En junio, el macrismo presentó en el Congreso un proyecto de ley para terminar de transferir toda la justicia nacional al ámbito porteño, estableciendo que se hará en no más de 7 años. El proyecto no establece ninguna modalidad para fijar los salarios y la carga horaria de los trabajadores que pasarían de la órbita nacional a la Ciudad ni tampoco el reconocimiento de la antigüedad para calcular las jubilaciones. Lo escueto de esa ley tiene como consecuencia un decreto reglamentario que dictarán Macri y sus ministros.
Hoy la Ciudad tiene una competencia limitada en la administración de justicia. Una vez terminado el traspaso, alcanzará más de mil dependencias. Esto encamina la intención de Macri de ser juez y dueño de las resoluciones en materia judicial a fin de implementar sus proyectos neoliberales y limitar la admisibilidad de victorias en los derechos laborales. Hace poco solicitó “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte” y acusó a los trabajadores de “inventar juicios” y del “ausentismo” en las empresas.
La potestad absoluta de un decreto reglamentario conlleva la pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores, máxime teniendo en cuenta que el ministro de Justicia planteó la necesidad de modificar varias leyes en función del traspaso. El proyecto macrista no obedece a inquietudes de la ciudadanía ni contribuiría a mejorar el funcionamiento de los tribunales. Además, el traspaso costaría unos 8 mil millones de pesos.
A su vez, el macrismo tiene listo un nuevo proyecto de ley para reformular el régimen de riesgos del trabajo (ART). Intentan reducir la “litigiosidad” contra el sistema, que según ellos supone un alto costo laboral y “aleja las inversiones privadas”. Así, las controversias por accidentes o enfermedades laborales deberían dirimirse no el fuero laboral sino en el fuero federal de la seguridad social.
Pero este último, aparte de colapsado, antes de poder realizar el reclamo judicial obliga al trabajador a pasar por una instancia administrativa previa (comisiones médicas), que en el fuero laboral se considera inconstitucional. O sea, pérdida de tiempo y nuevas trabas procesales.
En defensa de los docentes fueguinos
Repudiamos la ofensiva gubernamental, que intensifica las persecuciones y sanciones a los que luchan. Así sucede con 17 docentes del SUTEF, perseguidos por la gobernadora fueguina Rosana Bertone (PJ). En primera instancia, la justicia les quitó la tutela sindical a los dirigentes y delegados para luego poder exonerarlos.
Vanesa Paola López, Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
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