A pesar de haber sido condenado en segunda instancia, el ex presidente lidera las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de octubre. La derecha brasileña busca proscribirlo.
El 24 de enero el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre condenó por 3 votos a 0 al ex presidente y actual candidato del PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Avalaron la condena que en primera instancia dictó el juez Sergio Moro -a cargo de la Operación Lava Jato- y aumentaron la condena inicial de 9 años y medio a 12 años y un mes. Lo hicieron pese a reconocer que no hay pruebas materiales que demuestren que el imputado sea dueño del departamento que habría recibido como parte de un soborno de la constructora OAS.
Frente a la ausencia de pruebas, prevaleció “la convicción nacida del conjunto de indicios” presentados, o sea, las “confesiones” de dos altos ejecutivos de la constructora OAS que denunciaron a Lula sin otra prueba que su palabra, y que se dieron en el ámbito de un acuerdo de colaboración con las investigaciones, a cambio de una significativa reducción de sus penas.
Un intento proscriptivo
La arbitrariedad de la condena responde a la intención política de la derecha brasileña, muy golpeada por el rechazo masivo a sus brutales medidas de ajuste, de proscribir la candidatura del líder petista. Acorde a la ley, al ser condenado en segunda instancia, Lula estaría inhabilitado para postularse, aunque quedan varias instancias de apelación.
El asunto se resolvería en el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde el PT deberá inscribir la candidatura de Lula entre el 20 de julio y el 15 de Agosto próximos, con vistas a las elecciones del 7 de octubre.
El problema que enfrenta la derecha es la profunda crisis política que atraviesa el régimen brasileño tras años de movilizaciones contra las políticas de ajuste que comenzó el propio PT y profundizó Temer, quién llegó a niveles de aprobación inferiores al 5%. Encima de esto, la Operación Lava Jato, que hace cuatro años ha involucrado a decenas de grandes empresarios y políticos de todos los principales partidos -incluyendo el PT y el PMDB de Temer- en una red de corrupción centrada en Petrobras, ha exacerbado la crisis de representatividad. Lula, que asumió una ubicación secundaria en el mandato de su ex ministra Dilma, aparece hoy como único referente que preserva algún nivel de confianza popular.
Una encuesta realizada por el Instituto Datafolha el martes 30 de enero, después de la condena a Lula en segunda instancia, indica que el ex presidente obtendría en la primera vuelta de las presidenciales entre un 34% y 37% de los votos. El diputado Jair Bolsonaro, un ex militar que se identifica con la ultraderecha, lo escolta con una intención de voto que oscila entre un 16% y 18%. Lula ganaría una segunda vuelta cómodamente, según la encuesta. Y si triunfara su proscripción, sería el abstencionismo el que ganaría la elección, con 32% de votos blancos o nulos, y ningún candidato superando el 20%.
El PT capitalista
Los gobiernos de Lula y Dilma traicionaron a la clase trabajadora que supuestamente representaban. Desde 2003 gobernaron acorde a las necesidades de los bancos, la oligarquía y las multinacionales. El plan de ajuste que aplica Temer lo comenzó Dilma, cuando Temer era su vice. Y varios de los jueces responsables por la destitución de Dilma y la condena de Lula fueron nombrados por el propio Lula. El PT sostuvo el sistema político que ahora se vuelve en su contra. Es que para la oligarquía capitalista, gobiernos como el de Lula fueron un mal necesario para contener el ascenso de masas de la década pasada. Una vez cumplido ese rol, buscan sacárselos de encima para retomar las riendas del poder directamente.
A pesar de todo, el PT sigue buscando ser aceptado como garante del orden capitalista. Después de la destitución de Dilma que encabezó Temer, el PT concretó alianzas electorales en muchos distritos con el partido del propio Temer. Trabajaron para desactivar las luchas contra el ajuste de Temer y Lula recientemente declaró que, de ser electo en octubre, no anularía las medidas de ajuste que aplicó Temer. Incluso ahora, contra las cuerdas, se cuida de no alentar la movilización siquiera en defensa propia. A todas luces, el PT es un partido asimilado al régimen burgués.
Sin lugar a duda las gestiones de Lula y Dilma estuvieron cruzadas por la corrupción que es endémica al sistema capitalista. Sin embargo, la actual cruzada de la derecha y su justicia adicta no buscan atacar la corrupción, sino proscribir la candidatura de Lula y arrebatarle a millones de brasileños el derecho democrático a votar a quien quieran.
Un sector de izquierda, con la derecha
Lamentablemente, un sector de la izquierda, representada por Izquierda Socialista (FIT) en Argentina, y su grupo en Brasil, la CST, ha adoptado una política sectaria y alineada con la derecha brasileña. Sostienen el fallo arbitrario y antidemocrático del tribunal de Porto Alegre, y defienden la proscripción de Lula por parte de la justicia burguesa. Así lo afirma su diputado Juan Carlos Giordano en su página web:
“Lula fue condenado por corrupción. Ante el debate sobre si hay que defenderlo o no, o si hay en curso un ‘golpe de la derecha’, Izquierda Socialista sostiene que Lula es parte de los gobiernos capitalistas que defienden intereses de arriba con corrupción. Lula traicionó a la izquierda y a los trabajadores. Por eso la verdadera izquierda no lo puede defender”.
Pero no se trata de defender ni apoyar a Lula, sino de defender los más básicos derechos democráticos. La proscripción de un candidato por parte de la justicia burguesa es un grave cercenamiento de esos derechos, por más capitalista que sea el candidato. No ubicarse junto al pueblo trabajador en defensa de sus derechos democráticos lleva a Izquierda Socialista a ubicarse junto a la derecha reaccionaria y a ver en la justicia burguesa antidemocrática el reflejo de la movilización popular: “Si los jueces están obligados a investigar es fruto del reclamo popular que viene de hace años para que los corruptos vayan presos”. Como si la justicia no utilizara el rechazo popular a la corrupción selectivamente para fines políticos.
Comisión de investigación independiente y alternativa de izquierda
Nosotros opinamos que todos los casos de corrupción deben ser investigados y perseguidos, pero no confiamos en lo más mínimo en la justicia burguesa. Una comisión de investigación independiente del Estado debería investigar la corrupción.
La izquierda brasileña agrupada en el PSOL tiene por delante la defensa de los derechos democráticos, para que Lula y cualquiera pueda ser candidato. Tiene por delante la lucha contra el plan de ajuste que va a continuar. Y tiene por delante el desafío de fortalecer su propia alternativa política, independiente y de izquierda, que ya debiera lanzar su campaña y sus candidatos contra los políticos del ajuste, tanto de la derecha como del PT.
Federico Moreno
