El apoyo incondicional de Macri y su ministra Bullrich al policía municipal Luis Chocobar, que fusiló por la espalda al joven Pablo Kukoc, reactivó la polémica. Junto a condenar una vez más el gatillo fácil y toda la ofensiva represiva macrista, aquí aportamos nuestras propuestas para combatir a fondo la inseguridad.
Repasemos los hechos. El 8 de diciembre, en La Boca, Pablo y otro joven atacan a un turista yanqui para robarle una cámara. Fue apuñalado, pero sobrevivió. Los jóvenes huyen. Algunos vecinos los paran para recuperar la cámara (según la madre de Pablo, uno de ellos era amigo de él). En eso aparece corriendo el policía Chocobar, de civil, a los tiros. Persigue a los jóvenes un par de cuadras, siempre disparando. Un balazo le rompe un fémur a Pablo y cae. Chocobar se acerca a pocos metros y le vuelve a disparar en la espalda. A los tres días, Pablo murió.
Sin duda, es un nuevo caso de gatillo fácil. Primero, Chocobar estaba de civil y no se identificó. Segundo, mintió al declarar que tiró en defensa propia: “Disparé porque se venía contra mí y tenía miedo”. Nunca Chocobar corrió riesgo por parte de Pablo, como bien lo dice el juez Enrique Velázquez que lo procesó: “De las imágenes captadas por el domo instalado en la esquina de Irala y Suárez se observa que al momento de recibir los disparos corría por esa última arteria, sin darse vuelta en ningún momento y se encontraba a varios metros de distancia del oficial”. Y tercero, el video es irrefutable: estando Pablo tirado en el suelo, herido y boca abajo, desde muy cerca Chocobar le dispara de nuevo, por encima de la cintura, para matarlo.
Licencia para matar
Ante el procesamiento a Chocobar, Macri y Bullrich enseguida salieron a bancarlo por su “valentía”. Además de ponerle abogados, como no pueden hablar de defensa propia lo reivindican por “cumplir su deber”. Bullrich agregó: “Hay un cambio de filosofía a favor de la policía que cuida a la gente”. Incluso propuso un “cambio de doctrina” y dijo: “Vamos a cambiar el Código Penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales”. Si a asesinar por la espalda le dicen valentía, cumplir el deber y cuidar a la gente, directamente le están dando licencia e impunidad a la policía para matar.
Y es así: con Macri, los asesinatos del Estado vienen en alza. En su informe de fin de año, la CORREPI contabilizó 725 víctimas de gatillo fácil y muertes en comisarías y cárceles durante los 721 días de gobierno macrista. Es más de una muerte por día, en general de jóvenes y pobres. Si durante el gobierno kirchnerista el promedio era una cada 28 horas, con el gobierno macrista la frecuencia subió a una cada menos de 24 horas.
El contexto del apoyo oficial a Chocobar es el endurecimiento represivo generalizado que vienen aplicando el gobierno macrista y también los gobernadores. Palos y gases contra las luchas sociales, cacerías policiales y detenciones arbitrarias en protestas populares, desaparición forzada y asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por fuerzas de seguridad, presas y presos políticos, militarización de barrios populares y hasta de establecimientos públicos como el Hospital Posadas, demonización de los mapuches y otros pueblos originarios, negacionismo del terrorismo de Estado y beneficio de prisión domiciliaria a genocidas de la dictadura, detención de opositores sin condena y atropello de garantías constitucionales, censura y blindaje mediático oficialista, presiones a la justicia y campaña contra el “garantismo”.
El objetivo de semejante combo antidemocrático es simple: el plan capitalista de despidos y ajuste no pasa sin represión. Pero aparte de que el gatillo fácil es un asesinato cometido por el aparato represivo del Estado, lo cierto es que para resolver la inseguridad la mano dura ya fracasó.
Las causas de la inseguridad
La principal causa de fondo de la inseguridad no es la pobreza, sino la desigualdad social y la exclusión. Y esto se agrava si desde el poder se transmiten ejemplos de corrupción e impunidad. Es decir, las conductas delictivas en una sociedad aumentan cuando unos pocos -incluidos los gobernantes- se enriquecen a manos llenas, coimean e incluso roban sin mayores consecuencias, mientras la mayoría popular se empobrece y dejan a miles de jóvenes sin perspectivas de futuro y los empujan a la marginalidad.
En nuestro país ya hay más de un millón de “ni-ni”, pibas y pibes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan y donde el delito recluta mano de obra barata. Por otra parte, en los actuales institutos de menores y el sistema carcelario de adultos la mayoría está detenida sin sentencia firme, en condiciones inhumanas y el sistema penitenciario también es parte de la corrupción.
Por eso el punitivismo (endurecimiento de penas tipo “leyes Blumberg”), la baja de la edad de imputabilidad y la persecución policial contra los jóvenes no han reducido ni reducirán ni un milímetro los índices de delito. No es que por poner penas más duras ni meter más bala que los chorros van a dejar de robar. Y a su vez están los delitos de “guante blanco” y los grandes delitos económicamente organizados (narcotráfico, tráfico de armas, trata y explotación sexual, piratería del asfalto), que sólo pueden funcionar gracias al amparo policial, judicial y político.
Insistimos: detrás de cada pibe marginal que afana un auto, siempre hay algún comisario, juez y/o puntero que protegen el desarmadero. Y lo mismo detrás de las “cocinas” narco o las redes de trata. Por eso, para disminuir de verdad la inseguridad pública, hay que tomar medidas efectivas para achicar la desigualdad y la marginalidad, a la vez que desmontar todo el andamiaje policial e institucional de violencia, connivencia y protección al delito.
Nuestras propuestas
En lo económico. Aplicar un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil con becas y empleo. Prohibir por ley los despidos, suspensiones y contratos basura, y parar el recorte de los planes sociales. A mediano plazo, reducir la brecha social y generar trabajo y salarios dignos mediante un plan económico obrero y popular financiado, entre otras medidas, en base a fuertes impuestos a las corporaciones y grandes fortunas y a la suspensión de los pagos de la deuda externa.
En lo judicial. Para democratizar el sistema judicial y hacerlo independiente del poder de turno, hay que elegir a los jueces y fiscales por voto popular, sin privilegios, con mandatos limitados y revocables en caso de incumplimiento. También implementar en todo el fuero penal los juicios por jurados populares, con vecinas y vecinos sorteados del padrón electoral. Declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (que no venzan). Derogar toda la legislación represiva.
En lo policial. Fuera Bullrich. Depurar las policías y fuerzas de seguridad de todo implicado en hechos de represión o corrupción. Elegir los comisarios por voto popular, para que deban rendir cuentas a los vecinos y no al gobierno. Control de las comisarías por organismos de derechos humanos. Autoorganización en los barrios para coordinar rondas y otras formas de vigilancia. Derecho a la sindicalización de los agentes, para poder canalizar sus reclamos y denunciar a los jefes corruptos sin temor a represalias.
Sólo con estas medidas es posible combatir realmente la inseguridad que hoy padecemos.
Pablo Vasco, CADHU-MST
