El 30 de agosto Macri anunció pomposamente una campaña para erradicar el narcotráfico de la Argentina. 

Junto a él y altos funcionarios de su gobierno, se dieron cita en Tecnópolis el presidente de la Suprema Corte de Justicia, gobernadores aliados y de la «oposición», y el líder del FR Sergio Massa. Tras la declaración de «guerra» a los narcos, se detallan un paquete de medidas esencialmente represivas que, de acuerdo a las exigencias de EE.UU. pretenden involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate, y que no van atacar a las mafias del delito como se promete.
En su discurso el presidente se ocupó también de reivindicar el accionar de la Iglesia, quien a los pocos días le devolvió la «gentileza» al señalar que el kirchnerismo había minimizado el narcotráfico.
Tras la promesa de «erradicar el paco», el centro de las distintas propuestas es ir contra el consumo individual y no contra las mafias del delito. Toda la demagogia sobre la inclusión social y la prevención desde la primera infancia, se da de bruces contra una política económica que ha generado un millón y medio más de pobres en sus primeros meses de gobierno, junto a un achique brutal del poder adquisitivo de la mayoría de la población en beneficio de los grupos concentrados de la economía.
La coordinación entre las distintas fuerzas represivas y la intervención de las Fuerzas Armadas, repite el modelo aplicado por los yanquis que a través de la DEA, lejos de combatir el narcotráfico, disputa el monopolio mundial del mismo, en colaboración con las Fuerzas Armadas y aparatos de seguridad de los países donde opera. Ahora la DEA viene a instalarse nuevamente a la Argentina. De paso se continúa con la política de «rehabilitación» de los milicos que Macri viene aplicando.

Contra la despenalización

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha señalado la oposición del gobierno a la despenalización del consumo individual. Esta es una medida imprescindible para combatir a las mafias arrancándoles el monopolio de la droga.
El gobierno va contra los progresos legales en la materia de nuestro país, que desde el fallo Bazterrica (1986) al fallo Arriola (2009), llevó a pronunciarse a la Corte sobre la tenencia para consumo personal, como una acción privada no punible. El fallo Arriola señaló que las acciones privadas están protegidas por el art. 19 de la Constitución Nacional y declaró que es inconstitucional el art. 14 de la actual Ley de Estupefacientes 23.737, que sanciona la tenencia con pena «de un mes a dos años de prisión.»

Las mafias siguen haciendo su negocio como en la era K

Nuestro país ha dejado de ser un país de tránsito para convertirse en un país productor y el mayor consumidor de Latinoamérica. El paco sale de las cocinas de cocaína locales.
Si esas cocinas y el conjunto del negocio existen, es por la total complicidad del aparato policial, judicial y de los funcionarios políticos con el narcotráfico. Lo mismo con el «colador de la frontera», existe porque la Gendarmería y la Prefectura están dedicadas a la represión interna y no a cuidar las mismas, y además son cómplices del delito.

Despenalizar el consumo y liquidar las mafias

La drogadicción es ante todo un grave problema de salud pública. Las políticas represivas contra el consumidor como las que se aplican en nuestro país, en el cual el 70% de las causas en el fuero federal apuntan al consumo y solo el 3% al tráfico, son las que fortalecen aún más a las mafias. Por eso es necesario la despenalización del consumo individual, una política de prevención y asistencia integral, que en este gobierno, como en el anterior, no pasan del mero discurso, ya que no hay presupuesto adecuado para las necesidades.
En lugar de reprimir, necesitamos un shock de inclusión para un millón de jóvenes «ni, ni», para que puedan estudiar, trabajar, vivir en una vivienda digna y tener un futuro.
Sólo la intervención popular puede desmantelar el narco negocio. Empezando por el barrio, los vecinos conocen donde está el desarmadero y el dealer, y conocen cómo la policía se hace la distraída. Es necesario que los vecinos elijan al comisario, y que se democratice la fuerza, echando a los represores y corruptos, y permitiendo la más amplia y democrática sindicalización de la tropa, para que se termine la «obediencia debida» y pueda ser esta una herramienta de control interno.
Debe prohibirse expresamente el uso de las Fuerzas Armadas junto a la Gendarmería y a la Prefectura en el control del narcotráfico. Hay que purgarlas y democratizarlas en el mismo sentido que proponemos para la policía.
Hay que terminar con los jueces de por vida, con grandes sueldos y privilegios, nombrados por el poder político de turno. El pueblo tiene que poder elegir por voto popular a jueces y fiscales, por periodos cortos y con posibilidad de revocarlos. Y los juicios por jurado tienen que ser la norma y no la excepción.

El narcotráfico y la crisis

El incremento exponencial del negocio de la droga viene atado a la crisis y decadencia del sistema capitalista, que busca «nichos» rentables donde valorizar el capital. El deterioro de las formas «clásicas» de acumulación trae como consecuencia un aumento importante de la corrupción entre funcionarios y empresarios. Antes los K, ahora los macristas. Hace falta una verdadera Conadep contra la corrupción, que en forma independiente del Estado, pueda investigar con plenos poderes el negocio del narcotráfico en la Argentina.

Gustavo Giménez