Pese a las trabas del gobierno, la movilización da frutos: el juez Otranto fue desplazado por el nuevo juez Gustavo Lleral. Es necesario llegar a la verdad y castigar a los culpables.

El gobierno nacional y sus medios de comunicación amigos hacen de todo para que el caso de Santiago pase a un segundo plano. Le dan manija al tema Nisman, a la corrupción K y hasta difunden si algún mapuche de Neuquén le vendió un par de pistolas a sus hermanos en Chile. Pero de todos modos no obtienen el resultado que pretenden. Es que en un país como el nuestro, con décadas de lucha democrática, una desaparición forzada no se puede «desaparecer» así nomás.
Como siempre, la presión y la movilización popular producen cambios. Finalmente fue desplazado el juez Guido Otranto. Era insostenible que la investigación siguiera a cargo del mismo juez que ordenó reprimir el 1º de octubre a la comunidad mapuche Pu Lof cuando desapareció Santiago, que dejó a Gendarmería en la ruta 40, que no decomisó sus más de 70 celulares desde el primer día y hasta prejuzgó que Santiago se habría ahogado.

Fuera Bullrich y Noceti

Día tras día los testimonios, las escuchas, las balas 9 mm «olvidadas» en Pu Lof y otras pruebas incriminan a la Gendarmería. Y no fue un par de gendarmes «sueltos» ofuscados por un supuesto piedrazo, sino un operativo preparado y ejecutado por una fuerza represiva a cargo del gobierno.
Según el primer informe policial parcial, de los cruces de llamados entre gendarmes y sus jefes surgen montajes burdos e incluso cómo armaron la «línea de tiempo», o sea la versión oficial para encubrir los hechos. Y aún falta analizar más cruces, muestras de ADN y aclarar por qué al menos dos gendarmes recién volvieron a sus bases a las 5.30 de la mañana del 2 de agosto si el operativo terminó a las 18 horas del 1º…
Pero si la responsabilidad material de los hechos es de Gendarmería, la responsabilidad política por esa violenta represión institucional y por el posterior encubrimiento es de la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Ella, su jefe de gabinete Pablo Noceti y sus operadores Gonzalo Cané y Daniel Barberis deberían renunciar ya mismo, porque siempre actuaron para ocultar la verdad, demonizar a los mapuches, cuestionar a la familia y al propio Santiago, a los organismos de derechos humanos y a todos los que exigimos su aparición con vida.

Comisión por la Verdad y movilización

Apenas asumió, Lleral habló con la familia Maldonado: un gesto humano básico, que Otranto nunca tuvo. Pero ante la responsabilidad del Estado, con gestos no alcanza. Habrá que ver cómo actúa el nuevo juez, porque la fiscal sigue siendo la misma y, sobre todo, porque el gobierno y su aparato represivo seguirán presionando al servicio de la impunidad. Por eso la única garantía para investigar a fondo y lograr el juicio y castigo a todos los culpables es formar una Comisión por la Verdad, como la CONADEP1. O sea, una instancia democrática, plural e independiente del poder político, que junto a la familia de Santiago pueda investigar sin ningún condicionamiento. Sólo así habrá verdad y justicia.
Junto con eso es imprescindible mantener la movilización. Por eso el domingo 2 de octubre, a dos meses sin Santiago, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia movilizamos en unidad con la Mesa de Derechos Humanos y otros sectores a Plaza de Mayo y en todo el país.

Pablo Vasco

1 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, formada en 1983. Ante un sistema judicial muy condicionado, la comisión se integró con mayoría de personalidades independientes y tres diputados. Recorrió el país y recogió denuncias, testimonios, visitó centros clandestinos de detención, cárceles y morgues e investigó miles de casos de desapariciones forzadas. Su informe final, el famoso
Nunca Más, fue la base del juicio a las Juntas Militares y a otros numerosos genocidas de la dictadura.