El tremendo aumento en sus precios reaviva el debate de si los medicamentos deben estar sujetos a las variables del mercado o considerarse un bien social. El estado debe asegurar su accesibilidad universal.
En los 90 el menemismo avanzó en una política de medicamentos francamente neoliberal al darle a los laboratorios privados control absoluto del mercado y una ley decisiva: la ley de patentes. Según ella los laboratorios tienen derecho a ponerle precio libre a aquellos medicamentos que patenta ya que no son un bien común de la población sino una «marca» comercial de la que dispone el laboratorio. Y tienen exclusividad sobre la fabricación del producto patentado.
La crisis del 2001 llevó a que cobrara nuevo impulso un fenómeno alternativo: la producción pública de medicamentos (PPM). Ayudó a paliar parcialmente la falta de acceso a las drogas medicinales de algunos sectores de población y proveyeron de fármacos a algunos centros de salud y hospitales, pero esto no llegó a cubrir la demanda de la población.
Durante el gobierno K, se introdujo el Plan Remediar, un plan focal que estableció cierta distribución gratuita a los centros sanitarios pero comprándolos a los laboratorios. Pero en los hospitales siguieron faltando. Las partidas siempre estuvieron controladas por el clientelismo político y no por los trabajadores de los centros sanitarios.
Ahora con el gobierno de Macri en un año y medio de gestión el precio de los medicamentos subió exageradamente y se ha hecho totalmente inaccesible para todos. El gobierno cerró el Plan Remediar y desfinancia la PPM alentando a los laboratorios multinacionales a que inviertan en «investigación» en la Argentina, sin cumplir con las normas de bioseguridad de la ANMAT, no está regulada por el estado y ellos deciden el precio.
Recientemente el ministro de salud Lemus y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), firmaron un acuerdo de «cooperación» para promover la producción pública pero apuntando a que este programa se incorpore a la CUS (cobertura universal). El nuevo intento de privatización del sistema de salud. Por eso para ellos los medicamentos son ganancia y para los PPM un patrimonio de lo público, de la sociedad.
Nuestra propuesta
Para terminar con este flagelo que castiga a los trabajadores, a los jubilados de PAMI, a los sectores pobres sin obra social y a las franjas de población en la indigencia proponemos el siguiente programa de acción que nuestros diputados en el Congreso llevarán adelante:
1. Declarar a todos los medicamentos bien de uso social y por tanto su producción y distribución y sus precios de comercialización debe estar controlada por el Estado.
2. La investigación en farmacología debe estar estrictamente supervisada por las organizaciones y sociedades científicas reconocidas en Argentina y coordinando con el ANMAT. Derogación de la disposición 4008/17 del ANMAT que acorta los plazos y las exigencias para el protocolo de investigación en farmacología.
3. Anulación de la ley de patentes
4. Mayor presupuesto para la PPM, así como para las farmacias hospitalarias.
5. Fijación del precio de los medicamentos acorde al costo real de producción. Los laboratorios que no respeten estos precios deben ser nacionalizados bajo control de sus trabajadores y los de la salud, junto a organizaciones sociales.
Exorbitantes aumentos
+ 236% atenolol (antihipertensivo)
+ 214% blíster de aspirinetas
+ 204% antiespasmódicos de uso corriente
+172% analgésicos /antifebriles
+ 139% diuréticos
+ 137% loratadina (antialérgico)
+ 120% antibióticos
Los medicamentos de venta libre subieron hasta un 236% en el último año y medio
Orlando Restivo. Candidato a concejal – Vicente López
