La movilización y la preocupación popular por Santiago Maldonado crecen y debilitan al gobierno macrista. Como ya no puede ocultar que es una desaparición forzada, ahora ensaya una nueva maniobra: el posible «exceso» de algún gendarme suelto. La pelea democrática por lograr verdad y justicia continúa con fuerza redoblada.
La movilización del viernes 1º, al cumplirse un mes de la desaparición forzada de Santiago, fue poderosa en tres sentidos. Primero, porque el acto fue tan o más multitudinario que el del rechazo al 2×1 de la Corte a los genocidas, finalmente fallido. Segundo, porque por primera vez en muchos años unificó y en forma paritaria a los dos espacios de derechos humanos existentes en nuestro país: la Mesa de Derechos Humanos, que agrupa a los organismos y sectores políticos vinculados al gobierno anterior, y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que nuclea a los organismos independientes de todo gobierno y a la izquierda y los movimientos sociales combativos. Del EMVJ formamos parte el MST y el CADHU, Centro de Abogados por los Derechos Humanos. Y tercero, la marcha fue poderosa porque no sólo colmó la Plaza de Mayo y las principales plazas de la Argentina, sino porque también se expresó en muchas capitales del mundo.
Ese importante logro lo permitió la combinación de varios factores: el contexto de un gobierno reaccionario que intenta una ofensiva represiva a fin de imponer su plan de ajuste, la voluntad política de ambos espacios de confluir en una necesaria unidad de acción y la línea que el EMVJ se dio para concretarlo, y también la decisión de la familia de Santiago de apostar a un acto conjunto. El gobierno tampoco logró desprestigiar la movilización con su burdo montaje represivo.
Es cierto que la campaña autoritaria del macrismo y que corean sus medios adictos habilita a sectores derechosos, antes silenciosos, a decir barbaridades al mejor estilo «dos demonios». Pero a la vez tanto relato gorila genera repudios, en una marcada polarización. Y la jornada del 1º, que confirmó que para la mayoría del pueblo sigue vivo el Nunca Más, tuvo consecuencias evidentes.
Recalculando y en hora pico
Si bien el gobierno de Cambiemos salió fortalecido por el resultado de las PASO, su envalentonamiento tiene límites. Es un hecho que algunas franjas medias -incluso votantes del oficialismo- pueden tolerar la represión a un piquete de desocupados, pero no así una desaparición forzada, en este caso a cargo de la Gendarmería. Es más: Mirtha Legrand fue más incisiva con la ministra Bullrich que tanto periodista rastrero como Nicolás Repetto y hasta las principales cámaras empresarias, aun condenado las luchas sociales, le reclamaron al gobierno que «resuelva» el caso Maldonado.
El propio Macri habló por primera vez del caso. Patricia Bullrich se tuvo que correr del centro del escenario. Claudio Avruj se tuvo que ir de pique a Esquel. Se les cayó la hipótesis trucha de que Santiago había sido herido por un puestero. Saltó que el que supuestamente lo había recogido en la ruta 40 era un ex servicio de la dictadura. Mapuches de la comunidad Pu Lof en Resistencia declararon ante el juez a cara descubierta, «por el apoyo del pueblo» como dijeron, de modo que sus testimonios ahora son válidos para la causa. Y lo principal: tras 43 días de haber eximido de toda culpa y sin ninguna vergüenza a la Gendarmería, ahora el gendarme Armando Robledo reconoció que hirió de un piedrazo a «un encapuchado» y otro declaró que hubo un disparo cerca del río Chubut, por donde se refugió Santiago.
Que se vayan Bullrich y Nocetti
«¿Cómo puede ser que se le mienta al juez y no pase nada?», se ofusca Macri. Entonces preguntamos: ¿cómo puede ser que sus funcionarios le mientan al país y al mundo, como lo hicieron todo este tiempo Bullrich, Marcos Peña, Avruj, Germán Garavano, y sigan ocupando sus cargos, que además pagamos todos?
Como bien lo planteó nuestro dirigente Alejandro Bodart en un comunicado de prensa, «No pueden seguir como funcionarios políticos en democracia quienes encubrieron la represión de Gendarmería, taparon o lavaron pruebas y mintieron desde el minuto uno.»
Por ser la de Santiago una desaparición forzada de persona, tal como lo caratuló el juez, Bullrich debió cumplir con la Convención Internacional respectiva, que para nuestro país tiene rango constitucional: «Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones. En particular, deberán garantizar que las personas de las que se supone que han cometido un delito de desaparición forzada no estén en condiciones de influir en el curso de las investigaciones, ejerciendo presiones y actos de intimidación o de represalia sobre el denunciante, los testigos, los allegados de la persona desaparecida y sus defensores, así como sobre quienes participan en la investigación.» (art.14, inciso 4).
¡Justo lo opuesto de lo que hizo Bullrich, que no separó a su jefe de gabinete Pablo Nocetti que condujo el operativo represivo, ni tampoco apartó a los jefes de los gendarmes, ni pidió el secuestro de sus celulares, todo con tal de garantizar su impunidad! Ahora el libreto sería que no fue Gendarmería, sino un par de gendarmes…
Comisión investigadora independiente
Las pruebas de ADN sobre 23 de las muestras tomadas en los vehículos de Gendarmería dieron negativo. ¿Pero es necesario recordar que a los pocos días de desaparecido Santiago el defensor oficial Fernando Machado denunció que las camionetas habían sido lavadas y que el juzgado de Esquel informó que muchas muestras eran «no viables para ser cotejadas»? Igual quedan en estudio dos muestras más, una de ellas de un camión Unimog.
Ante la evidencia de que fue Gendarmería, el gobierno ahora construye una nueva versión para distraer: que fue uno o unos gendarmes «sueltos». Pero como dijo Bodart, «si frente a una desaparición forzada tan flagrante recién a los 43 días citan a un gendarme, se corre el riesgo de no llegar nunca a la verdad y menos aún al castigo a los culpables, como sucedió con Julio López, el fiscal Nisman y tantos otros casos que siguen impunes».
No es entonces el juez Otranto, el mismo que ordenó la represión a la comunidad Pu Lof y sigue presionado por este gobierno, el que va a lograr verdad y justicia. Por eso nuestra propuesta es que se forme una comisión independiente, con personalidades intachables y los familiares de Santiago, con plenos poderes para investigar todas las responsabilidades materiales y políticas.
Seguir movilizando con la mayor unidad
El MST, nuestra Juventud Socialista y el CADHU estamos activando con todo por la aparición con vida de Santiago.
Asimismo, no olvidamos que el contexto de la represión en Cushamen es el saqueo territorial por parte de la multinacional Benetton contra el pueblo mapuche y por eso exigimos la libertad de su lonko Facundo Jones Huala, así como del referente wichí Agustín Santillán, detenido en la Formosa de Gildo Insfrán. También exigimos la prórroga de la Ley 26.160, que suspende los desalojos de predios en conflicto, y la restitución de sus tierras ancestrales a las comunidades originarias.
En todo el país seguimos juntando firmas, haciendo charlas informativas, pegando carteles, participando de las manifestaciones y demás iniciativas por Santiago. Llevaremos su retrato a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, a las marchas por la Noche de los Lápices y por Julio López, y a todo evento popular que haya. Y cuando el 1º de octubre se cumplan dos meses de su desaparición forzada, porque el gobierno y el Estado son responsables, volveremos a preguntar en las calles, con la mayor unidad posible, ¿dónde está Santiago Maldonado?
Pablo Vasco, CADHU-MST
