Santiago Maldonado murió ahogado a raíz de una represión ilegal de la Gendarmería; Rafael Nahuel, de un balazo calibre 9 mm en un operativo tipo cacería de la Prefectura. Ambos asesinatos se dan en el contexto de una escalada represiva del gobierno macrista. Hay que unir fuerzas para pararle la mano.

Siempre que un gobierno ataca o se dispone a atacar derechos económicos y sociales, en general también avanza en atacar libertades democráticas y derechos y garantías constitucionales. Es obio: si el gobierno aplica reformas antipopulares, seguramente en respuesta se van a desarrollar procesos de resistencia y movilización social. Entonces, de una forma u otra, el gobierno buscará acallar las protestas y luchas todo lo que pueda.
Para ese objetivo reaccionario, el oficialismo actual cuenta además con la mayor protección mediática que haya tenido gobierno alguno desde la vuelta de la democracia en 1983. Los grandes medios machacan y machacan todo el día, en un bombardeo ideológico de mentiras y manipulación a las órdenes del poder político.
Pero antes de reseñar las acciones autoritarias del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos, aclaremos cuáles son esos derechos y garantías que hoy vemos cuestionados. Se trata de derechos constitucionales como los de huelga, de reunión y manifestación, de peticionar a las autoridades, de la libertad de expresión y, lógicamente, del derecho elemental a la vida y demás derechos humanos consagrados por la Constitución nacional y los tratados internacionales de igual rango. También a garantías procesales como el derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la ley y varios otros.

¿Luz verde para matar?

Cuando semanas atrás la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón dijo esa brutalidad de que las fuerzas de seguridad “no deben probar nada”, la vicepresidenta Michetti la respaldó afirmando que los uniformados siempre merecen “el beneficio de la duda”. Son lisa y llanamente burradas.
En primer lugar, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero lo peor no es eso, sino esa casi explícita luz verde que Bullrich les otorga a las fuerzas represivas que ella misma comanda: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria e Investigaciones.
¿¡Cómo que no deben probar nada!? Todo ese aparato armado no sólo fue parte activa del genocidio de la dictadura militar, sino que desde que hay democracia está involucrado en miles de casos de represión social y de corrupción. ¿La Policía “no probar nada”, que coimea a cuatro manos, tortura en las comisarías y mata con el gatillo fácil? ¿La Gendarmería, que negocia con los narcos en las fronteras y sólo se dedica a la represión interna? ¿La Marina y demás fuerzas armadas, que mandan al mar a un submarino que no está en condiciones?
Es más: ninguno de los delitos económicamente organizados (narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, piratería del asfalto, desarmaderos) podría funcionar ni un minuto en este país sin la complicidad del aparato represivo, político y judicial.

Basta de atropellos y autoritarismo

Desde ya, el gobierno anterior también reprimió luchas sociales, procesó y espió a luchadores y opositores con el Proyecto X y hasta designó al genocida Milani al frente del Ejército. Pero el macrismo pretende avanzar mucho más, precisamente porque sólo con mano dura podría imponer su paquetazo de reformas antiobreras, antipopulares y antinacionales.
La indignante demonización de los mapuches por el gobierno y sus amigos es un buen ejemplo. Horas y horas de tevé y radio, ríos de tinta de los grandes diarios para cuestionar a la RAM, grupo cuya existencia nadie probó. Y en los hechos de Mascardi, la versión oficial fue de “enfrentamiento”. ¡Pero resulta que el juez interviniente no encontró ni un arma ni un casquillo y las pruebas de pólvora en las manos de los jóvenes mapuches dieron negativas! ¿Cómo que “no deben probar nada” las fuerzas de seguridad?
Al cierre de esta edición, martes 5, se conoció la orden del Procurador General nacional, Eduardo Casal, al secretario de Coordinación Institucional para “elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento y el terrorismo internacional” (!). ¿Cuál sería acaso ese “extremismo violento”, el que no deja rastros de pólvora? ¿Cuál sería ese “terrorismo internacional” sin nombre, el que quizás bombardeó el ARA San Juan? Es todo parte del mismo montaje para justificar la directiva gubernamental de reprimir como sea, como lo hicieron días atrás con los trabajadores del Hospital Castro Rendón en Neuquén o los desocupados en Mar del Plata.
Frente a este avance represivo del macrismo, toda organización política, sindical y social que se reclame al menos democrática no puede permanecer en silencio o al margen. Las libertades, derechos y garantías son imprescindibles como el pan: desde el CADHU y el MST en Izquierda al Frente ratificamos el compromiso de seguir la pelea por su defensa.

Pronunciamiento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia 30.000 razones para seguir resistiendo Jueves 7D – 37ª Marcha de la Resistencia

La ofensiva antidemocrática del gobierno nacional ha dado un salto muy peligroso. Si ante la desaparición forzada y el asesinato de Santiago Maldonado desató una campaña de mentiras, encubrimiento e impunidad de la Gendarmería, ante la brutal represión en Mascardi y el asesinato de Rafael Nahuel por la Prefectura la ministra Patricia Bullrich da carta blanca a todo accionar represivo: “No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”, declaró, avalada luego por el presidente Mauricio Macri.
En un país que sufrió el genocidio de la última dictadura militar, y que en democracia sufre represión a las luchas sociales, gatillo fácil policial, militarización de barriadas populares, presas y presos políticos, encarcelamiento de procesados sin condena y asesinatos de dos jóvenes por fuerzas de seguridad al mando de la propia Bullrich, semejantes declaraciones marcan un salto en calidad de la escalada represiva del gobierno y el Estado.
El gobierno hoy se ensaña en especial con los pueblos originarios, demonizando a los mapuches, reprimiendo a sus comunidades y amenazando con extraditar a Facundo Jones Huala, cuya libertad exigimos. De hecho, intenta someter al país y al pueblo a un virtual estado de excepción que avasalla las libertades democráticas y las garantías constitucionales.
Esta escalada autoritaria no es casual: el gobierno macrista reprime porque pretende imponer un brutal plan económico que implica más precarización y pérdida de conquistas laborales, más baja salarial, más ajuste y más entrega. A eso apuntan sus reformas en materia laboral, previsional, fiscal, de salud y de educación, todas ellas antiobreras, antipopulares y en beneficio de los Benetton, Lewis, Chevron y demás corporaciones.
Como parte de las luchas de nuestro pueblo para enfrentar las políticas del gobierno de Macri estamos hoy en la Plaza de Mayo, en esta 37ª Marcha de la Resistencia, levantando las siguientes banderas:

-Contra la escalada represiva y el ajuste del gobierno.
-Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
-Basta de persecusión a los pueblos originarios.
-Fuera Patricia Bullrich.
-Son 30.000 y fue genocidio.
-Aparición con vida de Jorge Julio López.
-Ni un genocida en libertad. No a las domiciliarias.
-Apertura de todos los archivos.
-Fuera la OMC.
-Solidaridad con el pueblo hondureño. Basta de represión.

Pablo Vasco,
CADHU-MST