Después de la de Julio López, esta es la segunda desaparición forzada de persona en democracia. Y peor, porque fue en el marco de una represión. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que el MST y el CADHU integramos- redobla la campaña nacional.

El 16 de agosto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue al Senado a dar explicaciones sobre el caso. Dijo no tener “indicios” de que a Santiago lo detuvieron gendarmes y que no cabe ninguna “hipótesis hegemónica” porque “hay 5.000 personas desaparecidas”…
Es una caradurez total. Santiago no se perdió por ahí: estaba en un acampe solidario con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en Chubut, que reclama sus tierras. Y junto a ellos, el 1º de agosto sufrió la violenta represión de Gendarmería al mando de Pablo Noceti, jefe de gabinete de Bullrich y abogado defensor de genocidas. Desde entonces Santiago está desaparecido.

El gobierno y el Estado, responsables

Al revés de lo que miente Bullrich, todos los “indicios” llevan a una sola “hipótesis hegemónica”: Santiago fue detenido-desaparecido por la Gendarmería.
El defensor oficial de Esquel constató que las camionetas usadas en el operativo fueron lavadas. Aun así hallaron cabellos y rastros de sangre que se están cotejando con muestras de ADN de Sergio, el hermano de Santiago. Pese al temor a represalias, tres miembros de la comunidad Pu Lof testimoniaron ante la fiscalía federal que Santiago fue capturado por gendarmes al grito de “¡acá tenemos a uno!”, golpeado, subido a un camión Unimog y luego llevado en una camioneta blanca. Y en el rastrillaje realizado el miércoles 16 en el predio, encontraron un collar suyo.
Como bien denunció su familia, “a Santiago lo detuvo la Gendarmería el 1º de agosto en Cushamen Chubut en el marco de la represión en la comunidad mapuche. Dadas las circunstancias, estamos desesperados por lo que Gendarmería pudiera haber hecho con él. El Estado nacional, en la figura de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como representante del Poder Ejecutivo, el juez (Guido) Otranto del Poder Judicial y la fiscal subrogante por el Ministerio Público son responsables de la aparición con vida de Santiago. Es inadmisible que en un estado de derecho fuerzas de seguridad no aporten pruebas, ni hablen ni colaboren para que se esclarezca, siendo ellos mismos los que participaron en la detención y desaparición forzada de Santiago.”

Con vida lo llevaron, con vida lo queremos

Las primeras acciones por Santiago fueron en Esquel, donde la Comisión Provincial por la Memoria presentó un hábeas corpus. Por él reclaman también Aministía Internacional y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. El 7 de agosto hubo marchas unitarias en Congreso y varias ciudades. El 10 desde el EMVJ presentamos otro hábeas corpus en Capital y el juez Jorge de Santo, antes de declararse incompetente porque ya tramita el otro, envió oficios a Gendarmería y al Ministerio de Seguridad y ordenó abrir una investigación penal por privación ilegítima de la libertad.
El viernes 11 hubo un importante acto unitario en Plaza de Mayo al cual desde el Encuentro aportamos una gran columna, así como acciones en todo el país. Como en Congreso, entre otros referentes estuvieron Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Para redoblar la campaña, el martes 15 en el plenario del EMVJ acordamos varias iniciativas:
A partir de este 17, marchar todos los jueves en la ronda de las Madres en Plaza de Mayo.
Enviar una delegación la semana próxima a Esquel y Bariloche para presionar a las autoridades y visitar a la comunidad mapuche.
Imprimir un afiche, difundir un flyer e impulsar un petitorio nacional.
En las acciones sindicales del 22 de agosto, el paro nacional de CTERA del 24 de agosto y otras, sumar el reclamo por Santiago.
El 1º de setiembre, a un mes de la detención-desaparición, convocar a una nueva marcha unitaria y acto en Plaza de Mayo.
Invitamos a todos los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a coordinar acciones para multiplicar la exigencia de la aparición con vida ya de Santiago Maldonado.

Pablo Vasco

Mapuches: ni terroristas ni separatistas

Las situaciones de crisis descorren velos y visibilizan cuestiones que incomodan a todo el andamiaje social. El conflicto por la tierra de los pueblos originarios estalla en momentos en que las condiciones de vida se hacen insoportables en los márgenes urbanos -destino de los expulsados por el latifundio- y por la falta de oportunidades en los territorios más pobres y sin ninguna asistencia estatal más que el clientelismo gubernamental que reproduce la pobreza y la opresión.
Las recuperaciones territoriales por comunidades mapuches, como en 2002 y 2015, ganan un creciente respaldo social y horadan el poder simbólico de la clase terrateniente. Al recuperar territorios mediante la ocupación, la movilización e incluso la legítima autodefensa cuestionan la creciente usurpación y concentración de la tierra en manos de la oligarquía nacional y extranjera. A la vez, esas recuperaciones desatan la más brutal represión y hostigamiento hacia quienes osan desafiar el poder territorial y político.
La escalada represiva de la Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, del Departamento Cushamen en Chubut, incluye hechos de una gravedad institucional enorme: en primer lugar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el encarcelamiento arbitrario de su lonko (líder) Facundo Jones Huala y una campaña de odio racista como pocas veces se ha visto en los estamentos estatales y medios de comunicación afines. Acusaron burdamente de “delincuentes”, “terroristas” y “separatistas” a quienes defienden sus tierras ancestrales y sus derechos. ¿Y cómo no van a tener derechos si mapu significa tierra y che gente, es decir son la gente de la tierra, preexistentes al Estado?
Este frente burgués con Macri y el gobernador Das Neves a la cabeza se une para poner el grito en el cielo en defensa de la gran propiedad territorial y el despojo histórico y contemporáneo de los pueblos originarios. En este caso los une la defensa de los intereses del latifundio “Compañía de Tierras del Sur” de los hermanos italianos Benetton, poseedores de un millón de hectáreas. Es un verdadero subproducto directo de la llamada Campaña del Desierto de fines del siglo XIX por el genocida Julio Roca, piedra angular sobre la que se funda el Estado capitalista en el territorio patagónico.
Es más: la represión contra la comunidad Pu Lof ni siquiera respeta la Ley 26.160 de Comunidades Indígenas, aprobada a fines de 2006, que suspende todo desalojo de tierras hasta el relevamiento catastral cuyo plazo vence el próximo 23 de noviembre y que el Congreso debería prorrogar.
Además de la aparición con vida de Maldonado y la libertad de Jones Huala, desde el MST en Izquierda al Frente defendemos la restitución de sus territorios a los mapuches y demás pueblos originarios y el pleno respeto a sus derechos constitucionales y de los pactos internacionales. Tierra para quienes siempre vivieron en ella y para quienes la trabajen. Proponemos una reforma agraria integral para terminar con el medieval latifundio generado por el gran capital concentrado, que causa el atraso social, el despoblamiento y la dependencia económica.

Maxi Masquijo (Esquel)