Unos revolean bolsos, otros montan empresas en el extranjero para lavar y evadir. Y ambos incumplen sus declaraciones juradas. En eso también son muy parecidos: usan el poder para currar y esconden sus patrimonios a la sociedad. Hay que terminar con los privilegios políticos y enfrentar a fondo la corrupción.
Transparencia. Fue una de las promesas electorales de Mauricio Macri. Sin embargo, la claridad de las cuentas de quienes gobiernan no llegó. Primero fueron los Panamá Papers y las decenas de sociedades off-shore. Luego Juan José Aranguren de ministro de Energía, el mismo que tiene millones en acciones de la corporación multinacional Shell. Ahora las declaraciones juradas obligatorias, no presentadas. La transparencia brilla por su ausencia.
El dato lo tuvo que dar la propia Oficina Anticorrupción: de los 47 mil funcionarios políticos que debían presentar sus declaraciones juradas, sólo lo hizo bien poco más de la mitad. Y saltó la tosca, ya que debían presentarlas tanto los funcionarios del PJ y el FPV que dejaron el gobierno como los macristas de Cambiemos que lo ejercen ahora. Los políticos de los partidos del sistema están todos cortados por la misma tijera de la corrupción.
Privilegios para nadie
Los que gobernaron durante 12 años y los que gobiernan hoy tienen mucho para ocultar. Tienen ingresos millonarios, legales e ilegítimos o ilegales, mientras que nosotros hacemos malabares para llegar a fin de mes. Y como si eso fuera poco, cada día salen a la luz nuevos casos de corrupción. No nos acostumbremos a presenciar semejantes muestras de descomposición estructural.
Cristina, que durante años criticó a quienes ahorraban en dólares, tiene sus ahorros millonarios en esa moneda. Lo mismo su hija Florencia, en cuyas cajas guarda más de 7 millones de dólares. Pero más grave que la fortuna personal dudosamente acumulada es que Cristina, como máxima responsable política del país, no podía ignorar los Báez, López, De Vido, Jaime, Boudou y tantos otros casos flagrantes.
Por supuesto, el macrismo utiliza esos hechos para ocultar su brutal plan de ajuste y de paso, su propia corrupción. Y como siempre, la justicia del sistema actúa en forma funcional al poder político de turno.
Bajo el sistema capitalista pareciera que ser político es el negocio más rentable. Es más; existe una “casta política” que se beneficia de los negociados que hace desde el poder. Detrás de esos chanchullos están las corporaciones y grandes empresas, que para garantizar sus fabulosas ganancias a como dé lugar, pagan coimas, compran funcionarios o consiguen sobreprecios escandalosos en las contrataciones de obra pública.
Es necesario terminar de una vez por todas con la corrupción y los privilegios políticos. Como la existencia condiciona la conciencia, si todos los funcionarios políticos ganaran sueldos más cercanos al promedio general no tendrían tanta insensibilidad hacia los problemas del pueblo.
Los funcionarios políticos, de presidente a concejal, deberían tener un sueldo igual al de una directora de escuela de jornada completa. Porque mientras según Macri nosotros deberíamos andar con bufanda y campera adentro de nuestras casas, él y su esposa se muestran en remera y en patas. Y todos los cargos políticos deben ser revocables: si no cumplen con sus promesas, reciben coimas o estafan dineros públicos, deberían dejar sus puestos y ser embargados hasta restituir lo robado.
Una CONADEP de la corrupción
Casos de corrupción que no dejan de aparecer, patrimonios personales no declarados y responsables de organismos adictos al poder, monjas incluidas. Una combinación intolerable que da como resultado privilegios e impunidad para quienes nos gobiernan y falta de justicia para todos nosotros.
Mientras que a Macri le aparecían una empresa tras otra en paraísos fiscales y a Aranguren acciones en Shell, la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, seguía defendiendo a “sus” funcionarios en contra de los intereses del pueblo.
Por eso nuestra propuesta es que se conforme una CONADEP de la corrupción, única forma de poder llegar a fondo en la investigación y el castigo de todos los casos, sean del color político que sean. La larga “siesta” de la justicia argentina no debe durar años y años, hasta que cambie de signo el gobierno. En concreto, ahora no tendríamos por qué esperar a que termine el gobierno de Macri para investigarlo a él, a sus ministros y demás funcionarios. Si no, es impunidad.
Es necesario que se conforme una comisión investigadora independiente, para que reciba denuncias, investigue todo y luego la justicia procese a los responsables. Debería estar integrada por personalidades independientes, reconocidas e intachables. Junto con eso, hay que democratizar la justicia mediante la elección de jueces y fiscales por voto popular. Es el camino para poner fin a la corrupción y a los privilegios de la “casta política”.
Flor Carral
