Bressi y Potocar tienen mucho en común: ambos son policías, jefes de las fuerzas más importantes del país y líderes de organizaciones criminales relacionadas con las coimas, el narcotráfico y, por supuesto, la represión. La policía en los tiempos de Cambiemos, no tiene nada que envidiarle a la policía de todos los tiempos. ¿Qué hacer con estos aparatos podridos y corruptos? Algunas propuestas desde la izquierda.
Una pequeña minoría, fuertemente armada, con un funcionamiento vertical y al servicio del Estado constituye en Argentina (como en todos los Estados modernos) la policía. Si le agregamos a esta definición que el Estado viene funcionando desde su creación como una herramienta de dominación de un sector de la población por sobre los demás, llegamos entonces a la conclusión sencilla de que las denominadas “fuerzas de seguridad” no son más que un instrumento armado al servicio de sostener esa dominación.
No es extraño en ese marco, más bien es esperable y lógico, que su funcionamiento esté cruzado y gobernado por las lógicas del sistema que defiende y ampara.
Lejos de los relatos heroicos y las “buenas intenciones”, la policía es el brazo armado de las políticas económicas de turno, el garrote contra el manifestante, la garantía de la segregación clasista de la sociedad y esa es la base de la que debemos partir si queremos analizar el porqué de los notables, recurrentes y estructurales casos de toda corrupción en las mismas.
La policía es una institución que existe porque la organización social que propone el capital ha fracasado, porque las distancias entre lo “socialmente necesario para pertenecer” es sólo accesible a una porción cada día más pequeña de la sociedad.
La policía (y el Estado capitalista) entienden la seguridad como un servicio y todos y todas sabemos que en el sistema en el que vivimos los servicios se pagan y si se pagan, tendrán más derechos los que más recursos tienen.
Desde ese punto de vista, identificar a las fuerzas policiales como fuerzas represivas nos permite entender los múltiples y oscuros negocios que conviven en su interior, la unidad que existe entre represión, impunidad y corrupción y pensar la seguridad desde una perspectiva social y cultural diferente.
Potocar y Bressi: símbolos de una estructura podrida
Pablo Bressi, Jefe de la policía Bonaerense, continuador de Matskin y heredero de sus jugosos negocios fue nombrado por Vidal y Ritondo a pesar de tener un frondoso prontuario que lo ligaba al negocio narco en la Provincia.
Potocar ocupaba el mismo cargo, pero en la Policía Metropolitana, nombrado por Larreta a pedido de Angelici, está directamente relacionado con la recaudación de coimas y diversas estafas.
Ambos renunciaron por “voluntad propia” protegidos por los responsables políticos de sus designaciones e intentando generar el menor revuelo posible.
¿Por qué Vidal y Larreta designan a estos delincuentes conociendo las ligazones que tienen con el delito organizado? Por una sencilla razón: son parte fundamental de una estructura criminal que ha crecido y se ha desarrollado sirviendo a la tarea represiva de los gobiernos de turno, ejecutando las decisiones políticas, aún las más radicales, y generando en su “tiempo libre” toda una red de negocios aprovechando las “ventajas” que les otorgan sus jefes del poder político.
Están armados, no tienen ningún tipo de control social, son útiles para la aplicación de políticas antipopulares, no tienen posibilidades de organización democrática y, como si faltara más, toda la propaganda oficial los vende a los ojos de la sociedad como la única garantía de seguridad posible.
Las investigaciones judiciales en marcha revelan un entramado de corrupción y delitos cometidos por las fuerzas policiales y dirigidos por los únicos que pueden dirigir estructuras verticales como éstas: sus jefes.
Partiendo de ellas, se puede establecer la necesaria relación entre represión y corrupción: la primera es el “servicio” que habilita la posibilidad de llevar adelante la segunda. La función de hacer la tarea sucia de los poderosos redunda en la aprobación de los mismos a los negociados y corruptelas.
A seguro se lo llevaron preso… y lo mataron en la comisaría
Los pibes pobres, los trabajadores, las mujeres, los estudiantes organizados, en fin, todos y todas las que cuestionen el actual orden de cosas son enemigos potenciales y víctimas preferentes de la estructura criminal de la policía.
Así lo indican las estadísticas de casos de gatillo fácil siempre en aumento, la imagen recurrente de represiones, desalojos y seguimiento a los trabajadores en lucha, la protección a las redes de trata o la conducción directamente como salió recientemente a la luz, son expresiones concretas de que el aparato policial está separado de lo que la sociedad espera de él y justamente aprovecha esa “desprotección” que genera el miedo para fortalecer sus posiciones y vender más caro sus servicios. Así nacen los pagos por vigilancia, la colaboración con la comisaría del barrio y todo tipo de actividades paraestatales que son parte del arsenal de financiamiento negro de la policía. Aprovechando el desamparo de los pibes “tercerizan” algunos negocios y por supuesto cobran su cuota por ello. Los sectores que al interior de la fuerza pretenden negarse a estas practicas son segregados, castigados o sencillamente expulsados, la dinámica ilegal se refuerza a sí misma y combate a los que por “vocación” ingresan al servicio para cuidar a sus vecinos.
Para terminar con esta situación hace falta una verdadera revolución en las fuerzas armadas para lograrla, podemos pensar en algunas medidas fundamentales que inicien el camino.
Depurar, democratizar y controlar socialmente
Desde el MST-Nueva Izquierda hemos sostenido en innumerables oportunidades que es fundamental realizar una profunda depuración en todas las fuerzas represivas que separen, juzguen y castiguen a todos los involucrados en hechos de gatillo fácil, represión y corrupción, comenzando por los jefes y llegando hasta el último pinche.
Junto con esto, creemos que es fundamental generar una profunda democratización de las fuerzas, tanto a nivel interno como en su relación con la sociedad.
Es claro que el pueblo que vive de su trabajo, principal interesado en “vivir seguro”, debe participar en las políticas que hacen a ese objetivo, por lo tanto se pueden buscar mecanismos como la elección directa de comisarios (también la destitución si no cumplen) la colocación de jefes civiles con el mismo mecanismo, la creación de consejos comunales, barriales, etc. de seguridad donde estas autoridades rindan cuentas de manera periódica no sólo de su accionar sino de los recursos y bienes a su cargo ante los mismos vecinos que los designaron.
A nivel interno, la sindicalización permitiría una interrupción de la cadena jerárquica y colocaría un elemento contrarrestante a la obediencia debida. A esto habría que sumarle la ampliación de los derechos políticos para los integrantes de las fuerzas, la formación integral en derechos humanos, género, con capacitación a cargo de las organizaciones sociales y no sólo en las instancias formativas sino de manera permanente.
Como sucede con el conjunto de las instituciones, es difícil transformarlas de manera individual; podríamos decir que es imposible. Pero es clave impulsar estas medidas como parte fundamental de la pelea por una sociedad diferente, sin represión, ni corrupción, ni violencia.
Martín Carcione
