El repudio gana las calles al ver al ex secretario de Obras Públicas, mano derecha de De Vido, escondiendo un millonario botín en un monasterio. Otro capítulo de la ruta del dinero K y otra cara de la moneda, porque la corrupción reina también entre los funcionarios y socios del gobierno macrista. Hay que atacarla con medidas de fondo.
Esta vez fue José López, el número dos del ex ministro De Vido, arrestado con 8,5 millones de dólares en bolsas y otros objetos de valor. A López lo encontró la policía tras el llamado de un vecino al 911, después de haberlo visto tirar bolsos por sobre el muro del monasterio de General Rodríguez.
Más allá de los ribetes bizarros, sorprende el efecto dominó con que se destapan las ollas de la corrupción del gobierno anterior. Desde el caso Ciccone-Boudou y las coimas de Jaime hasta los negociados de Lázaro Báez y Cristóbal López, incluida la imputación a Cristina por los dichos de Fariña, en todos los casos hay usufructo de bienes del Estado entre funcionarios y empresarios amigos.
La indignación por el caso de López la aprovecha el gobierno de Macri, con ayuda de su prensa adicta, para barnizar el feroz ajuste en curso y también la corrupción propia. Es que unos con perfil grotesco, otros con guante blanco y al amparo de la “legalidad” de ser gobierno hoy, son dos caras de la misma moneda: el saqueo y la corrupción del modelo capitalista. ¿Y las offshore de Macri en Panamá?, ¿Y las cuentas millonarias de Melconian en el exterior? ¿Y el blanqueo para los empresarios amigos?
Aranguren, el ministro más criticado por el tarifazo serial, es accionista de Shell y pretende ser el centinela de las privatizadas que curran en el negocio de la energía. Ostentan sus riquezas mientras el pueblo es saqueado por las mismas corporaciones que ellos integran.
Para terminar con la corrupción
La corrupción es inherente al sistema. Implica connivencia entre las corporaciones y todo el aparato del Estado, incluida la policía y la justicia. Para erradicarla hacen falta cambios institucionales y económicos de fondo.
Pero esta justicia no puede actuar con imparcialidad y por eso proponemos una CONADEP de la corrupción que investigue todo. Entre otras medidas, hay que terminar con todos los privilegios políticos: que ganen como una directora de escuela y sus cargos sean revocables. Y si son condenados, embargar sus bienes y que devuelvan lo robado.
También hay que democratizar la justicia, elegir los jueces y fiscales por voto popular, con mandatos revocables y limitados e implementar los juicios por jurados con vecinos sorteados del padrón.
Junto a disponer mecanismos de control social de los presupuestos públicos, son los primeros pasos para terminar con la lacra de la corrupción, sea del palo que sea.
Guillermo Pacagnini
