Con el hashtag #ParaQueNoTePase, familiares de víctimas fallecidas en episodios violentos de diversas características convocaron a una marcha contra «la inseguridad, la injusticia y la impunidad», el martes 11, en la Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires.
Pese al apoyo de grandes medios que reiteraron la convocatoria, y al respaldo de funcionarios macristas -como el ministro de Justicia Germán Garavano-, la concentración fue pequeña, confusa y sin eco nacional.
La amplitud de la convocatoria, que iba de familiares o víctimas de masacres de Estado como las de Once y Cromañón hasta las víctimas de un robo, femicidio o siniestro vial, podía interpelar a cualquiera que haya perdido a un ser querido. Entendemos su dolor y su reclamo de justicia. Pero la marcha no diferenció responsabilidades y tuvo un programa ambiguos que no ataca las causas de la inseguridad. Se plantearon consignas ligadas directamente al accionar judicial: contra «la puerta giratoria» y el incumplimiento de las condenas, por el respeto a las leyes. Los testimonios fueron de muchísimo dolor y bronca, con exigencias y denuncias a fiscales y jueces. Aunque algunos de los participantes se expresaron con firmeza contra la «mano dura» y la justicia por mano propia, también se escucharon propuestas de mayor punición y rigor represivo. La presencia de Juan Carlos Blumberg y el explícito apoyo del gobierno de Macri colaboraron con el sesgo autoritario.
¿A quién beneficia el delito?
La impunidad, la inseguridad y la falta de justicia son hechos de la realidad. Pero queremos debatir el porqué. ¿Quiénes las gestan, las provocan, las sostienen? ¿En beneficio de quién? ¿Y qué medidas necesitamos para terminar con esto?
Una de las expresiones más repetidas por los organizadores de la marcha fue que «el Estado está ausente» y usaron ese aspecto como unificador del reclamo. Entendemos que todos los casos son de víctimas de crímenes en donde faltó respuesta del Estado en algunas o todas de sus facetas: justicia, gobierno, fuerzas de seguridad. Pero creemos que el Estado no está ausente en absoluto sino muy presente, ya que es responsable en casi todos los casos, por acción u omisión. Y ante esto, la respuesta debe ser mucho más profunda que endurecer las penas. Está demostrado que las políticas sostenidas por los sucesivos gobiernos para fortalecer la «presencia» del Estado, como las leyes Blumberg votadas y apoyadas por el gobierno anterior, sólo criminalizan la pobreza y no resuelven nada. Es al revés: el punitivismo contra el pequeño delito fortalece a los aparatos organizadores del gran delito, que son a los que tenemos que enfrentar.
La inseguridad como lema abstracto, sin especificar causas y con reclamos poco claros, da pie a que el gobierno macrista justifique sus políticas represivas, como la militarización de la Provincia de Buenos Aires. Al conurbano sur ya llegaron los primeros 1.200 gendarmes. No creemos en los enunciados del gobierno sobre combatir las mafias. Por el contrario, creemos que despliegan miles de efectivos para imponer el disciplinamiento a los jóvenes y al pueblo trabajador. ¡Que la Gendarmería vaya a cuidar las fronteras, por donde entra la droga, en vez de militarizar los barrios populares! Si no se cambia la matriz represiva, vertical y corrupta de las fuerzas policiales y de seguridad, terminarán en connivencia con los grandes delitos: narcotráfico, redes de trata, juego clandestino o desarmaderos de autos.
Matar la víbora por la cabeza
La mayor violencia e inseguridad están ligadas al delito económicamente organizado, que funciona con la complicidad o el aval del poder. Buena parte del delito es directamente la corrupción estatal y las coimas y negociados entre funcionarios y empresas privadas.
Además la falta de oportunidades, la marginalidad y la exclusión social que genera este sistema capitalista decadente les permiten a las mafias reclutar mano de obra barata entre los sectores más vulnerables. ¿Cómo no va a ser así si en el país tenemos más de un millón de jóvenes «ni-ni» entre 18 y 25 años? Detrás de cada pibe que chorea un auto siempre hay un comisario, juez o puntero político que regentea un desarmadero.
Por eso nuestra primera propuesta frente a la inseguridad es de carácter socio-económico: un plan de shock de inclusión juvenil educativa y laboral. Y dar un combate de fondo y sostenido contra la desigualdad social.
A su vez alguna gente cree que más policía equivale a más seguridad. Pero es ingenuo, porque la policía es parte activa del delito. Así lo confirman los casos de Santa Fe, Córdoba y tantos otros. Lo urgente entonces es atacar de raíz el triángulo de impunidad entre justicia, policía y poder político. Para lograrlo, es clave encarar una profunda depuración y democratización de todo el aparato judicial y policial. Eso arranca por separar, enjuiciar y castigar a todo funcionario de esas áreas involucrado en hechos de represión, corrupción u otros delitos.
También hay que implementar en todo el país los juicios por jurados populares (que figuran en la Constitución desde 1853 pero casi no se aplican) y elegir los jueces y fiscales por voto popular, en elecciones separadas de las de cargos políticos, para que no sean vitalicios sino con mandato limitado y revocables en caso de corrupción o inoperancia.
Lo mismo con los comisarios: elegirlos por voto directo para que le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político. Además, otorgar el derecho a la sindicalización de las bases de la policía y las fuerzas de seguridad, así como establecer un control social sobre las comisarías.
Estamos convencidos de que hay que aplicar este tipo de medidas, firmes, pero las únicas para cortar de raíz con los crímenes que tanto dolor Y bronca nos provocan. Para lograrlas, tenemos que organizarnos, exigir y dar pelea. Así empezaríamos a terminar de una vez por todas con la inseguridad y la impunidad.
Victoria Marro
