Los trabajadores de la línea 620, desbordando a la conducción traidora de la UTA, están movilizados junto a los vecinos de la Matanza exigiendo respuestas. El gobierno y los empresarios tienen que invertir ya en las medidas de emergencia que reclaman los trabajadores: colocar de inmediato cámaras, cabinas de seguridad y aparatos de comunicación inmediata de avisos de peligro. Las patronales y el gobierno provincial deben hacerse cargo de inmediato de esta inversión. Pero para erradicar la inseguridad hacen falta medidas de fondo. En primer lugar. es necesario realizar un shock de inclusión, con programas y becas de trabajo y estudio, no planes sociales miserables, para un millón de jóvenes «ni, ni» (que no trabajan, ni estudian). En segundo lugar hay que terminar con el trípode que sostiene la delincuencia: la policía, los funcionarios e intendentes corruptos y la justicia cómplice, que son los que permiten que hayan zonas liberadas y protección a los grandes delincuentes con los que tienen negocios.
Para desmantelar esta mafia hay que separar de la fuerza y de la justicia a todos los funcionarios heredados de la dictadura, comprometidos en acciones represivas contra la protesta social o del «gatillo fácil» o sospechados de actos de corrupción.
Al comisario y al juez, los tiene que elegir la gente y los tiene que poder revocar en sus mandatos si no cumplen. Deben ejercer por períodos limitados de tiempo. Todos los funcionarios políticos deberían ganar como una directora de escuela de doble jornada y tener la obligación de utilizar con su familia el hospital y la escuela pública, mientras sean funcionarios del Estado.
Los vecinos tienen que participar en comisiones que controlen la seguridad del barrio con amplios poderes para determinar las políticas a aplicar, controlar el accionar policial y acceso a participar de las tareas de seguridad. La Justicia debería generalizar el sistema de juicios por jurado para terminar con los «fallos» arreglados del juez de turno.
Los policías y todo el personal asignado a tareas de seguridad, tienen que tener prohibido por ley reprimir protestas sociales y como cualquier trabajador tener derecho a sindicalizarse, pelear por su salario y condiciones laborales, pudiendo de esta manera tener el respaldo social necesario para controlar y denunciar a sus superiores si delinquen, sin temor a perder su trabajo o sufrir represalias.
Solo democratizando y con control popular, se pondrá un límite a la estructura vertical con que se sostienen las cúpulas corruptas de estas instituciones, que son la base sobre la que se alimenta el delito.