La gobernadora María Eugenia Vidal decretó cómo debían publicarse las declaraciones juradas de bienes de sus funcionarios. Una sintética, pública, y otra más extensa pero reservada, sancionando con hasta dos años de prisión a quienes revelaran el contenido real. Su amenaza al periodismo generó tal repudio que tuvo que recular.
A su vez Macri intentó algo similar con su proyecto de ley de blanqueo. Para hacer pasar el perdón a las truchadas del Panamá Papers y otras estafas de capitalistas y funcionarios, incluyó penas de prisión y cobro de multas por igual valor al blanqueo a quienes divulgasen nombres y datos. Se armó tanto lío que también se vio obligado a retirar el artículo.
El ajuste sólo cierra con represión y mordaza. Macri y los gobernantes buscarán avanzar hasta donde puedan. Hay que enfrentar y derrotar todo nuevo intento de recorte a la libertad de prensa y expresión.

R. T.