El martes 7, el macrismo ordenaba aplicar el operativo Aprender. Pero, como denunció Vilma Ripoll (MST en Izquierda al Frente), “el ministro Finocchiaro, miente al insistir con una supuesta adhesión del 95% al operativo y sobre los reales objetivos de esta “evaluación”. Porque en Chaco, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y provincia de Buenos Aires hubo paros de importante adhesión. También se rechazó en gran parte de las escuelas de Capital y Rosario”.
En Mendoza hubo rechazo y clase pública, también en escuelas de provincias donde dieron pelea delegados de la oposición Multicolor a la Celeste de CTERA que dijo “oponerse”, pero no convocó a ninguna medida.
Ese día, en la Legislatura bonaerense, Ripoll presentó un proyecto de Ley de Evaluación Social de las Políticas Educativas que recoge lo presentado en 2014 en la legislatura porteña por Alejandro Bodart (MST). Como Sec. Gremial de la Federación Nacional Docente acompañé a Ripoll junto a directivos, congresales y delegados de SUTEBA como Diana Thom, Comisión Directiva de Quilmes, Marcelo Iommi de Avellaneda, Patricia Ríos, Marcelo Caro y Andrea Segovia de La Plata, representando a Alternativa Docente.
Sobre el proyecto (acceder en www.mst.org.ar), Vilma explicó: “Cualquier debate sobre calidad educativa debe promover la evaluación social que platea el Art. 1º del proyecto, donde la comunidad educativa evalúe la infraestructura escolar; el presupuesto y los subsidios al sector privado; comedores y becas; el personal y una evaluación docente acorde el Estatuto; capacitación en servicio; política salarial y condiciones de trabajo. Evaluar el currículo y la planificación; la matrícula estatal/privada; la promoción, repitencia, sobreedad. Y cuestiones como Educación Sexual Integral o Centros de Estudiantes (Art. 2º). Para eso planteo ‘una comisión de evaluación en cada institución educativa estatal’, con docentes, padres/madres y estudiantes, electos democráticamente (Art. 3º), que deberán elaborar dos informes al año (Art. 4º). Concretar también comisiones por Distrito y Área (Art. 6º) y Educación debe garantizar la publicación de los informes y convocar a audiencia pública dos veces al año (Art. 8º)”.
Frente a numerosos medios agregó, “según Finocchiaro, el Aprender 2016 habría mostrado que no buscarían afectar el salario ni la estabilidad docente, pero luego presentan su ‘Plan Maestr@’ que plantea cambiar la escala salarial, la estabilidad y carrera docente (Pág. 26 y 50). El problema no es evaluar sino qué se evalúa y a quiénes. Los docentes son evaluados conforme al Estatuto del Docente. Igual los alumnos. Pero el macrismo evalúa a estudiantes y pone el foco en los docentes, porque considera que allí está el problema. Propongo lo opuesto, una ley donde docentes, padres/madres y alumnos evalúen las políticas educativas y a los ministros. Además de un Congreso Pedagógico para que los cambios los decidan los docentes y la comunidad educativa, no los gobiernos, iglesias, empresarios y organismos internacionales”.

Francisco Torres