No es difícil cuestionar la política educativa del macrismo. Pero a diferencia de sectores K, de la centroizquierda y otros partidos de izquierda, además de criticar nosotros desde el MST y Alternativa Docente hacemos propuestas concretas por la positiva en favor de la escuela pública. Es más: como diputados, nuestros compañeros Alejandro Bodart y Vilma Ripoll las han presentado como proyectos de ley en las Legislaturas porteña y bonaerense. Aquí los reseñamos para que los conozcas.

La línea de Macri y su ministro Bullrich en el área educativa se puede resumir en pocas palabras: ajuste presupuestario al sistema público, salario docente y derechos estatutarios a la baja, privatismo y meritocracia, infraestructura precaria, evaluación desde arriba. En contraposición, hemos elaborado y presentado proyectos legislativos para resolver los principales problemas.
Un requisito es el presupuesto educativo. Proponemos destinar de inmediato el 10% del PBI y todo a la escuela pública. Junto a recomponer un sistema nacional, es la única forma de poder garantizar salarios dignos, más escuelas y en condiciones, vacantes suficientes, capacitación docente estatal y en servicio, más nivel inicial y doble jornada, becas estudiantiles para reducir la deserción, equipamiento y material didáctico. La plata hay que sacarla de donde hay: de suspender todo pago de la deuda externa y poner fuertes impuestos a la renta financiera y las corporaciones.

1. Aumento salarial para los docentes

Ripoll es la autora de la Ley 1.528 de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por unanimidad en noviembre de 2004, que concretó el blanqueo salarial docente reclamado durante años.
A su vez, en enero de 2014 presentó en la Legislatura bonaerense el proyecto de ley de aumento del salario inicial docente, con blanqueo y actualización automática trimestral según la inflación real, y un aumento de emergencia de las partidas para comedores, infraestructura, útiles y cooperadoras. Los fondos propone obtenerlos de eliminar los subsidios a la educación privada, gravar la renta financiera y el juego, suspender el pago de la deuda externa provincial y actualizar la coparticipación fiscal y el Fondo del Conurbano.

2. Políticos que ganen como una directora

Ripoll presentó este proyecto de ley en julio de 2001 y Bodart de nuevo en 2013. Como la existencia condiciona la conciencia, ningún funcionario que cobre un sueldo de privilegio sabe lo que significa vivir con menos de la canasta familiar.
Como se supone que quien ocupa un cargo público lo hace por el bien común, desde el presidente hasta el último concejal, nada mejor que equiparar su salario al de una directora de escuela de jornada completa con 10 años de antigüedad. El proyecto dispone esa equiparación para los tres poderes del Estado y, por supuesto, que sólo aumente el salario de los políticos si aumenta en igual medida el de los docentes.

3. Funcionarios: sus hijos, a la escuela pública

En el mismo sentido del anterior, este proyecto de ley de Bodart, que presentó en el 2012 y el 2014, establece que todo funcionario político debe educar a sus hijos en escuelas públicas y atenderse él y su familia en hospital público.
Nadie está obligado a ser funcionario, así que esta propuesta no busca condicionar las decisiones ni los derechos de ningún ciudadano o ciudadana común. Pero sí dispone la obligatoriedad para quienes ejercen el poder político, que a diario toman decisiones que afectan -¡y cómo!- la vida de la gente.

4. Subsidios: anular a la privada, pasar a la pública

Este proyecto de ley lo presentó Bodart en 2012 y 2014. Dispone eliminar los subsidios estatales a instituciones privadas, sean religiosas o laicas, y volcar todos esos fondos a la escuela pública. Porque la educación no debe ser una mercancía, donde con la plata de todos y todas el Estado siga bancando el negocio privado de algunos y los «idearios» confesionales de otros. Como dato, en 2016 esos subsidios superaron los 60.000 millones de pesos.
El proyecto garantiza la continuidad educativa del estudiante y la continuidad laboral del docente, ya que el Ministerio de Educación debe tomar a su cargo los colegios que decidan reducir o cesar su actividad.

5. Infraestructura escolar, en emergencia

El proyecto, que Bodart presentó en 2013, declara la emergencia en infraestructura y mantenimiento escolar por dos años y plantea una comisión de la comunidad educativa para realizar los relevamientos de necesidades, controlar la ejecución de las obras y, en caso de incumplimientos, falencias y/o retrasos, proponer sanciones a las empresas contratistas y/o los funcionarios responsables.
El proyecto dispone informes trimestrales y que las obras, según su tipo, se realicen durante los fines de semana o los recesos invernal y de verano, a fin de afectar lo menos posible el tiempo de clases.

6. Calidad educativa: evaluación social

A tono con el Banco Mundial, el BID y la OCDE, para este gobierno calidad educativa es evaluación estandarizada y con ranking, injerencia empresarial y disciplinamiento docente. A eso apuntan los Institutos de Evaluación que impulsa el macrismo.
Desde una perspectiva de izquierda pedagógica, en 2014 Bodart presentó el proyecto de ley de evaluación social de las políticas educativas. Plantea formar comisiones en cada nivel educativo, con representantes electos por los docentes, estudiantes y padres a fin de evaluar los recursos, programas y aspectos socio-económicos y pedagógicos. Deben elaborar dos informes al año y el Ministerio los debe publicar y responder en audiencia pública.
Desde ya, nuestros proyectos se pueden mejorar. Pero son la base programática para sacar de la crisis y fortalecer a la escuela que queremos: pública, estatal, laica, gratuita y la única realmente democrática. Si te interesa profundizar, pedile copia de los proyectos completos a la compañera o compañero que te pasa este periódico y ayudanos a difundirlos.

Pablo Vasco