El presidente de la Nación declaró días atrás que la justicia laboral debería ser “más ecuánime”, en favor de los empresarios. Consideró que, para que lleguen las ansiadas inversiones capitalistas, hace falta “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. Tomando de modelo la época menemista, busca profundizar la flexibilización laboral.
Según Mauricio Macri, la justicia laboral falla demasiado en favor de los trabajadores. Se ve que ignora por completo los Principios del Derecho del Trabajo, cuya clave es precisamente la protección del trabajador. Uno de sus pilares es equilibrar las relaciones entre las partes, ya que de hecho la voluntad del trabajador se encuentra subordinada a las decisiones del empleador frente al temor a la pérdida del salario necesario para proveer a su familia.
Un ejemplo claro de las intenciones antiobreras de Macri es el acuerdo precarizado que firmaron con la multinacional norteamericana McDonald’s. Otro es el plan de traspaso del fuero laboral federal a la Ciudad de Buenos Aires, un cambio de jurisdicción que vulneraría los derechos de miles de trabajadores. Aparte del perjuicio a los empleados judiciales, aumentaría la cantidad de instancias de los procesos y la composición de la jurisdicción porteña es desfavorable. El macrismo busca vaciar el fuero laboral, derivando los accidentes y enfermedades de trabajo al ámbito de la Seguridad Social y los juicios de índole colectiva al ámbito de la CABA, en donde no se aplican los principios y presunciones del Derecho del Trabajo.
Por otra parte, a raíz de los fallos judiciales contra los tarifazos, Macri criticó públicamente a los jueces por “obstruir por razones ideológicas las políticas en materia económica o de seguridad” de su gobierno. Así busca ser dueño y señor de los tres poderes del Estado, olvidándose del principio constitucional de la división de poderes y la no injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, que tanto pregonó en su campaña electoral.
En su paso por la gestión del gobierno porteño, Macri recusó en miles de causas a un juez, intentó modificar el Consejo de la Magistratura, quiso cercenar el derecho de amparo y cuestionó a varios magistrados por limitar decisiones suyas que afectaban derechos sociales. Como hacen todos los gobiernos, ubicó a jueces adictos en varios estamentos.
Sólo podremos tener un sistema judicial realmente respetuoso de los derechos del trabajador e independiente del poder político cuando, como parte de un cambio social e institucional de fondo, los jueces y fiscales sean electos y revocables mediante el voto popular y se implementen los juicios por jurados populares, integrados por vecinos sorteados del padrón electoral.
Vanesa Paola López, Equipo de Abogadas y Abogados del MST
