitalistas, Macri asocia esta ley a un blanqueo de capitales (lo llama amnistía), para todos los que tengan plata no declarada a los que les cobrarán un 10% de lo declarado. De aquí saldrán los fondos para pagarle a los jubilados. Piensan obtener más de U$S 20.000 millones y que esos capitales volverían en inversiones que reactivarían la economía. Son especulaciones optimistas, no realidades, recordemos el fracaso del blanqueo de Cristina con sus famosos Cedines que no juntó ni el 10% de lo que pretendía.
Curiosamente ni Clarín, ni los demás grandes medios de comunicación hablan ahora de que pueden blanquearse dineros del narcotráfico o de otros delitos, más allá de que por definición estos blanqueos siempre son una estafa, cuando los trabajadores pagamos el 40% de lo que ganamos en impuestos varios, los grandes evasores que se guardaron toda la plata, ahora con sólo pagar el 10% estarían limpios de culpa y cargo.
También son cómplices el FPV-PJ y el Frente Renovador que ya se apresuraron a dar su apoyo en general, más allá de reservarse el derecho a alguna pequeña modificación al proyecto en el Congreso y sólo se quejan del apuro del gobierno en aprobarlo.
La salida que proponemos desde el MST
Es justo pagarle a los jubilados lo que les corresponde, pero con esto no alcanza. Más del 70% de los jubilados cobran la jubilación mínima que no llega a los $5.000, cuando la canasta familiar supera los $15.000 (sin contar el tarifazo del gas).
Por eso proponemos un aumento generalizado de las jubilaciones que cubra el costo de la canasta familiar y actualizada cada 3 meses según la inflación, para todo aquel trabajador que tenga más de 65 años. Los fondos deben salir no del miserable 10% del blanqueo de Macri, sino de impuestos progresivos a las grandes ganancias y fortunas y de la confiscación total de los bienes de todos los evasores (nadie puede creerse que Lázaro Baez con sus 500.000 hectáreas y cientos de millones y empresas truchas sea el único, ni que los evasores sean privativos del FPV).
Plata sobraría para garantizar jubilaciones y salarios dignos si avanzamos también en nacionalizar la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, que después blanquean con gobiernos amigos los grandes grupos económicos.
Gerardo Uceda
