El 15 de setiembre se dictó la sentencia de la megacausa Operativo Independencia, donde se juzgó a 17 genocidas por 271 víctimas. El Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, condenó a prisión perpetua a Roberto «El Tuerto» Albornoz, Luis De Cándido, Ricardo Sánchez, Miguel Moreno, Enrique del Pino y Jorge Lazarte. Manuel Vila, a 10 años de cárcel, Néstor Castelli, a 18 años, Jorge Capitán, a 16 años, y Pedro López, a 4 años . Están acusados de secuestros, torturas, violaciones sexuales y homicidios. Pero seguirán cumpliendo arresto domiciliario.
Pese al dolor y la indignación de los familiares y los militantes de derechos humanos, el MST y la izquierda que estuvimos bajo una helada lluvia para escuchar la sentencia, absolvieron a José Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis Figueroa, Alberto Svendsen, José Abba y Omar Parada.
El juicio fue producto de 42 años de lucha,duró 15 meses, con 455 testigos (muchos de ellos sobrevivientes del terrorismo de Estado).

Conclusiones de la sentencia

Sienta un precedente muy grave y una amnistía encubierta. «Isabel» Perón no fue imputada ni fue citada a declarar como testigo, ya que firmó el decreto el 5 de febrero de 1975, que ordenó al Ejército el «Operativo Independencia» para reprimir la oleada de luchas obreras y estudiantiles en Tucumán. Participaron alrededor de 6.000 militares y policías, e impusieron el método de la desaparición forzada, la tortura y muerte, el primer centro clandestino de detención en la Escuelita de Famaillá. Fue un ensayo cívico militar genocida que luego se generalizará con el golpe militar.
Además sólo se juzgó a 17, se condenó a 10 que ya estaban condenados y con arresto domiciliario y se absolvió a 7 que quedaron libres, con el peligro para las víctimas, con una especie de obediencia debida encubierta. Como dicen en un documento de organismos de derechos humanos de Tucumán: «Ningún tribunal del país … utilizó con anterioridad al denominado «error de prohibición» para absolver a imputados por estos graves crímenes puesto que ello implica entender que quienes allanaron ilegalmente moradas y detuvieron ilegalmente personas no sabían que sus conductas eran ilícitas, ya que siguieron las órdenes de sus superiores. Ello implica abrir la puerta nuevamente a la excusa de la obediencia debida….
También es grave la exclusión de la pena accesoria de degradación militar de Pedro Adolfo López, al considerar atenuante su participación posterior en la Guerra de Malvinas.»
Desde el MST repudiamos este fallo, que es parte de una política del gobierno de Macri de negar el genocidio, criminalizar la protesta de los mapuches para justificar la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Seguiremos impulsando toda acción unitaria que exija la cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas y sus responsables y cómplices civiles.