Con una notable puesta en escena, el ministro de salud Lemus lanzó por segunda vez la CUS. Detrás del humo publicitario, repartió los primeros 120.000 “carnets de pobre” de la CUS. Una prueba piloto del plan privatizador que tenemos que frenar con la lucha. 

Nada llama la atención a la hora de recolectar voluntades para las urnas. Con el innegable sello de Durán Barba, el gobierno presentó en sociedad la llamada «Cobertura Universal de Salud». En realidad se trata de la segunda función, ya que el decreto de Macri data de hace 14 meses y fue presentado en aquélla oportunidad con una postal inolvidable: gobierno y cúpula de la CGT, uno de los sectores beneficiados con este engendro antisanitario. Los coloridos anuncios realizados en Mendoza –médico de cabecera, historia clínica digitalizada, atención primaria- nada tienen que ver con el real contenido y objetivos de la CUS. Son versos de campaña y a la vez el barniz para un plan que, de prosperar, se lleva puesto el derecho a la salud de la población. Pretenden realizar una prueba piloto en Guaymallén para extenderla a otras localidades.

La letra chica de la CUS

Removiendo el barniz populista del decreto 908/16, asoma la verdadera cara de la CUS. Pretenden instituir una suerte de «obra social para pobres». Para ello se identificará (estigmatizará) a los pacientes sin obra social ni prepago entregándoles un carnet, sólo mediante el cual se podrán atender en los hospitales y centros de salud. Se conformará una Agencia Nacional de Evaluación Tecnológica (AGNET), cuyos cinco miembros serán nombrados a dedo por el Ejecutivo, quien determinará una Canasta Básica de Prestaciones. Es decir, el gobierno va a decir, cuántos estudios, cirugías y consultas podrá hacerse el paciente, y en qué condiciones, como hoy sucede en una obra social. Tendrá que pedir autorizaciones y lo que no esté contemplado en esa «canasta», deberá pagarlo o no lo tendrá. El hospital tendrá que facturar por cada prestación. En la Argentina de la crisis, una de las tres causas mayores de discriminación denunciadas al INADI es la de las obras sociales, que están quebradas, no te garantizan las prestaciones y encima te cobran un coseguro. Eso también va a ocurrir en los hospitales si se impone la CUS. Hoy, aunque desfinanciado y fragmentado por responsabilidad de los sucesivos gobiernos, el sistema de salud se sostiene desde rentas generales y el estado tiene que garantizar la atención. El sistema público garantiza más del 90% de las emergencias y forma más del 80% del recurso humano del equipo de salud. El derecho está vigente. Y los hospitales funcionan exclusivamente sobre las espaldas de sus trabajadores que además pelean para que el gobierno mantenga el presupuesto para infraestructura, insumos y recurso humano. Macri quiere invertir esta lógica.

Subsidiar la demanda, viejo anhelo del Banco Mundial

La CUS es parte del paquete de reformas estructurales (laboral, educativa, previsional, estatal) que integran la hoja de ruta del ajuste macrista. Inspirada en un viejo libreto del Banco Mundial (Documento Invertir en Salud del año 93) la reforma sanitaria es la herramienta mediante la cual Macri pretende retomar un viejo objetivo capitalista de liberar al estado del «gasto» en salud y transformar lo que hoy en un derecho con rango constitucional en una rama de servicios privados integrada al «Complejo Médico industrial». Quieren reducir al mínimo el presupuesto y forzar a cada establecimiento a buscar vías de financiamiento alternativas. En lugar de «presupuestar la oferta» es decir que estado financie y se ofrezca a la población todo lo que necesite sin límites, quieren «subsidiar la demanda», es decir que el hospital facture por cada paciente que se atienda…. con el límite de la «canasta» permitida. Un despojo del derecho a la salud. Si lo que «facturan» los establecimientos por el seguro de pobres y por las obras sociales no le alcanza, deberán buscar otras vías de financiamiento alternativas, como el arancelamiento directo y la privatización. Por supuesto que la mano de obra de médicos, enfermeros y demás trabajadores deberá abaratarse lo más posible, a tono con las pautas flexibilizadoras de la reforma laboral.
En los países donde se impuso como en Colombia, los hospitales funcionaron con esta lógica de empresa, sujetos a los vaivenes del mercado y muchos de ellos fueron a la quiebra. La gente se quedó realmente sin cobertura. Por eso indigna cuando Lemus asistido por el ministro de Modernización, nos quiere hacer creer que hay 15 millones de personas sin cobertura. Mienten. Hoy están «cubiertos» por el sistema público. Si se aplica la CUS, perderán ese derecho.

Derogar el decreto, aumentar el presupuesto

La salud, como la educación, es una de las «joyas de la abuela» que defendimos con la lucha de la ola privatizadora de la década menemista. Hoy vuelven a la carga y tenemos que impedir que consumen la entrega. Por supuesto, que la burocracia sindical, una vez más, no estará del lado de los trabajadores. La CUS es su negocio. Los 29.000 millones con los que el gobierno compra su complicidad para el ajuste, van de la mano de la implementación de la CUS. Eso sí. Van a aportar 8.000 millones para el programa. Menos de un kilo de pan por cabeza. La pelea por la anulación de este decreto, el aumento del presupuesto y la instalación de un sistema único de salud, está a la orden del día.

Guillermo Pacagnini

Fundación PAMI

El interventor del PAMI, Sergio Casinoti, firmó la resolución 956/17 creando la «Fundación PAMI-INSSJYP». Dice que el objetivo es administrar el Hospital Houssay de Mar del Plata. Luego serían los efectores propiAos -el Milstein y los policlínicos de Rosario- y el Hospital Español.
La fundación tendrá amplias atribuciones sobre las prestaciones que hasta ahora sólo tenía el INSSJyP, con carácter «indelegable».
Pero, ¿para qué sirve esta Fundación realmente? Permite la contratación de prestadores, servicios, insumos, etc. sin la injerencia de los controladores del Estado como la SIGEN o la AGN y sin la expresa necesidad de organizar licitaciones públicas, debido a que en los hechos tendría el carácter de un gerenciador privado.
El otro objetivo es sentar precedente para precarizar a los trabajadores: los empleados no tendrán el convenio que rige a los de PAMI sino el de FATSA lo que implica pérdida de derechos. Y abre la posibilidad de transformarlos en trabajadores de esta fundación.
El consejo de administración lo ocuparían los mismos que ocupan el directorio del PAMI, es decir que la fundación sería manejada y controlada por las mismas personas. Una vergüenza.
Y le otorga las mismas funciones que al PAMI, argumentando que las necesita para administrar un hospital cuando el PAMI ya lo viene haciendo tanto en el Hospital Español que administra desde hace un largo tiempo, como en los policlínicos de Rosario y el Milstein.
La única utilidad es dejarle las manos libres al interventor para no tener que dar explicaciones en que gasta la plata y sentar las bases para una precarización de los trabajadores. Una inédita privatización de prestaciones y servicios, combinada con más precarización laboral.
No es casual que la conformación de esta fundación coincide con el anuncio de crear la CUS. Tratarán de licuar la obligatoriedad de la obra social de brindar todas las prestaciones.
Se trata de un ataque muy duro a los jubilados y pensionados. Todos los sindicatos con ámbito en el Instituto deberían pronunciarse en su contra, haciéndose más imprescindible que los trabajadores junto a los jubilados y pensionados avancen en recuperar el manejo de la obra social, normalizándolo de una vez por todas y para siempre.

Jorge Núñez 
delegado de ATE-PAMI