Después del cepo al salario, el cierre de las paritarias, las suspensiones y despidos, Macri y las patronales quieren avanzar sobre los convenios. La burocracia de nuevo se pone a su servicio.

Macri, en una disertación sobre modernización y con todo cinismo, dijo hace pocos días que hay que “renovar la dirigencia sindical”. Pero su alusión a los sindicatos era sólo un barniz del verdadero anuncio: que hay que “revisar todos los convenios laborales” para adaptarlos “al siglo XXI”. “Al aferrarnos a esos convenios debilitamos los puestos de trabajo… No podemos seguir aplicando convenios del siglo XX”.

Bajar el costo laboral

Junto a atacar el salario y reducir los planteles, pretender más flexibilización laboral suma a la estrategia de bajar el costo laboral. Un ariete para que la crisis la paguemos los trabajadores y al servicio del objetivo de las multinacionales yanquis de recuperar terreno en Latinoamérica y lograr mano de obra más barata y “competitiva” para su disputa de piratas con los BRICs, en especial China.
No es la campaña de grandes medios como Clarín y sobre todo La Nación: desde que subió Macri editorializan en esa línea: “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”, piden, y “asignar preferencia a los acuerdos laborales de nivel menor”, o sea fragmentar en nuevos acuerdos por empresa y a la baja. “Debe eliminarse la obligatoriedad de la homologación”, o sea dejar librado todo a la voluntad de las patronales. La Nación reclama beneficios a las patronales por generar empleo, eliminar las indemnizaciones por despido y que “la negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y los límites y posibilidades de cada empresa”… “flexibilizar y facilitar la contratación” (julio 2016).

La reforma de Macri

La resistencia a los despidos, topes salariales y tarifazos con cientos de conflictos laborales y marchas le indicó a Macri que hará lo que pueda, no lo que quiera. Esta inestabilidad preocupó a las corporaciones y a la inspección del FMI, que quieren que Macri cumpla y avance. Saben que no será fácil una reforma de shock como la de Menem y otra Ley Banelco con coimas como la de De la Rúa.
En esos tiempos lograron avanzar con la polifuncionalidad, quitando conquistas y eliminando la ultraactividad, es decir la vigencia de los convenios favorables al trabajador si vencieron y no hay acuerdo paritario de renovación. En 2004 se votó una nueva ley, no por concesión del kirchnerismo sino arrancada con la lucha obrera. Si bien formalmente se derogó la Ley Banelco, en realidad fue una reforma a esa ley con la puesta en vigencia de los convenios colectivos y las paritarias. Encima, después aprobaron una ley de riesgos de trabajo totalmente regresiva y a la medida de los negociados patronales.
Hoy la situación es distinta, el movimiento obrero resiste y la relación de fuerzas no es desfavorable como luego de las derrotas de principios de los ’90. Por eso el gobierno, si bien está decidido a avanzar y necesita hacerlo, debe adecuar su táctica.

Las medidas que preparan

El ataque oficial al fuero laboral ha merecido una amplia movilización de dirigentes sindicales y abogados laboralistas. Macri fue claro al pedir “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”.
Además busca aprobar una reforma de la reaccionaria ley de ART que permita sumar más requisitos para que los trabajadores puedan hacer juicios por accidentes laborales.
A su vez, habiendo ensayado con el “primer empleo joven” precarizador, pretenden empezar a probar una batería de medidas. Quieren hacerlo con un caso testigo de convenio flexible y ha elegido, con aval de la burocracia, al gremio de los petroleros privados. En Neuquén, la burocracia, los empresarios y el gobierno nacional acordaron -junto a reducir los planteles- un esquema de jubilaciones anticipadas, rotar personal, intensificar el control de ausentismo, trabajo nocturno y reducir las cuadrillas para mejorar los saldos de rentabilidad, según un acuerdo de agosto. En octubre avanzaron con estas pautas en un nuevo convenio colectivo en Vaca Muerta, que los petroleros catalogan como el inicio encubierto de la flexibilización laboral. El dirigente Pereyra, también diputado del partido patronal MPN, fue parte de ese convenio que incluye el pago de salarios por productividad.

Defender las conquistas

No podemos permitir que estos primeros pasos se consoliden y generalicen. El rechazo a la flexibilización laboral y la defensa de los convenios colectivos y de los mecanismos que, aunque limitados, institucionalizan todos los derechos logrados con la lucha, deben ser incorporados a los pliegos de reclamo de los conflictos. Preparar el paro nacional y plan de lucha sigue siendo la tarea pendiente para enfrentar y derrotar esta política antiobrera.

Guillermo Pacagnini