Bajo el discurso de la transparencia y poner fin a la corrupción, el macrismo arremete contra la cultura y busca transferir recursos a las grandes corporaciones de medios.
Nadie hubiera pensado que una burda operación mediática y el pedido de renuncia al ex presidente del INCAA, Alejandro Cacetta, lograra su veloz partida; el paso al costado de Pablo Rovito como rector de la ENERC y una masiva y contundente respuesta de toda la comunidad audiovisual desde el miércoles 11 de abril. Luego de la asamblea de estudiantes, docentes y trabajadores de la Escuela y la primer Asamblea Audiovisual del jueves, con más de 1.000 personas en el Gaumont, el gobierno tuvo que reubicarse y en algún sentido desdecirse. Estos movimientos fueron producto de la presión ejercida por la movilización y el vivo proceso asambleario del que participa gran parte de la comunidad audiovisual en Buenos Aires y en las diferentes asambleas que se desarrollaron en el resto del país.
La operación mediática como cortina de humo
El sano reflejo de directores, productores, técnicos, actores, trabajadores audiovisuales y todos los presentes, hizo que la sala 1 de Cine Gaumont estuviera colmada. Y aunque el ministro Pablo Avelluto dijera que no se tocaría el Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC), la Ley de Cine ni los puestos de trabajo, hubieron nuevas concentraciones: una en la puerta del edificio central del Instituto y otra el 19/4 en la inauguración del BAFICI. Con el correr de los días, quedó claro que no se trataba centralmente de nombres si no de la intervención de un ente autárquico y autónomo, por parte del Ejecutivo Nacional. La actual intervención tiene el objetivo de imprimir una lógica netamente mercantilista a la industria cinematográfica. Y a ello responden los últimos cambios a nivel gerencial del Instituto.
Una Ley de Convergencia de Medios bien PRO-Corporaciones
Los fondos que conforman el FFC no salen del presupuesto nacional. Es mentira que el dinero destinado a la industria del llamado séptimo arte podría destinarse a los salarios docentes, a los hospitales o a los jubilados. Que el INCAA sea un ente autárquico significa que se autofinancia. Lo hace a partir de dos impuestos: uno que grava cada entrada al cine y es del 10% sobre el precio del ticket, monto que paga el espectador vea o no cine nacional. Y por otro lado de un impuesto que grava el uso del espacio radioeléctrico que, al ser un bien público, pagan las empresas radiodifusoras por su uso. A dicho impuesto lo recauda el ENACOM y de esa recaudación se destina (según la Ley de Cine y desde 1994) un 25% al Fondo de Fomento del INCAA.
El gobierno buscaba llevar al Congreso su propia Ley de Medios antes de mitad de año. Intención que se demoraría 180 días por un pedido de prórroga, y así esperarían a que pasen las elecciones legislativas. Con esta ley, el macrismo no necesita tocar el Fondo de Fomento ni modificar la Ley de Cine. Basta con habilitar la recategorización de las cableoperadoras en TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación), que con este cambio quedarían eximidas de pagar el actual canon por el espacio radioeléctrico. En la actualidad, las empresas de telecomunicaciones (telefonía móvil, fija e internet) no pagan este impuesto y representan un negocio 4 veces mayor en volumen que la televisión, por ejemplo. Pese a que el gobierno dio por terminado el plazo de redacción de un borrador de la ley y que finalizada la prorroga debería ser debatido, dicho documento aún no es público y la intención del gobierno de no regular los contenidos de internet es más que clara.
¿Cómo sigue?
Apoyados en la movilización de la facultad de Ciencias Sociales, la segunda asamblea de estudiantes y trabajadores audiovisuales realizada en Sociales de la UBA ratificó el estado de alerta y asamblea, los reclamos de la defensa del cine nacional y del Fondo de Fomento Cinematográfico. Se crearon dos comisiones de trabajo: una legal, para seguir la Ley de Convergencia y otra administrativa, para auditar que el INCAA no detenga el proceso administrativo ni los pagos correspondientes.
No puede defenderse el Fondo de Fomento Cinematográfico sin dar un debate a fondo sobre la Ley de Convergencia que el macrismo prepara a espalda de los interesados en defender la libertad de expresión para oponerle un régimen tributario donde paguen las cableoperadoras y las telecomunicadoras, una ley que genere más recursos para financiar de manera democrática la producción cultural cinematográfica, teatral y musical.
De la mano con seguir profundizando este debate y ampliando la movilización en las calles, también hay que dar pasos en pos de la democratización del INCAA. Todos los sectores que dan vida y ponen en pie la industria cinematográfica nacional deben tener voz y voto en los órganos de gobierno del Instituto y en la selección de sus directivos. Sólo democratizando estas instancias puede pensarse en un Plan de Fomento que contemple la pluralidad de nuestro cine y permita posibilidades de financiamiento sin restricciones a una gran mayoría como el cine documental e independiente, en lugar de otorgarle facilidades solo a las grandes empresas productoras.
¡La cultura y el cine se defienden!
Voces del conflicto
Camilo Moreira, Delegado General, Junta Interna ATE INCAA. ¿Por qué se reconocen como trabajadores audiovisuales?
En primer lugar nos reconocemos como trabajadores audiovisuales y estamos comprometidos con esa tarea, que es la del fomento y la promoción del cine nacional. La mayoría de los trabajadores del Instituto venimos del cine o tenemos formación audiovisual.
¿Cómo impactaría un recorte presupuestario o desfinanciamiento del FFC?
El Fondo de Fomento está dividido en dos. Un 50 % que, según el Plan de Fomento, se destina a la producción cinematográfica y el otro 50% que va dirigido al funcionamiento del INCAA y su vida administrativa, el funcionamiento de la Escuela y sus sedes regionales, el sueldo de los trabajadores y los programas de exhibición y formación de público, donde se incluyen las 80 salas de cine en todo el país. Un desfinanciamiento, empicaría el achique de los programas que apuntan a la formación de público; desde “Las escuelas van al cine”, “El ciclo de cine en las cárceles”, “Cine en los barrios” o “Cine con vecinos”. El desfinanciamiento que sería el achicamiento de la financiación a la producción cinematográfica, impactaría en las funciones concretas y cotidianas de cada trabajador y trabajadora, ya que el trabajo se vería reducido y eso podría implicar una reducción del personal. Y los trabajadores son el factor de ajuste históricamente. En pocas palabras, también se desmantelarían los programas de exhibición y formación de público, rompiendo con una lógica de promoción cultural y acceso a la cultura y utilizando una lógica de mercado.
Paloma Ruvira, Delegada por el Claustro estudiantil, ENERC.
Los reclamos, en lo que va de estas dos semanas, no han cambiado mucho. En un primer comunicado, defendíamos a Pablo Rovito su trayectoria y sus proyectos. Pero además, hablábamos de defender los puestos de trabajo de los cuales depende el INCAA: docentes y no docentes; eso lo seguimos manteniendo. Estamos en estado de alerta ante posibles recortes. Seguimos defendiendo el presupuesto según la Ley de Cine y el Fondo de Fomento y contra la Ley de Convergencia.
Ahora estamos concentrados en que se abra el concurso a rector para la Escuela y que se mantenga vigente el reglamento con el cual Pablo Rovito fue designado, ya que andan circulando rumores sobre cambios basados en los reglamentos que se usan para los museos nacionales. Nosotros no estaríamos de acuerdo con estas modificaciones. Hoy la escuela sigue en funcionamiento; no está acéfala.
Sabemos que ahora queda llevar adelante un debate profundo, con clases abiertas, círculos de debate sobre la Ley de Cine, el Plan de Fomento y la Ley de Convergencia. Hay que saber de qué se trata y cómo funcionan, porque no es sólo responsabilidad del productor conocerla. Seguimos participando de la Asamblea Permanente de la Comunidad Audiovisual y la próxima movilización es el 3 de mayo al Congreso, donde Avelluto debería presentarse para dar explicaciones. Seguimos adelante, organizados y movilizados.
Claudio Remedi, documentalista y profesor de la ENERC. Uno de los fundadores de DOCA.
Hay mucha solidaridad de todas las carreras audiovisuales del país y a nivel federal se está dando una gran movilización por la defensa del cine. La conclusión es que estos son los primeros pasos en la defensa y estamos planteando una nueva asamblea que sea resolutiva y que nos oriente en los pasos a seguir. Esta no es una lucha que termina acá, y va a ser una lucha larga, que no sólo va a defender sino que también va a proponer nuevas instancias dentro del cine: como la democratización del INCAA, proponer desde las entidades y comunidad audiovisual un nombre para sus autoridades y que se instauren nuevas formas de financiamiento para que se enriquezca el cine nacional.
Ingrid Urrutia
