La sanción en la legislatura porteña tiene más de medida electoral que de solución a los problemas de vivienda.
Los cambios a la Ley 2.340 establecen que los inquilinos no deberán pagar más la comisión al momento de alquilar una vivienda. Serán los propietarios quienes tendrán que afrontar ese gasto, que no deberá superar el 4,15 % del valor del contrato.
También impide que las inmobiliarias cobren a quienes alquilan los gastos de gestoría y de administración que estuvieran implicados en la negociación, como la certificación de firmas del garante y el sellado.
Parece un alivio para los inquilinos, pero muy parcial y limitado. Es una medida electoral que no soluciona el acceso al derecho universal de la vivienda. Es necesario evitar que propietarios e inmobiliarias trasladen el costo al valor del alquiler. También la solución al problema de las garantías, que son un obstáculo difícil de sortear.
Algunos datos
En la CABA las estadísticas demuestran que la cantidad de inquilinos aumenta año a año. Según investigaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) entre el 2001 y el 2016 la cantidad de gente que alquila aumentó del 22,1% a más del 38%. A su vez en el mismo informe se refleja que con un total construido de 438.879 m2, la gran mayoría se realizó en barrios de ingresos medios-altos o altos como Belgrano, Puerto Madero y Caballito.
Estas cifras indican algo que hace un tiempo venimos denunciando junto a Alejandro Bodart en la Ciudad. Mientras se reduce la cantidad de dueños de sus viviendas, aumentan las construcciones en manos de grupos de especuladores inmobiliarios.
Dichas políticas de especulación inmobiliaria han llevado a que hoy tengan que alquilar vivienda uno de cada tres porteños, esto sería igual a un millón de vecinos. Además, la Ciudad tiene el índice más alto de viviendas ociosas. Según el último Censo (año 2010) se registraron casi 341 mil viviendas desocupadas en la CABA, lo que equivale a decir que una de cada cuatro casas está vacía. Al ver la comparación, el resultado es preocupante. En tanto la CABA sólo acumula un 10% de los hogares del país, tiene el índice más elevado de viviendas ociosas, el 14%.
Por una ley de alquiler social
Como describimos, el problema del acceso a la vivienda no es nuevo sino que se agrava año tras año. Es por ello que, en el año 2015, Alejandro Bodart (por entonces legislador), presentó un proyecto para facilitar el alquiler como parte de una política habitacional integral.
En dicho proyecto se contempla una garantía gratuita, mediante un inmueble del Gobierno Porteño y un subsidio al alquiler, de carácter parcial y transitorio. Además, para ampliar la oferta de alquileres proponíamos poner a disposición todos los inmuebles pertenecientes a la administración pública aptos para vivienda y aumentar el Impuesto Inmobiliario y la Tasa de ABL de las viviendas ociosas.
Con gobiernos que alientan la cementación indiscriminada, a la vez que reducen todos los años el presupuesto público para vivienda, el resultado son alzas en los precios de las propiedades y de los alquileres. Si a eso se le suma que se demandan alquileres, al tiempo que aumenta la propiedad ociosa, la conclusión a la que se llega es que las nuevas construcciones se realizan para especulación. No por nada los nuevos metros cuadrados construidos, están en los barrios más caros de la Ciudad.
Aplicar políticas públicas de vivienda social es una necesidad a nivel mundial. En numerosos países capitalistas, como fruto del reclamo social, desde hace años se aplican diversos planes de vivienda social públicos, privados y mixtos. Los diferentes programas de alquiler social incluyen subsidios del Estado directos o indirectos, subsidios a los inquilinos, créditos a los constructores de vivienda social y medidas impositivas. Aplicar estas medidas no pasa por un parche electoral, sino por brindar una solución de fondo al principal problema del techo.
Flor Salgueiro
