A pocos días del verano y las fiestas, los estatales revivimos el mismo pálido sentimiento de hace dos años… ¿Tendremos que brindar por seguir teniendo trabajo?

Desde que asumió Macri, los empleados del Estado nacional vivimos en estado de alerta. Recortes a áreas sociales, cierres de programas, desfinanciamiento, despidos, controles desproporcionados y no renovaciones de contratos, son las postales que venimos sufriendo a diario.Desde que asumió Macri, los empleados del Estado nacional vivimos en estado de alerta. Recortes a áreas sociales, cierres de programas, desfinanciamiento, despidos, controles desproporcionados y no renovaciones de contratos, son las postales que venimos sufriendo a diario.Esto no es nuevo y si pueden avanzar es, en gran medida,  por el rol cómplice de UPCN, la crisis de ATE y la precarización laboral heredada del gobierno anterior.

Una entrega con historia

Venimos sosteniendo que Macri es la versión recargada de lo peor de los ’90. Que intentará aplicar un brutal ajuste a los trabajadores y cumplir con los requerimientos de la banca internacional. Para eso cuenta con el guiño de la conducción sindical de UPCN (gremio mayoritario en el Estado). Los burócratas se preocupan más por cuidar su caja, que por las fuentes de trabajo.Las paritarias a la baja que firman  año tras año y las cuotas en las que se pagan, son historia conocida. Este año sumaron dos herramientas que hacen que l5% de los trabajadores puedan ser despedidos. Pagarte por ir a trabajar si estás enfermo, sumado a no poder faltar si estas enfermo.
El primero lo firmó UPCN, el segundo lo reglamentó el gobierno. Para los trabajadores no hay diferencia. Afín a su «reformismo permanente» y a dialogar «sector por sector», el macrismo logró que junto al aumento salarial de 2017, Andrés Rodríguez entregue la estabilidad laboral. Lo hizo con la firma de los premios por «presentismo» y «productividad», una verdadera estocada para los empleados. El predecesor, fue el Reglamento General de Control de Asistencia y Presentismo en la Administración Pública Nacional, elaborado por el Ministerio de Modernización.
Como denunciamos en su momento, el Reglamento de Asistencia, es la norma burocrática, mediante la cual el gobierno recorta derechos. A eso se suma, que todos los organismos que dependen del gobierno nacional, tienen hasta abril del 2018 para incorporar el sistema biométrico, como control de asistencia.
En organismos que se caen a pedazos, donde faltan insumos y reactivos, el Estado invertirá millones para controlar quién va a trabajar y quién no. De los pases a planta y de la estabilidad laboral, ninguna novedad.Encima crearon la figura del responsable de control de ausentismo (RCA), la persona a cargo de la coordinación del presentismo, que deberá informar diariamente a Recursos Humanos las salidas anticipadas, la demora en el ingreso o las salidas de la oficina por un motivo laboral. Quieren que los compañeros de oficina, sean los aliados de recursos humanos.

De dotaciones óptimas, precarización y otras yerbas

En la avanzada por aplicar la tercera reforma del Estado, el gobierno viene realizando, vía el Ministerio que dirige Ibarra, el análisis de dotaciones óptimas. Según dicho informe, realizado a espaldas de los trabajadores, sobrarían en el Estado casi 20.000 empleados.
El borrador del Ministerio de Modernización, que tiene fecha de septiembre, detalla que hasta ese momento se relevaron mil reparticiones públicas sobre un total de mil quinientas.  El «sobrante» de trabajadores para llegar a dotaciones óptimas fue estimado en una reducción del 15%. Esa reducción, sumada a la entrega del Ministerio de Agroindustria a la Sociedad Rural, la privatización de Vialidad Nacional, la venta de centrales energéticas, pronostica un presente de luchas por defender tanto los derechos adquiridos, como los puestos de trabajo.Si bien el gobierno ahora intenta maquillar la medida, diciendo que «el ejemplo empieza por casa», por lo cual el primer recorte sería a funcionarios políticos, muchos de ellos nombrados por la actual gestión, la reforma laboral afectará a todos los trabajadores del Estado nacional.

Pongámoslo en números:

• Para el gobierno hay unos 3.000 cargos políticos en toda la administración pública nacional.
• Buscarán eliminar entre 450 y 600 nombramientos políticos, muchos de ellos creados por la actual gestión.
• Entre 2003 y 2015 (el primer año del macrismo) se crearon: 6 nuevos ministerios, 25 organismos descentralizados, 20 nuevas universidades y 15 empresas estatales.
• Según el informe de dotaciones óptimas del Ministerio de Modernización, hay 129.606 empleados (de lo analizado hasta el momento).
• A 2016 el costo total del empleo público fue de $1.452.000 millones. Es decir el  18,3% del PBI de ese mismo año.
• Desde que asumió y sólo por mencionar algunos, el macrismo creó los siguientes puestos: Directora de Movilidad en Bicicleta. Sueldo bruto $71.147. Director Nacional de Internet. Sueldo bruto $80.000. Coordinador de la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización. Sueldo bruto $55.000

En un Estado que tiene más del 50% de sus trabajadores precarizados, con contratos que se renuevan anualmente. Donde la figura del monotributista volvió a aparecer fuertemente, junto con las pasantías y las becas. Donde el principal incumplidor serial es el gobierno que debería garantizar la estabilidad laboral, mediante el pase a planta permanente de todos los contratados y no seguir precarizando. En un país donde la deuda externa durante el 2016 representó el 54,2% del PBI, seguir apuntando los cañones contra los empleados estatales, sólo demuestra que el gobierno quiere cumplir al pie de la letra las indicaciones de los organismos internacionales y muy lejos está de «optimizar el Estado» como dice en sus discursos. Si el objetivo es tener un Estado eficiente, deberíamos discutir en función de qué intereses se realizan las investigaciones en los organismos nacionales. Si es a favor de quienes más lo necesitan o si se realizan como mano de obra barata de las multinacionales.

Unidad para frenar la reforma

Ante semejantes ataques se hace urgente la más amplia unidad en la acción, para demostrarles que si en el Estado tocan a uno, respondemos todos. Es hora de dejar atrás las peleas organismo por organismo o frente por frente, lo que hoy se hace necesario es discutir un plan de lucha unificado junto a las CTAs, a la CGT de Palazzo y a todos los sectores combativos. Aplicar la reforma en el Estado, es el punto de partida para avanzar en los sectores privados, tal como lo viene anunciado el gobierno. Desde Alternativa Estatal, en la Corriente Sindical del MST, estamos a disposición de impulsar grandes asambleas en cada lugar de trabajo, para que desde allí surja el llamamiento a un plenario de base que defina acciones a seguir hasta derrotar esta reforma en las calles. No depositamos ninguna confianza en las traidoras conducciones que han dejado que el plan del gobierno avance. Debemos ser los trabajadores organizados, quienes demos la pelea en la defensa de nuestros derechos.

Florencia Salgueiro