El gobierno acordó con la oposición y los movimientos sociales auspiciados por la Iglesia impulsar una Ley de Emergencia Social que no resuelve nada y pretende enchalecar la protesta para hacer pasar el ajuste.
El acuerdo, que se concretó el 23 de noviembre, contempla aprobar una ley de emergencia consensuada en sesiones extraordinarias del Congreso en diciembre. La medida se extendería durante tres años, contaría con un presupuesto de $30.000 millones, fundamentalmente para planes sociales, e incluye el compromiso de las organizaciones firmantes de abstenerse de la protesta social durante los tres años que durará la emergencia.
Estas organizaciones, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie (Libres del Sur), vienen de negociar, a pedido del Papa y junto a la CGT, un bono de fin de año miserable y algunos beneficios más a cambio de darle al gobierno macrista la «paz social» que tanto necesita para aplicar el ajuste. A espaldas de los trabajadores, aceptaron convertirse en cómplices del ajuste. Con este nuevo acuerdo, sellaron su matrimonio con el gobierno macrista.
El noviazgo
El 19 de noviembre un conjunto de movimientos sociales encabezados por la CTEP (conducido por el Movimiento Evita), la CCC y Barrios de Pie, junto a la CGT, realizaron una marcha para exigir la sanción de una ley de emergencia social. La jornada tuvo un escenario con extraños discursos que hablaron del ajuste pero no llamaron a ninguna medida de lucha. Hubo críticas al gobierno de Cristina del que varios fueron parte y elogios al Papa Francisco.
El proyecto de ley tenía como puntos centrales un aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la creación de un millón de puestos de trabajo en cooperativas ligadas a programas sociales. Llegó a ser aprobada en el Senado e iba camino a diputados cuando el gobierno dijo que en caso de salir, Macri lo iba a vetar.
Este proyecto ya era en sí absolutamente insuficiente. No era ni por asomo una solución para los sectores de trabajadores informales que se encuentran sobreviviendo, en la mayoría de los casos, con ingresos de miseria; realizando trabajos precarios y por fuera de todos los acuerdos paritarios. Era de por sí una ley para calmar el malestar social y canalizar la bronca, pero que no resolvía los problemas reales, y encima se la iba a vetar. Es decir, se trató de una marcha por un proyecto legislativo destinado a fracasar pero que sirvió para no hablar de la necesidad de un plan de lucha o de un paro nacional.
No podía esperarse mucho de la CGT que le dió tregua al macrismo durante todo el año, y protagonizó la misma maniobra hace unos meses con el acto «de las cinco centrales» para apoyar la ley contra despidos que Macri terminó vetando. Tampoco de los movimientos sociales que vienen de peregrinar hace unas semanas hacia el Vaticano, donde evidentemente fueron bien instruidos para colaborar con el gobierno. Pero avanzaron todavía más de lo esperado.
Los votos matrimoniales
El miércoles 23 con los ministros Carolina Stanley y Jorge Triaca, el gobierno abrió una negociación en la que esos movimientos sociales aceptaron las condiciones del macrismo y firmaron un acta acuerdo vergonzosa.
Olvidando el reclamo del millón de puestos de trabajo y el aumento de 15% de la AUH, acordaron un mísero aumento de $400 pesos para las cooperativas que llegarían a un ingreso de $4000. Es decir que deja a este sector de los trabajadores $ 1.175,92 por debajo del salario que el INDEC marca como límite de la indigencia. Por supuesto, el acta tampoco contempla ningún mecanismo de aumento por inflación futura.
También hubo otro motivo para que aceptaran esta barbaridad. Ademas de los $ 30.000 millones hasta 2019, el gobierno se comprometió a crear un Consejo Consultivo de la Economía Popular que incluya a estas organizaciones. Así de barato le salió al macrismo comenzar la cooptación de estos movimientos que se autoproclaman representantes de los desocupados pero a los cuales nadie eligió y menos les dio autoridad para firmar acuerdos con el gobierno ajustador.
Pero como si todo esto fuera poco, cuando dieron a conocer el acta acuerdo eliminaron el párrafo que se refiere a la contraprestación, que implica abstnerse de participar de «cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza». Es decir, no luchar por los tres años que dure la emergencia social, período que casualmente coincide con los años que faltan para la finalización del mandato de Macri. El acta acuerdo completa terminó filtrada y saliendo a la luz en Página 12.
Este acuerdo, sus dirigentes y organizaciones firmantes, junto a la tregua de la CGT, pretende brindarle al gobierno la paz social que precisa para aplicar el ajuste. Pero la predisposición a luchar de los trabajadores y el pueblo no están en sintonía con este acuerdo por arriba. Por eso desde el MST seguiremos impulsando las luchas, y exigiendo el paro nacional y plan de lucha que hacen falta para reclamar las medidas realmente necesarias.
Propuestas para la emergencia social
La creciente pobreza no se va a resolver con parches como la Ley de Emergencia Social que el gobierno viene de acordar con la oposición patronal, la CGT y los movimientos sociales apadrinados por la Iglesia. Ley que mantendría los ingresos de los cooperativistas por debajo de la línea de indigencia.
Para salir de la crisis es necesario garantizar salarios y empleos dignos para todos y en especial para «todas» ya que son las mujeres el sector social más vulnerable, donde está el mayor número de empleo informal, precarizado y con remuneraciones más bajas.
De arranque, en lugar del irrisorio aumento que la Ley de Emergencia acordada estipula para los planes sociales, haría falta un verdadero e inmediato aumento de emergencia de los planes sociales, que garantice que nadie pase hambre. Los planes a su vez, debieran ser reemplazados por un seguro universal de desempleo, que pase a cobrar cualquier trabajador automáticamente al encontrarse sin empleo. En paralelo el Estado tendría que invertir en un ambicioso plan de obras públicas para generar trabajo genuino.
Además, se vuelve necesaria la reapertura de paritarias, un aumento general de salarios y jubilaciones, con aumentos automáticos indexados a la inflación; la prohibición de despidos y suspensiones, y la estatización bajo control obrero de las empresas que no cumplan; el reparto de horas de trabajo sin rebaja salarial. A las empresas autogestionadas hace falta eximirlas de impuestos y servicios, y hacerlas proveedoras privilegiadas del Estado. Hay que anular el impuesto al salario, anular el IVA a los productos de primera necesidad y otorgar el 82% móvil a los jubilados. Hay que anular los tarifazos y reestatizar los servicios públicos bajo control social, implementar impuestos a las grandes ganancias y a la renta financiera y suspender los pagos de la fraudulenta deuda externa.
Solo con medidas en este sentido se puede afrontar la verdadera emergencia social que padece el pueblo trabajador. Desde el MST nos disponemos a buscar la mayor unidad para lograr un plan de lucha nacional para conquistarlas.
Victoria Karim
