El rimbombante anuncio de la “cobertura universal de salud” de Macri es en realidad una gigantesca estafa a la población. Y parte de la “bala de plata” con la que adornó a la burocracia para mantener la gobernabilidad.
La necesidad de amainar la conflictividad creciente, llevó al presidente a utilizar, al decir de La Nación, una “bala de plata”. Literalmente se trata de plata para la burocracia sindical, a cambio de una preciada contraprestación: la paz social. “Con esta jugada, Macri ratificó la tregua que habían sellado los ministros Jorge Triaca (Trabajo) y Jorge Lemus (Salud) con la cúpula de la CGT, hace ya casi un mes.” (La Nación. 3/8/16).
Cobertura… al bolsillo cegetista
Siguiendo la lógica capitalista, la plata salió del bolsillo de los trabajadores. Macri ideó un perverso mecanismo de reparto de los $ 27.000 millones, el monto que alcanzó la histórica deuda que reclaman desde hace diez años los sindicalistas. El llamado Fondo de Redistribución Solidaria, se lo quedaba por completo el gobierno anterior, para chantajear y especular. Pero esa plata no era ni del estado ni de los dirigentes vendidos. Es plata de los trabajadores retenida de los aportes realizados a las obras sociales. Macri se la va entregando en cuotas a los sindicalistas al tiempo que se hace de un colchón de divisas para su caja política.
Un kilo de pan por mes
La parte menor, unos $ 8.000 millones, es la que va a “invertir” en el sector público de salud. Justamente cuando se necesita un shock de inversión en salud. Para sacar del colapso a un sistema de salud, que está desfinanciado, fragmentado y desjerarquizado por completo, con presupuestos históricamente de miseria, enviados por todos los gobiernos y votados casi por unanimidad en todas las legislaturas del país.
El PBI de nuestro país es aproximadamente de 545.000 millones de dólares. La inversión estatal es salud consolidada (la suma de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales) sigue estancada en el 2,7% del PBI. Unos 14.715 millones de dólares. Un aporte o refuerzo de $ 8.000 millones, es decir 533 millones de dólares, significa un aumento del 3% del gasto estatal consolidado. En términos de aumento en relación al PBI apenas un 0,1%. Cuando desde la FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud) se viene reclamando un presupuesto de emergencia que incremente esas cifras a no menos del 4% del PBI. Si dividimos los $ 8.000 millones por los no menos de 17 millones de habitantes sin cobertura de ningún tipo resulta que la famosa cobertura macrista equivale a $ 39 por persona. Es decir, un kilo de pan por mes. Indudablemente una estafa a la buena fe de la gente que necesitan urgentemente que los hospitales y centros de salud salgan de la crisis.
La letra chica: un paso hacia el arancelamiento
Detrás del soborno a los cegetistas y del verso de la inversión en salud, se esconde una maniobra pérfida: establecer que quienes “se atienden en los hospitales públicos tendrán una credencial…” No es otra cosa que el carnet de pobre, recomendado en los años 90 por el Banco Mundial como requisito para poder ser atendido en los hospitales. Es decir, quien no certifique su condición de pobre de toda pobreza no se podrá atender. Si tiene obra social, que siga engordando las arcas de los burócratas sindicales o de las patronales de la medicina. O tendrá que pagar directa o indirectamente un arancel. Como se ve, de universal no tiene nada. No sólo se intenta estigmatizar a los más necesitados. Se trata de montar un mecanismo hacia la llamada “autogestón”, impulsada desde el Banco Mundial para que el Estado cada vez invierta menos en salud y se generen mecanismos de financiamiento alternativos, como recobro a las obras sociales, pagos de bonos, aranceles y otros mecanismos que apuntan a que se privatice paulatinamente por diversos mecanismos el sistema. En lugar de una cobertura “universal”, se propende a un seguro de pobres que banque con poca plata un sistema público marginal.
La salud es un derecho
El seguro de pobres y los intentos de privatización abierta o encubierta fueron cambiando de nombre. En los 90 fue la Ley de autogestión y otras normas depredadoras. Con la lucha impedimos que se implementen. Luego vinieron el plan Nacer y el Sumar del anterior gobierno. Todos fracasaron al quedar expuesta su esencia de un mero plan focal de poca monta. No lograron ni el seguro ni la privatización, pero fueron desfinanciando el sistema. Hoy el macrismo vuelve a la carga. No podía ser de otra manera ya que es una pieza clave en su rompecabezas neoliberal. Hay que rechazar el plan de Macri y sus burócratas aplaudidores. Hay que democratizar las obras sociales para que la plata vuelva a los trabajadores. Y avanzar en incorporarlas a un sistema único de salud, verdaderamente universal, gratuito y financiado por el Estado desde rentas generales. Desde ya, la plata para su financiamiento deberá provenir de la que hoy se destina a la deuda externa y de una reforma tributaria donde los ricos y las corporaciones aporten para la salud de todo el pueblo.
Guillermo Pacagnini
