El ministro de Agroindustria anticipó que “el Congreso va a discutir una nueva Ley de Semillas”. Desde 2012 se intenta sustituir la actual legislación en esa materia por nuevas exigencias de las corporaciones del sector. Queremos explicar de qué se trata, desenredar esta madeja.
Durante el siglo XX y lo que va de este, la humanidad perdió casi el 80 % de las variedades de semillas y plantas comestibles. En paralelo hubo una concentración del negocio de la comercialización de semillas. Seis empresas en el mundo controlan el 65 % del mercado: Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont, Dow y Basf.
¿Cómo es el negocio? Desde hace algunas décadas se produjo la llamada “revolución verde”, es decir, la industrialización a gran escala del campo y de la comida estandarizada a escala planetaria. Lo nuevo en los últimos 20 años es el desarrollo de la biogenética aplicada a las semillas, que estimuló una orientación capitalista muy precisa: privatizar, por medio del patentamiento, las semillas y, por esa vía, controlar qué se puede sembrar, cuánto, quiénes y su valor de cambio, de venta. En pocas palabras, la orientación es controlar la comida del mundo.
Al servicio de ese objetivo se presiona a los gobiernos de cada país productor para que legislen en el sentido de avalar el patentamiento de semillas. Durante 10 mil años el desarrollo social planetario de la agricultura produjo semillas, las generó, y las adaptó. No tienen “inventor”. Tomar semillas y registrarlas como propias es un absurdo injustificable, salvo desde la lógica del negocio mercantilista.
Si una semilla es un producto con dueño privado, entonces hay que comprarle a ese dueño, no se pueden compartir, ni regalar, ni nada. En todo caso se pagan regalías por su uso. Se rumorea que la versión de la Ley de Semillas que propone el PRO, toma como referencia los modelos internacionales: regalías y condena por uso no declarado, llegando a la confiscación de cosecha y cárcel.
Los mosqueteros del agronegocio
La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), es de alguna manera el “gremio” de los capitalistas del agronegocio en el país. Del 3 al 5 de agosto realizarán su congreso anual y anuncian la presencia del ministro Buryaile, presumiblemente para anunciar el ingreso parlamentario de la nueva Ley de Semillas.
Esta entidad nuclea y financia la producción de discursos para intentar ganar la opinión pública a favor del agronegocio. Tiene gerentes propios y en el Estado que reportan directamente al complejo semillero. Un caso emblemático es el del investigador de Exactas (UBA) Esteban Hopp. Sintetiza todos los rasgos del intelectual “transgénico”.
Primero, tiene una doble vida profesional-laboral. Es empleado del INTA -que se supone controla el agronegocio- e impulsor de una campaña de legitimación con discurso técnico de los transgénicos que se llama Argenbio. Esta recibe financiamiento de Monsanto, Syngenta, Dow. Pero Hopp no tiene contradicciones ni tampoco acepta debatir con los “ecofundamentalistas” que cuestionamos el sentido social del agronegocio.
Hay un organismo -la CONABIA- que hace 20 años autoriza transgénicos a las corporaciones. Lo inventó Hopp. Hasta hace poco no se sabía quienes lo integraban. Ahora sí: el 60 % de sus técnicos trabaja además para las empresas cuya autorización deben otorgar. No solo eso. Se supo después de casi 20 años de secretismo en sus informes de aprobación de eventos transgénicos, que las investigaciones se basan en estudios privados presentados por las empresas. Todo dicho.
¿Y ahora quién podrá defendernos?
La contraofensiva del lobby semillero hace parte del plan global que intenta ejecutar el PRO-Cambiemos. Es una pelea abierta, una lucha desigual pero de final abierto. En el gobierno anterior parecía también que pasaba sí o sí la legislación transgénica. Sin embargo, la fuimos frenando entre muchos sectores y nosotros reivindicamos nuestro aporte, siempre inclaudicable e independiente de todos los gobiernos capitalistas. Ahora con Macri en el gobierno, con el giro hacia la Alianza del Pacífico y el TPP, se impone más que nunca una primera tarea: costurar una amplísima unidad en la acción concreta para enfrentar la nueva escalada del agronegocio. Nosotros y nosotras nos planteamos contribuir en ese plano, el de la movilización.
Pero además nos planteamos una propuesta alternativa, de ruptura anticapitalista, que plantea la comida como derecho social y la soberanía alimentaria como principio. Así impugnamos el agronegocio y planteamos la agroecología sin transgénicos manipulados por corporaciones ni agrotóxicos como salida. Agricultura de proximidad vinculada a las necesidad nutricionales del 99 % y planificación democrática con intervención estatal para producir lo necesario. Y obviamente: una profunda reforma agraria y el repoblamiento del territorio con finalidad social mayoritaria, no capitalista privada.
Mariano Rosa
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